¿Por qué no se aplica la tarifa social entre los usuarios del servicio de energía? ¿No disminuiría, en tal caso, el número de ciudadanos que se cuelga de las redes? Las dos preguntas deberían ser respondidas por el ministro, Luis Romero, a quien le tocó recibir la brasa caliente de los servicios públicos y sabe, además, que fue uno de los pedidos excluyentes de la gobernadora al poner en marcha la EC SAPEM. Si bien es cierto que en 2012 se hizo mucho en este sentido (hay barrios completos que han quedado regularizados), no lo es menos que se estaría desperdiciando una hermosa oportunidad de agilizar el trabajo y darle respiro a la empresa de avenida Ocampo, sumida hoy en complejos problemas financieros por los costos del servicio.

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Sobre este tema conviene aclarar que la tarifa social se paga desde la Nación a través de subsidios los que, como se sabe, son cuantiosos en materia de energía. En los tiempos de la EDECAT, o cuando el Estado intervino a aquella deplorable empresa, el Frente Cívico anunció una y mil veces que se daba a la tarea de confeccionar el padrón de los necesitados del subsidio. Algo se hizo y conforme existen algunos datos, la tarea habría llegado a los 4.000 registrados. La cifra, teniendo en cuenta los niveles de pobreza e indigencia con los que se entregó el gobierno, nos parece exigua, por lo que sería muy conveniente revisar el tema y confeccionar un nuevo padrón.

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Con la tarifa social y las obras que el gobierno espera inaugurar en los próximos tiempos -en la jornada del miércoles la gobernadora estuvo observando in situ los trabajos, especialmente los del tendido San Martín-Divisadero-, la situación energética puede dar un salto cualitativo de gran importancia, sensiblemente superior a lo que le tocó recibir en 2011 cuando Catamarca vivía en tinieblas y la energía no alcanzaba ni para bombear los pozos que suministran el agua potable. Todo ello, sumado al juicio contra el Estado que iniciaron los Taselli.