Apuntes del secretario

lunes, 25 de noviembre de 2013 00:00
lunes, 25 de noviembre de 2013 00:00

La designación del ingeniero Gustavo Aparicio al frente de Servicios Públicos, como lo habíamos adelantado, terminó con una situación que, más que favorecer al gobierno, lo perjudicaba. Es que en el ministerio creado por Lucía Corpacci, al menos durante los mandatos de Julio Molina y Luis Romero (no se fueron precisamente por la puerta grande), nunca se entendió que las empresas de agua y energía no eran -jerárquicamente- dependientes suyas, sino que tenían plena autarquía y que, para funcionar correctamente, necesitan de obras básicas que están perfectamente determinadas y no de planes, difusos y en muchos casos interesados, que puedan concebirse en los despachos ministeriales. Si hasta la semana pasada no existía ni la más mínima coordinación, al menos en lo que tenía que ver con el tándem Romero-Dalla Lasta, luego de la designación del flamante ministro, cambiaron las cosas. Se sentaron juntos y explicaron a la prensa que lo que interesa no son los floreos de los funcionarios, sino la atención del servicio en función de prioridades, que es lo que permanentemente y en cada discurso reclama la gobernadora.

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Algunos medios de prensa han hecho hincapié en estas desinteligencias y, por la falta de resultados, está muy bien que lo hagan. Lo que no está bien que se exija servicios de primera cuando al gobierno actual le precedieron décadas de desinversión y la administración anterior, nada menos que en veinte años, destruyó lo que tocó recibir en 1991, esto es, la vieja dirección de Energía (DECa.). Por empezar cedió el servicio a filibusteros de reconocida trayectoria dentro de los negocios sucios que concibió el menemismo, varios de los cuales se concretaron en la provincia por decisión del castillismo, sector que entregó hasta la minería a cambio de cobertura política desde la Casa Rosada. Todo lo que hizo la familia Taselli, con la tristemente célebre EDECAT, es la causa inevitable de las pesadillas que le toca sufrir a la gente con los cortes de energía. Pretender que en apenas dos años el sistema eléctrico funcione sin problemas es una utopía, por lo que las críticas públicas contra los que tomaron a su cargo “el monumento a la corrupción” tienen, claramente, un trasfondo político, aunque no desconocemos que ha comenzado a acumularse malestar entre la gente común.

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A propósito de los reclamos. En nuestra página web, la principal de la provincia por el número de visitas e interacción con los lectores, se deslizan variados comentarios al pie de cada uno de las noticias que se relacionan con los servicios públicos. Por supuesto que cuando la temperatura ambiente supera los 40 grados y, por caso, la EC SAPEM realiza cortes selectivos, la paciencia se acaba y surgen, como hierba mala, las quejas contra el gobierno, la empresa, los funcionarios de turno y, como respuesta lógica, abundan las ocurrencias de los lectores. Porque El Esquiú.com conoce en profundidad la realidad e historia de los servicios, especialmente de la exEDECAT, no necesariamente comparte textos cargados de infundios y ataques personales con un claro tufillo político. Los acepta, siempre y cuando no tengan una manifiesta recurrencia, en homenaje a la libertad de expresión y a un compromiso público de no hacer censura con nadie, mucho más en materia política. De allí a compartirlos, existe una larga distancia. Es que, aparte, valoramos las inversiones que, desde el gobierno, se han realizado y los esfuerzos que se hacen para salir de una emergencia que, probablemente, dure varios años más.

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Que el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, haya tenido que intervenir en el conflicto que le toca vivir al Club Sportivo Villa Cubas por los aprietes de los “barra brava” al plantel superior, no es tema menor y no debería pasar desapercibido para los legisladores y las autoridades provinciales, empezando por la Secretaría de Deportes. El funcionario tuvo que ofrecer custodia especial al plantel que disputó, el viernes pasado, su partido con Mitre de Santiago del Estero en el estadio Bicentenario. Los periodistas deportivos de los distintos medios, en sus análisis de la contienda, destacaron la mala suerte del equipo o las oportunidades que se desperdiciaron. Algo parecido dijo el técnico del equipo, Roque Ferreyra, pero nadie se refirió a las condiciones anímicas de un grupo de jugadores que ha sido amenazado por vándalos de la peor calaña. Es allí donde hay que buscar las respuestas al mal momento, que seguramente -si no se consiguen tranquilidad y seguridad- se agravará en los próximos tiempos.

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El tema no es nuevo. La misma barra privó al buen equipo que disputaba el Argentino “B” 2012-2013 de llegar a las finales. Primero por otro apriete y el éxodo de algunos jugadores; después siguieron los desmanes en todos los estadios donde jugó Villa Cubas y, finalmente, voló por el aire la bengala que casi mata a dos personas en el Bicentenario cuando el equipo, claramente, le ganaba a San Lorenzo. Allí le quitaron los puntos y, como ahora, vino la debacle. Si consideramos que el Estado es quien pone la mayor parte del dinero para que Villa Cubas participe del torneo de AFA, es justo que exija a la dirigencia que observe normas de conducta y la “barra brava”, aunque se diga lo contrario, es parte de la institución. Aparte, alguien del mismo club en algún momento la alentó, y hoy se pagan las consecuencias de acceder al diálogo con los violentos. Los resultados están a la vista: Villa Cubas fue eliminado en el certamen anterior y ahora corre el riesgo de resignar la categoría (marcha último, sin siquiera conocer el sabor de la victoria). Todo por culpa de personas que dicen amar a la divisa “rojiblanca” pero, de acuerdo a lo que hacen, pareciera que la odian. ¿Qué otra cosa se puede pensar si la perjudican en forma permanente? Ah… lo último. Lo de Villa Cubas vale igualmente para las “torcidas” de Policial y San Lorenzo de Alem, en las cuales también están integrados personajes del bajo fondo, de la droga y la delincuencia. ¿No sabe nada de estas cosas el Estado o el Foro de Seguridad que, con loables objetivos, se acaba de conformar en ámbitos de la Cámara de Senadores?

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como siempre, el final de los “Apuntes” los dedicamos a recordar hechos del pasado.
En noviembre de 1988, el ministro de Economía de la Nación, Juan Vital Sourrouille, anunció que a partir de enero de 1989 se pagaría a los jubilados el 82% móvil. Han pasado nada menos que 25 años de aquel acontecimiento y todavía hoy, inclusive con fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se puede hacer efectivo el pago del porcentaje que, por ejemplo, establece la Constitución de Catamarca y no la de la Nación. Es más: en esta provincia, donde la administración castillista cedió la caja de jubilaciones al ministro Domingo Felipe Cavallo, en pleno auge del menemismo, se paga la diferencia a través de un complemento que aportan los empleados en actividad. Por su parte, la Nación se defiende diciendo que estableció la ley de movilidad ascendente, la que determina el pago de dos aumentos por año, uno en marzo y otro en octubre.

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Del 23 al 25 de noviembre, también de 1988, se programaban las elecciones en la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECa.). Dos listas se postulaban para la conducción. La “Azul y Blanca” y la “Rosada”. La primera de ellas, la ganadora, llevaba como candidato a secretario general a Emilio Rafael Leiva y adjunto a Luis Marcelo Tapia, completándose el cuadro de autoridades con estos dirigentes: Hugo Oscar Fuenzalida, Andrés Olmos, Silvia de Gutiérrez, Mario César Díaz, Gladys Rivas Russo de Millán y Beatriz Parra. La agrupación opositora, que perdió en aquella oportunidad pero sentó bases para el futuro, tenía como figuras salientes a Jorge Agustín Espilocín (candidato a secretario general) y a Francisca Dumeni de Rueda (secretaria adjunta) y los demás candidatos a integrar la directiva eran Antonio Orlando Olaz, Moisés Charubi, Elba Marina Soto, Ernestina Guaraz de Ramos, Sara Barros de Garriga (durante el gobierno llegó a ser concejal de la Capital, lo mismo que su hermano José Carlos “Pepe” Barros), Pedro Garzón y Pastora Zárate de Ramos.

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