Los trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda amenazan con iniciar una medida de fuerza en reclamo de la aprobación de un escalafón propio, requerimiento que viene de larga data y que reactivaron en los últimos meses. Según argumentan, el ordenamiento actual, que se basa en categorías comunes a otras oficinas, no contempla las particularidades de esa dependencia, lo que complica cuestiones como las promociones, ascensos y, por ende, la posibilidad de obtener mayores ingresos. Más allá de que el pedido provenga de uno de los organismos del Estado provincial que tiene mejores sueldos, gracias a los adicionales por “fondo estímulo”, el sector gremial interno hizo notar que el pedido es común a otras áreas, e inclusive es ítem prioritario de tratamiento en la Mesa que se está formando con la participación de varios sindicatos estatales.

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El tema de la regulación del recurso humano dentro de la Administración Pública es algo que las sucesivas gestiones han tratado de modernizar, pero que nunca terminaron de concretar. El viejo escalafón general, que estipula categorías que van desde la 10 a la 24, y que continúa vigente implica, en la práctica, casi nula movilidad para los agentes. Normalmente, quien tiene solamente la preparación secundaria ingresa con categoría 12; quien posee un título terciario lo hace en la categoría 16 y hasta la 19; y quien terminó la universidad, queda ubicado en la categoría 21. De ahí en más, es muy difícil que alguien se mueva. Por supuesto, esto genera que no haya incentivos para capacitarse y mejorar en el trabajo, porque la situación no varía año a año. Sólo se gana en antigüedad.

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Como en otros ámbitos, quedará para el gobierno de Lucía Corpacci encarar una profunda reforma que establezca ordenamientos más actualizados, específicos por áreas, lo que podría complementarse con la revisión del esquema de adicionales.