La última nota editorial del diario El Ancasti se refiere a las conexiones ilegales de agua y energía eléctrica, que existen y seguirán existiendo dentro de una red de distribución que, aparte de obsoleta y totalmente deteriorada, es cara y riesgosa para la vida humana. De hecho, ya hubo muertes y contratiempos entre quienes, por picardía o necesidad, resolvieron colgarse de los transportes eléctricos. El tema es que el diario anuncia como reciente un plan de regularización que, en realidad, se inició en abril de 2012, el mismo día que la gobernadora puso en marcha la empresa EC SAPEM y pidió que, en un tiempo prudencial, no hubiera más “colgados” en la provincia. De esa forma se hizo un gran trabajo en el interior y barrios como Montecristo, La Esperanza o Mi Jardín, reductos donde más de mil familias han ingresado al circuito legal.

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También hay que aclarar que la gran mayoría de los vecinos, por pobres que sean, prefiere mil veces “descolgarse” y acceder al servicio por vías seguras antes que vivir en la zozobra permanente. El Estado hasta ahora hizo mucho en la materia y la nueva conducción parece orientada, claramente, a cumplir con los anhelos de la primer mandataria, aunque hay que aclarar que cada conexión cuesta dinero, un insumo que precisamente no abunda en el organismo de la avenida Ocampo.

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La omisión de El Ancasti sobre el trabajo real que se desarrolló hasta ahora en la empresa de energía, que parece responder a alguna discriminación informativa, ignora asimismo el estado terminal en que se recibió el servicio. Recordemos que en diciembre de 2011, cuando se produjo el cambio de gobierno, si no hubiese sido por los generadores que proveyó la ENARSA, la población hubiera sufrido un verano mucho peor que el actual. Es que faltaba más o menos un tercio de capacidad para atender la demanda existente. Y en esto también hay muchos responsables con nombre y apellido, desde Taselli hasta Brizuela del Moral, sin excluir a la propia prensa de Catamarca.