El juicio por la matanza de Capilla del Rosario, que finalizó el martes pasado, repercute de lleno en la política y, de hecho, es algo trascendental para la historia de Catamarca. Después de 39 años puede dictarse justicia por los horrores que se vivieron en aquel momento y, salvo honrosas excepciones, nadie se preocupó en esclarecer y, mucho menos, reclamar justicia por lo que fueron crueles asesinatos ordenados por el Ejército Argentino. Como todos saben y se ha expuesto en el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal -Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla-, guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en agosto 1974, intentaron tomar el exRegimiento 17 de Infantería Aerotransportada, pero fueron sorprendidos en inmediaciones de Banda de Varela antes que iniciaran el ataque a la guarnición. Varios de ellos huyeron hacia la zona de la Iglesia de Capilla del Rosario (departamento Fray Mamerto Esquiú) y allí, a la mañana siguiente, se enfrentaron con fuerzas militares y policiales. En determinado momento, los jóvenes militantes de la izquierda revolucionaria levantaron la bandera blanca en señal de rendición. Fueron conminados a desarmarse y salir de la lomada en la que estaban parapetados. Cuando lo hicieron y caminaban para la entrega, resultaron acribillados a balazos. Nadie dudó, entonces y ahora, que fue una masacre. Incluso, aunque bastante tímidas, existen publicaciones sobre el suceso.

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Las leyes de punto final y obediencia debida, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), dejaron solamente a merced de la justicia a los miembros de las juntas militares. Después llegó Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) y dictó la amnistía que, definitivamente, liberaba a todos de cualquier responsabilidad en la represión. Con Néstor Kirchner las cosas cambiaron. Derogó las leyes de la impunidad y, en los últimos diez años, se han realizado numerosos juicios y todavía faltan concretarse, a lo largo y ancho del país, otros procesos. En ese marco, en Catamarca jamás nadie imaginó que se podría enjuiciar a los represores. ¿Cómo hacerlo si durante décadas las autoridades locales ni siquiera recordaron el 24 de marzo de 1976, instituido oficialmente como el Día de la Memoria?

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Por fortuna y como homenaje de recordación a las víctimas, la historia derivó por otros senderos. Personajes nefastos como el exjefe de Policía, Mayor Rauzzino, o el general Lucena -titular del R17- resultaron condenados por la desaparición de Yolanda Borda (en marzo de 2014, lo adelantamos en exclusivo, podría ser presentada una película sobre su dramática historia), la joven belicha que estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán y fuera “chupada” por efectivos del Ejército. Y ahora se ha reflotado la masacre de Capilla por la cual, más allá de los procesos de apelación, los militares Mario Nakagama, Carlos Carrizo Salvadores y Jorge Ezequiel Acosta deberán expiar sus culpas el resto de sus días, como presos comunes, al haber sido declarados culpables de “homicidio calificado doblemente agravado por alevosía y concurso de dos o más personas en concurso real”. Como corresponde en democracia, respetamos la posición que ha sustentado el abogado defensor de los militares, Lucio Montero, pero hasta él mismo reconoce que se trató de una masacre. ¿La ordenaron Nakagama, Carrizo Salvadores y Acosta? Esa es la gran duda, pero al menos hay certezas que participaron del operativo y, cuando menos, recibieron órdenes. Aparte, a quienes les tocó vivir los horrores de la dictadura (oficiales, suboficiales, soldados, etc.), saben bien que todos tenían lavado el cerebro y estaban dispuestos a matar -como fuere- a quienes consideraban enemigos de la Patria.

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En el final del juicio, los familiares de las víctimas -la mayoría de ellas uruguayas- y su abogado patrocinante, Guillermo Díaz Martínez, lamentaron la complicidad de muchos civiles en los sucesos del 74 e, indirectamente, hubo referencias para quien gobernaba entonces la provincia, Hugo Alberto Mott. Son varios los que lo acusan, hasta el día de hoy, de haber mirado para otro lado en los asesinatos, de los cuales participó la fuerza policial que estaba a su cargo. Fue precisamente en sus dependencias donde al día siguiente de la masacre, venido especialmente desde la Capital Federal, el general Villar (tres meses después voló por los aires al explotar la barcaza en la que, junto a su familia, paseaba por el Tigre) torturó a los guerrilleros que permanecían con vida. Por allí sí pueden imputarse responsabilidades al exgobernador.

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La decisión de cambiar la cúpula policial era un secreto a voces dentro del gobierno. Ya en la noche del martes, hasta última hora, se discutió (por orden de la gobernadora) la mejor forma de implementar los cambios y dar un mensaje de contundencia a la sociedad. Sobre los crímenes, los dos de esta semana, y otros que sucedieron en los últimos años, existe plena conciencia de que el flagelo de la droga es el que hace -y seguirá haciendo- estragos. Por ello, tampoco extrañó la prohibición municipal, dispuesta por el intendente Jalil, a los militantes que se contratan para las pintadas proselitistas de hacerlo por las noches. Es que las imágenes detectadas por las cámaras de seguridad son de terror: en las camionetas que transportan la cal y la pintura, se ve cómo los muchachos se amasijan con cocaína y alcohol. De allí a los cruces que puedan producirse o discusiones entre ellos, el peligro de otra tragedia está latente. Igualmente y hasta la semana posterior a las elecciones, se impone redoblar controles para evitar incidentes o refriegas inevitables en este tipo de circunstancias.

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Salvo cambios de último momento, hoy llegará a Catamarca el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Nación, Amado Boudou. Participará en horas de la tarde de actos políticos que encabezará la gobernadora Lucía Corpacci, entre ellos una nueva inauguración de viviendas en el norte de la Capital. Más allá de la presencia de Boudou, que no hace más que seguir la agenda oficial, queda claro el apoyo de la convaleciente Cristina Fernández de Kirchner al Frente para la Victoria-PJ local. Es que ella, en forma personal, había decidido esta nueva incursión en tierra catamarqueña antes de que enfermara.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como ocurre los días jueves, cerramos los “Apuntes” rememorando hechos del pasado.
En octubre de 1988 se vivía una actividad política en el país tan intensa como la de nuestros días. El gobierno de Raúl Alfonsín, jaqueado por el peronismo y el sindicalismo, había perdido el apoyo popular y tambaleaba en el poder. La economía era de total fragilidad y las cifras de inflación -llegaron a ser de tres dígitos- se comían el sueldo de los trabajadores. En medio de ese caos, aprovechando las circunstancias, el candidato presidencial del Justicialismo, Carlos Saúl Menem, desafió a un debate a Eduardo César Angeloz, el gobernador mediterráneo que iba a ser el candidato del radicalismo. Aparte del desafío, lo calificó como “mal administrador” y consideró que “La Rioja le lleva a Córdoba años luz de ventaja”. Nos parece que se le fue la mano al riojano, pero las condiciones políticas le resultaban favorables por la debacle alfonsinista. De hecho, el 14 de mayo de 1989, se iba imponer claramente a Angeloz para convertirse en presidente electo.

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La respuesta de Angeloz no se hizo esperar. Aceptaba el desafío de un debate que no se iba a hacer nunca, pero paralelamente dijo que rechazaba de plano la posibilidad de que, para los militares que habían participado de la dictadura, se estableciera en la Argentina una ley de amnistía. Algo intuía el cordobés, ya que Carlos Menem, después de asumir la presidencia de la Nación, envió al Parlamento el proyecto por el que cientos de represores se iban a librar, por algunos años, de la cárcel que tenían bien merecida. Años después, como se sabe, llegó el extinto Néstor Kirchner, derogó la ley de amnistía y habilitó el juicio por delitos de lesa humanidad para todos y cada uno de los militares comprometidos con los derechos humanos.