Aunque resulte burdo y repetitivo decir que jueces y funcionarios judiciales, a diferencia de sus análogos del Ejecutivo y el Legislativo, no se eligen por el voto popular, en las próximas elecciones el resultado tendrá que ver -indirectamente- con la actual conformación del aparato judicial.
En las urnas no ingresarán boletas con los nombres de los capitostes tribunalicios, pero el escrutinio, invariablemente, tendrá lectura asociada a la Justicia.
El tema es sencillo. La Justicia está integrada, en un 100%, por personas, dirigentes o exfuncionarios del Frente Cívico que, en los hechos, vía Castillo o Brizuela del Moral, entre otros, es el verdadero conductor de un poder del Estado que, más que equilibrar, desequilibra los platillos de la balanza, el símbolo del no compromiso judicial con partidos políticos, grupos económicos, credos religiosos o posicionamientos sociales.

Los números del Senado

Los resultados del 27 determinarán, finalmente, quiénes serán los diputados nacionales. Existe una probabilidad bastante alta que el reparto sea 1-1-1, tal como ocurriera en 2005 cuando fueron electos Eduardo Pastoriza (FPV), Genaro Collantes (FCyS) y José Luis Barrionuevo (PJ), en ese orden.
Una vez más, en esta ocasión, el tercero sería Barrionuevo. Lo dicen encuestas secretas que nadie hace públicas. Lo haría detrás de Tomassi o Brizuela, quienes disputarían el primero y segundo puesto. La otra posibilidad es el 2-1, en cuyo caso el ganador (FPV o FCyS) se llevaría dos representantes, si es que consigue duplicar la cosecha “barrionuevista”, algo improbable a 8 días del comicio.
De los guarismos nacionales, como se trata de una boleta única, dependerá en buena medida la disposición de Diputados y concejos deliberantes, incluido el de la estratégica Capital.
Con menor importancia que los números generales, también se juegan el 27 dos intendencias, la pomanense de Mutquín y la santarroseña de Los Altos, ambas con ricos condimentos partidarios.
Por afuera de estas categorías y, totalmente relacionado con la Justicia, se deben nominar 8 senadores pertenecientes a otros tantos departamentos: Antofagasta, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín, Santa María y Tinogasta.
Si el Frente para la Victoria triunfa en 3 de ellos, establecerá un empate aritmético en la Cámara Alta. Quedarían 8 a 8. Si consigue 4 o más victorias, por primera vez en 23 años, pasará a dominar el estamento legislativo que otorga acuerdo a jueces y funcionarios judiciales.
Allí está el atractivo de la elección de los 8 senadores que, a esta altura, parece tener más importancia que la de los demás cargos. Los antecedentes que dejaron las PASO alientan esperanzas de cambio. Es que el FPV, en aquella ocasión, se impuso en la mayoría de los distritos, por lo que, con repetir solamente, cambiará una de las manijas fundamentales de los portales del poder.

Crudo nepotismo

La posibilidad de que, a partir del venidero 10 de diciembre, el Poder Judicial tenga un molesto cancerbero en la cámara de Senadores es buena para la democracia y puede despejar los cerrojos que, con habilidad y picardía, puso durante años el castillismo.
Con decir que, hoy por hoy, resulta casi imposible juzgar a quienes pudieron haber cometido deslices en el período 1991-2011 o poner orden en el manejo de dineros de la minería, damos una medida de lo que significa la mayoría senatorial.
También se abrirían las puertas para abogados capaces, honestos y dispuestos a apostar por la imparcialidad que pretendan ser jueces y que, por falta de influencias o su posición de independientes, no fueron tenidos en cuenta nunca, ni siquiera concursando.
Todo puede cambiar para la Justicia apenas se conozca el resultado de la elección de las ocho bancas de senador (seis de la UCR y dos del FPV) que se ponen en juego y quizá, en ese mismo momento, se destape esa olla maloliente que es hoy el Poder Judicial, donde campea un crudo nepotismo, además de acomodos y favoritismos que convirtieron al sector en una bolsa de trabajo.

Informe comprometedor

Tiempo atrás, un conocido diario digital del medio -Catamarcaya- dio a conocer un informe sobre cómo parientes, amigos o compromisos políticos fueron poblando las oficinas de Tribunales y aumentando, meteóricamente, la planilla salarial. Las vinculaciones con el FCyS y la UCR eran tan evidentes que, aquellos que referían “una gran familia”, no se equivocaban en términos políticos cuando se preguntaban cómo esta Justicia podía llegar a juzgar, objetivamente, a los funcionarios de la administración anterior que, por distintos caminos, tenían influencias poderosas para escapar a eventuales correctivos.
Aquel informe, que fue un bombazo periodístico, daba cuenta de las acciones de los miembros de la Corte, los que por ser jubilados y tener más de 65 años en los casos específicos de Cáceres, Sesto de Leiva y el procurador Lilljedhal, se mantienen en sus cargos en abierta contradicción de la letra de la Constitución.
La jueza Sesto de Leiva, enemiga letal del régimen saadista que la dejó sin trabajo en la década del 80 y mano derecha de Martha Pelloni durante el proceso que desembocó en la intervención federal de 1991, conforme al informe de Catamarcaya, habría colocado a su propia hija en el cuerpo interdisciplinario de la Corte y a otra persona, que habría sido o es novia de su hijo abogado, en el Centro de Mediación Judicial.
Otro allegado a la familia, siempre hablando de la ministra de la Corte, habría terminado como secretario privado y en un cargo que exige pasar un examen. Además, amistades suyas o de sus hijos podrían haber usufructuado de los presupuestos de la Justicia durante estos años.
De Cipitelli, el penúltimo ministro de gobierno de su amigo Brizuela del Moral, también se incluyeron comentarios en el informe. Se afirmó que un hijo fue nombrado como secretario privado y una nuera fue designada como escribiente en 2012. Además, su esposa habría recalado en la biblioteca de la Corte.
Se comenta también que fueron beneficiados choferes y ordenanzas de los ministros, puesto que la frecuencia de trato con estos hicieron posible la incorporación al Poder Judicial de sus respectivos hijos, esposas, sobrinos, sin rendir examen o beneficiándolos al momento de hacerlo. Así se observa que la mayoría de los ordenanzas tienen domicilio o lo tuvieron en Valle Viejo, localidad donde viven Cáceres y Sesto.
Para terminar con los nombramientos que habrían acordado, se alude a una funcionaria del primer piso de calle República, lugar donde tienen oficinas los “cortesanos”, que habría posibilitado el ingreso de al menos tres familiares directos.
En cuanto a compromisos políticos que derivaron en nombramientos durante los últimos 20 años de gobierno radical, se dice que un camarista favoreció a su hija y a su esposa. Un exfiscal de Estado habría operado para establecer en cargos de suma importancia -económica y funcional- a amigos y familiares.
Hijas o hijos de jueces de distinto nivel también consiguieron asegurar a sus vástagos en un trabajo seguro, bien remunerado y con acuerdo de la política.
Personas cercanas al exintendente capitalino, Ricardo Guzmán, se informa que ocupan cargos, lo mismo que las personas que hizo nombrar el último ministro de gobierno, Javier Silva.
Y la lista sigue con algún sobrino político de José Cáceres o consanguíneos de diputados y exfuncionarios del FCyS, lo mismo que personas cercanas o familiares del senador Castillo.
En síntesis. Tal cual como lo hacen los legisladores, jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia, nombran a los hijos, hijos políticos, amigos o familiares en el Poder donde mejor se cobra y, por si fuera poco, no se paga impuesto a las ganancias. Cada uno de ellos se lleva a su casa un sueldo e, indirectamente, uno, dos o varios sobres por los buenos oficios de convertir a los tribunales en un aguantadero laboral.
Lo peor es que todo es monocolor. En la Justicia, el radicalismo le gana al conjunto de los partidos políticos “por afano”. ¿Cómo no va a ser así si su conformación fue determinada por el mismo partido que gobernó Catamarca durante cinco mandatos?
El 27 se votan senadores. Los electos, con quienes tienen mandato hasta 2015 (Figueroa Castellanos, Néstor Figueroa, Daniel Saadi, José Perea, Ángel Olivera, Ricardo Castellanos, Nancy Barros y Luis Figueroa), tendrán que ver con el futuro. Si cambia la mayoría de los últimos 23 años, los coletazos se pueden sentir en la Justicia. Por eso el título de este panorama.