Buenos Aires, el vasto y superpoblado territorio que gobierna Daniel Scioli es, por variadas razones, el centro de mayor atracción política de Argentina. Es que allí se juega, en alguna medida, el futuro del país.
Aquella provincia tiene 16 millones de habitantes y es la que hace el mayor aporte al PBI. Es, además, la de más consumo. Los registros de IVA son superlativos, unas casi 50 veces lo que recaudan Catamarca o La Rioja por el mismo rubro. Sobre su incidencia electoral no hay más que hablar. El 40% del padrón le pertenece y todo encuestador, del primero al último, sostiene que una elección se libra en todas las regiones del país pero, indefectiblemente, se define en Buenos Aires.
A pesar de su potencial, paradójicamente es “la reina del Plata” la que sufre hoy en día las mayores penurias. Solamente para mantener los servicios públicos, Buenos Aires funciona como “un país aparte”, pero lo que recauda no vuelve a las arcas provinciales, sino que va al pozo general de los impuestos que se reparte entre las 24 provincias. Y por allí hay que rastrear “a la madre del cordero”.
Para ser más claros. Buenos Aires recibe por coparticipación federal menos de lo que produce, mientras hay provincias que tienen una ecuación exactamente a la inversa: reciben más de lo que producen. Es el caso de Catamarca.

“No hay peor astilla que la del mismo palo”

Para comprender hoy la situación política del país, a partir de su economía y de la ley que distribuye los dineros entre las distintas jurisdicciones, hay que remontarse a 1987. Era presidente Raúl Alfonsín, que tuvo un mandato -aparte de incompleto- plagado de turbulencias. No sólo recibió las acechanzas del poder militar en retirada, sino de una oposición peronista que nunca le perdonó que la batiera en las urnas y le quitara el invicto que mantenía desde los tiempos del General.
Con esos condimentos se discutió el reparto de los impuestos, que se plasmó en una ley llamada de Coparticipación Federal.
Alfonsín no tenía fuerza en la Cámara de Senadores y debió ceder en variadas contingencias, inclusive contra la propia provincia de Buenos Aires, la tierra que lo vio nacer y que era gobernada por un correligionario suyo (Armendáriz).
Y lo que cedió el radicalismo lo capitalizó el peronismo. Provincias como Catamarca, orientadas por un hombre fuerte de la época -Vicente Saadi-, se quedaron con algunos puntitos de más en el reparto de la Coparticipación Federal.
Casi 26 años después, mientras la economía argentina sufre los embates de la crisis mundial, Buenos Aires está dispuesto a recuperar lo que perdió en la década del ‘80. Ya no se conforma con nada, ni con el llamado fondo del conurbano que, como compensación, le cedió Menem en la década del ‘90.

Scioli y Fellner

Durante la semana que acaba de terminar surgieron voces de alarma. Fue una mezcla de intereses políticos y económicos.
El jefe de Ministros del gobernador bonaerense Daniel Scioli ha dicho “somos una provincia perjudicada” y agregó “la Argentina se debe este debate (el de la coparticipación), que es complejo”.
Después de las palabras fue a los hechos. Le remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, en la que le solicita una reunión para hablar de dos temas que considera trascendentales: la rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal y la eliminación del tope de 650 millones que se destinan para el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. Le pide “un diálogo franco y necesario”, aunque nadie duda que el tema pueda llegar a discutirse en la propia Justicia.
La pulseada siguió con Eduardo Fellner, el gobernador de Jujuy, una provincia parecida a la nuestra aunque recibe un punto menos -vale millones- de coparticipación. También le escribió a Domínguez y le pidió una audiencia para analizar “sin individualismos” el esquema de coparticipación. Para el gobernador jujeño “todo diálogo vinculado a los temas de la Coparticipación Federal, como de afectación de fondos nacionales de financiamiento o asignación específica a alguna jurisdicción o distrito, será positivo y aportará”.
Ambas misivas son, que nadie lo dude, claras señales económicas y políticas. Buenos Aires quiere que se repartan de nuevo las cartas porque fue la gran perjudicada en la partida del ‘87. Jujuy también busca lo suyo.
Desde el costado político, a nadie escapa que los pedidos de revisión de la ley surgieron en paralelo con una medida del gobierno nacional que está haciendo demasiado ruido. Se trata del mecanismo por el cual los municipios podrían solicitar ayuda financiera sin la mediación de las autoridades provinciales, una herramienta que estaría orientada a restar poder territorial a los gobernadores.
Los entendidos dicen que el tiro va dirigido a los gobernadores Scioli y Daniel Peralta (Santa Cruz). El primero empeñado en la carrera presidencial de 2015 y el segundo enfrentado “a muerte” con la Casa Rosada.
Algo quiso decir Gabriel Mariotto, el “cristinista vicegobernador de Scioli”, cuando señaló “no está mal argumentar” en el histórico debate sobre el reparto de los ingresos federales, pero aclaró que él prefiere “argumentar desde el pertenecer a una nación y no desde el pertenecer a una provincia”. También, en esa línea, habló en C5N de tener en cuenta el concepto de “coparticipación estructural” y destacó que “los gobiernos de las provincias se ven beneficiados con acciones de obras de infraestructura, planes sociales y jubilaciones” que desarrolla el Estado nacional.
Como quiera que sea, por razones obvias, estos temas no son ajenos a Catamarca. Si hace muy poco no le renovaron la Promoción Industrial no fue por capricho o por falta de gestión. Fue porque, a raíz de la crisis y alguna desaceleración de la economía, ningún Estado va a subsidiar a otro y eso era, concretamente, el régimen que duró casi cuarenta años.

El año electoral

En días más se acaban las vacaciones y todo, desde febrero hasta octubre, será electoralismo.
El gobierno nacional, al que adhiere fervorosamente la Catamarca de Lucía Corpacci, se juega demasiado en las próximas elecciones. Por empezar, pone a consideración de los votantes el modelo económico que inició en 2003, pero también apuesta la posibilidad de conseguir los votos legislativos necesarios como para pretender una reforma de la Constitución, sea ésta con o sin reelección por más de dos períodos del presidente de la Nación.
La oposición política y los más poderosos medios de comunicación de la Argentina pugnarán por impedir que Cristina Fernández de Kirchner, la figura excluyente y mejor posicionada del llamado kirchnerismo, pueda tener chances de continuidad.
Está claro, por otro lado, que el resultado electoral develará la gran mayoría de los interrogantes que se plantean en la actualidad.
Si Cristina, que ayer reapareció ante las pantallas realizando anuncios que incluyeron a Catamarca, gana muy bien o por los menos consigue del 38 al 40% de los votos, tendrá chances en el tramo 2013-2015 de afianzar su gobierno, despedirse con fortalezas y hasta albergar chances de una reforma que la habilite para un tercer período, algo virtualmente imposible al día de hoy.
Si la suerte le es esquiva a la presidenta en las elecciones de octubre, en un nivel parecido a lo que ocurrió en 2009 -el peor momento del kirchnerismo-, el escenario político sería completamente distinto y la última parte de su gobierno podría convertirse en un tembladeral.
En ambos casos, por encima de la política, al lado de la política o por debajo de la política, la economía seguirá funcionando como termómetro ciudadano.
A comienzos de 2013 no es casual que la presidenta inicie su discurso poniendo énfasis en los descalabros que ocurren en Europa, donde países como nuestra Madre Patria tienen desocupación récord y un futuro ensombrecido por las dudas.
En el mismo nivel hay que colocar los reclamos del gobernador Scioli o el pedido del mandatario de Jujuy. Tarde o temprano habrá de cumplirse lo que colocó como exigencia la reforma constitucional de 1994, que parió el Pacto de Olivos con el acuerdo Menem-Alfonsín. Esto es, dictar una nueva ley de coparticipación federal, para la que las autoridades catamarqueñas -gobierno y oposición- deben estar convenientemente preparadas.
Aunque no era ningún secreto, ya nos anularon la Promoción Industrial. Ahora ha comenzado a oscilar peligrosamente la posibilidad de un recorte de la coparticipación. El solo hecho de que la provincia disponga de regalías mineras puede ser un buen pretexto para que ello ocurra.
A tiempo que se largó el año electoral, la economía nacional está rechinando de forma tal que altera los nervios y afecta la audición. Se impone entonces aceitar los mecanismos defensivos en medio del maremágnum político que se avecina.