La aprobación del pliego de condiciones de Carlos Bertorello terminó con una historia de desencuentros entre el gobierno y la oposición en torno a la designación del Fiscal de Estado. Solamente con considerar que el flamante funcionario va a asumir, con todas las de la ley, trece meses después de la jura de Lucía Corpacci, ya estamos hablando de un proceso por lo menos controvertido, especialmente si tenemos en cuenta que la gobernadora quería arrancar su mandato con los principales cargos cubiertos. Pero no. El radicalismo, con sus argumentos, impidió que ello sucediera y hay que aceptar que le hizo pagar un costo enorme al nuevo gobierno. El hombre inicialmente elegido para ese cargo era el abogado Marcos Denett -hoy en Energía Catamarca-, un profesional de trayectoria límpida y conocedor del puesto por haber trabajado muchos años en la Fiscalía de Estado. Alertado los senadores radicales, que son mayoría en la Cámara que otorga los acuerdos, que se trataba de alguien dispuesto a escarbar hasta las últimas consecuencias la gestión anterior, expusieron argumentos no convincentes y aceptaron impugnaciones rayanas con el ridículo. Además, dilataron el tratamiento hasta el cierre del plazo para hacerlo y con ello lograron otro objetivo, cual era que el gobierno se empecinara en imponer su voluntad de sentar a Denett como Fiscal de Estado. Lo hizo a través de un decreto que tuvo un valor relativo y mantuvo al funcionario en el aire y a merced de la Corte de Justicia de Catamarca que, según todos lo afirman, iba a fallar a favor de la UCR en el conflicto de poderes que plantearon los senadores. Frente a una derrota segura, la gobernadora retrocedió y propuso a quien era uno de sus asesores como nuevo candidato a Fiscal.

******
En este segundo intento, como en el caso de Denett, el radicalismo no tenía argumentos para rechazar el pliego. De haberlo hecho, hubiera sido una maniobra demasiado evidente de “poner palos en la rueda” y, seguramente, se habría transformado en una virtual declaración de guerra. Lo mismo hizo algunas cosas para aportar confusión y algún desasosiego. Una de ellas fue difundir por canales extraoficiales que el envío del pliego de Bertorello adolecía de un requisito ineludible, la designación como Fiscal de Estado en comisión, lo que fue publicado con titulares premonitorios en el sensacionalista e influyente diario El Ancasti. La verdad, como se explicó en estos “Apuntes del Secretario”, fue que el gobierno no quería correr el riesgo que los senadores prorrogarán su tratamiento hasta mayo, cuando comienzan las sesiones ordinarias, y dejaran con “las manos atadas” a un Bertorello en comisión. Hasta el propio candidato reconoció, en privado, que primero quería la aprobación y recién entonces jurar como Fiscal de Estado. Este tema fue “un pequeño triunfo” del gobierno y ahora, para tres de los cuatro años de mandato de Lucía Corpacci, habrá fiscal de Estado ajustado a la ley.

******
Por algo será que se discutió tanto por este cargo. El fiscal de Estado es, nada más y nada menos, que el responsable de custodiar el patrimonio del Estado y de encausar a quienes pudieren haber perjudicado al erario. Bertorello, un profesional con experiencia y méritos propios como abogado, tendrá que revisar todo lo actuado por Denett y coordinar con la Justicia los mecanismos de resarcimiento. Se trata de una tarea delicada y que corresponde se haga con la mayor seriedad, sin tolerar los excesos y, como sí se hicieron en otras épocas, sin ejecutar actos de persecución. En síntesis, delicada tarea la de Bertorello que ha sido puesto para combatir los actos de corrupción del pasado y del propio gobierno que lo nombró. Hacerlo correctamente será su gran triunfo y, posiblemente, su ascenso en la carrera política. Dejar pasar las cosas, por el contrario, puede convertirse en su lápida.

******
Lo venimos anunciando desde hace largos meses. Mientras los dirigentes radicales hablan del Frente Cívico, en la realidad esta alianza no existe como la herramienta electoral que funcionó en el período 1991-2011. Ninguno del ramillete de partidos que, cada dos años, se anotaba en la Justicia Electoral ha dicho “seguimos a la par de los radicales”. Ni siquiera el Movimiento Popular Catamarqueño (MPC) o Movilización, dos de los socios del arranque “frentista”, están contestes con el acuerdo Castillo-Brizuela del Moral. Y es seguro que a la hora de renovar una eventual sociedad habrán de exigir una porción de la torna que, tal vez, el partido que conduce “Coco” Quintar no esté en condiciones de satisfacer.

******
Por lo pronto, ya se sabe oficialmente que dos partidos nacionales que integraban la alianza quieren parte (el quince por ciento) de los cargos que, para la aprobación de algunas leyes que están siendo tratadas en extraordinarias, los radicales negociaron con el gobierno provincial. Se trata del Partido Popular (PP) y el Celeste y Blanco, que son orientados por Víctor Leguizamón y José Elías “Chichi” Jalil. Los muchachos no tienen dudas de lo que van a hacer: si los cargos negociados o por negociar no se reparten, ellos intentarían quedarse con la sigla Frente Cívico y Social que les pertenece tanto o más que los propios radicales. Aquí no se trata de más o menos afiliados, sino de la cantidad de partidos políticos. Ojo con lo que estamos diciendo. No vaya a ser cosa que el Frente Cívico termine siendo, en las próximas elecciones, un rival más de la UCR. Por lo pronto la dupla Leguizamón-Jalil ha avisado, aparte de respaldar a muerte las posturas del diputado Alfredo Gómez contra de las de Jorge “Yayo” Agüero.

******
De las reuniones llevadas a cabo en Andalgalá, con relación al tema seguridad, no trascendieron detalles. Sí se sabe que se tomó nota de una marcha de los vecinos y en torno a eso giró el encuentro del subsecretario de Seguridad -Juan Pablo Morales- y el jefe de Policía -José Palomeque- con los cuadros policiales del departamento y la fiscal Martha Nieva. Aparte de los anuncios de aportar un móvil policial, motos, bicicletas, chalecos antibalas y 10 efectivos más, para llegar a un mínimo de 20 por cada turno, los funcionarios le comunicarán primero a la gobernadora y al ministro Gordillo de la delicada situación que dan cuenta los vecinos. En la “Perla” se considera que la Justicia es totalmente permisiva, que quienes cometen delitos entran por una puerta y salen por otra y que en el control de detenciones apenas figuran dos casos en todo 2012, ambos por pelea y una de las cuales tuvo lugar en Pomán. También hubo pase de facturas por la tensa relación intendencia-Casa de Gobierno y Morales consideró que, al desconocer un convenio de mutua colaboración, la de Alejandro Páez es una gestión ausente de la problemática que preocupa a los andalgalenses. “No tengo contacto con el intendente. Se intentó conversar, pero no hay interés en dialogar de parte del jefe comunal”, dijo Morales. El tema infaltable de las reuniones, aunque nadie lo haya dicho, fue el referido a la droga.

******
RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes del domingo con recuerdos que pueden interesar a quienes consumen política. El 14 de enero de 1988, los principales diarios del país titularon con lo que era la gran noticia de la época: “Aldo Rico, prófugo”. El exteniente coronel, que alguna vez -en 1973- fue destinado al ex Regimiento de Infantería 17 de Catamarca, se había acantonado en la localidad de Bella Vista anunciando que no iba aceptar una orden de detención del presidente Alfonsín o del jefe del Ejército. Esto motivó que el Arma lo declarara en rebeldía y ordenara su captura. El país se mantenía en vilo ya que varios regimientos esperaban “novedades” para tomar sus propias decisiones. En Catamarca la actividad en el R17 era normal, al mismo tiempo que el ministro de Justicia de la Nación, Horacio Jaunarena, firmaba el decreto de baja del jefe “carapintada”. Dos días después, Rico anuncia que está alojado y perfectamente pertrechado en el Regimiento 4 de Monte Caseros (Corrientes), desde donde pensaba resistir. El jefe del Ejército, general José Dante Caridi, le anuncia que va a avanzar hacia la unidad militar correntina y al hacerlo, el 18 de enero, el sublevado anuncia su rendición. El hecho se festeja en todo el país y también en Catamarca, donde las fuerzas democráticas, los miembros del gabinete de Vicente Saadi y los integrantes de lo que era entonces el consejo asesor repudian a quien años después iba a ser intendente de San Miguel y, posteriormente, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires avalado por Eduardo Duhalde.