DESDE LA BANCADA PERIODÍSTICA

Senadores, abogados ¿y ahora qué?

viernes, 29 de noviembre de 2013 00:00
viernes, 29 de noviembre de 2013 00:00

Hasta diciembre de 2011, cuando cambió el poder político en Catamarca, la Justicia funcionaba como un apéndice del Poder Ejecutivo, y la famosa división de poderes era una entelequia. No existía. Solamente se la aplicaba para los discursos de circunstancia.
A partir de aquel momento, cambiaron las cosas, pero no mucho. Se rompió el “club de amigos” y se estableció una distancia sideral entre un gobierno peronista y una Justicia embriagada de partidismo. Todos sus integrantes habían sido nombrados por la UCR y la Intervención Federal, la socia del castillismo en los tiempos que consiguieron borrar del mapa al saadismo.
En ese 2011, comenzó el “tira y afloje”. Desde la política, se dijo que la Justicia debía funcionar para todos y no exclusivamente para los poderosos. Se habló de lentitud, característica que favorece a las injusticias. Desde las llanuras populares, surgieron los planteos que las cárceles están únicamente ocupadas por “ladrones de gallinas” o “violadores del bajo fondo”, y no por los políticos o empresarios que cometieron flagrantes irregularidades en la administración del Estado.
Se produjeron puebladas, en la Capital y el interior, y la Justicia miró para otro lado. Hubo cortes de ruta que hasta interrumpieron el tráfico internacional y la Justicia; igualmente, miró para otro lado. Surgieron decisiones del Poder Ejecutivo, como la designación de un funcionario en comisión, y la Justicia les bajó el pulgar. Las presentaciones por el uso irresponsable de las regalías mineras tuvieron eco en una Justicia cuando, por ejemplo, hizo una presentación el díscolo intendente andalgalense que, siguiendo los pasos de su antecesor, gasta irresponsablemente los dineros que resultan de la explotación de recursos no renovables; o sea, la reserva de las próximas generaciones.
Así fueron las relaciones entre dos estamentos -Ejecutivo y Judicial- virtualmente enfrentados cuando corresponde, a partir de la división de poderes, que exista complementación y acuerdos básicos en temas cruciales como la inseguridad, las explotaciones mineras y la cacareada seguridad jurídica.

Senadores y abogados

La posibilidad de equilibrar el Poder Judicial que, hasta hace pocos días, parecía imposible, hoy tiene una luz de esperanza. Es que sucedieron cosas que los capitostes judiciales quizá no esperaban. O sí. ¡Vaya a saber!
El 27 de octubre se realizaron las elecciones provinciales y, de las ocho bancas de senador que se ponían en juego, el gobierno se quedó con siete y una -la tinogasteña- la desperdició increíblemente. Ello determinó que, después de 23 años, el radicalismo perdiera la mayoría que había convertido a la cámara de Senadores en una escribanía propia.
Fue una señal de alerta. Es que en la Cámara alta se tratan los acuerdos de los jueces y se resuelven cosas que tienen que ver con la conducta de los magistrados.
Además, golpe durísimo para el radicalismo que comenzará a materializarse cuando, en pocos días más, abandonen sus bancas los grandes custodios de la justicia castillista: Ricardo Boggio, “Yayo” Agüero (desplazado por su exjefe en las elecciones recientes) o Víctor Luna, aunque éste último, pasando de senador a diputado, haya cambiado únicamente de posición.
No se había repuesto del golpe senatorial, cuando la UCR sufrió otro estiletazo que amenaza con mayores controles para los tribunales que conducen, no tres jueces independientes, sino tríada de militantes de la política partidaria: José Cáceres, Amelia Sesto de Leiva y Raúl Cippitelli, los dos primeros surgidos de las vertientes castillistas y el último de los nombrados, aunque sea el más equilibrado, de los territorios brizuelistas.
El Colegio de Abogados, en la tarde-noche del 26 del corriente, consagró a las autoridades bendecidas -con Miguel Ángel “El Turco” Dahbar a la cabeza- por la Casa de Gobierno.
Como la cámara de Senadores, los colegiados pueden ejercer controles severos sobre la Justicia. Por empezar y, tal como lo han adelantado, no están dispuestos a tolerar las discrecionalidades que existieron hasta aquí. Para ello, podrán imponer su mayoría dentro del Consejo de la Magistratura y desde allí favorecer a concursos en serio para la designación de los jueces que termine nombrando -hasta ahora no existe ningún caso- la gobernadora.
El control de la Cámara de Senadores, del Colegio de Abogados y, por añadidura, del Consejo de la Magistratura, vienen a equilibrar un poder del Estado desequilibrado y que, a la hora de hacer Justicia, en los últimos 22 nunca dejó de mirar “la cara del cliente”.

Acertadas predicciones

Esta bancada periodística, que analiza fundamentalmente los hechos políticos, supo barruntar en distintos momentos de 2013 que en las elecciones de octubre, aparte de los candidatos, se votaba la conducta del Poder Judicial. De esta forma, en la edición del 19 de octubre escribíamos lo siguiente:
“Aunque resulte burdo y repetitivo decir que jueces y funcionarios judiciales, a diferencia de sus análogos del Ejecutivo y el Legislativo, no se eligen por el voto popular, en las próximas elecciones el resultado tendrá que ver -indirectamente- con la actual conformación del aparato judicial.
En las urnas no ingresarán boletas con los nombres de los capitostes tribunalicios, pero el escrutinio, invariablemente, tendrá lectura asociada a la Justicia.
El tema es sencillo. La Justicia está integrada, en un 100%, por personas, dirigentes o exfuncionarios del Frente Cívico que, vía Castillo o Brizuela del Moral, es el verdadero conductor de un poder del Estado que desacopla los platillos de la balanza”.
Rematábamos aquel artículo de los gélidos finales de julio con otro pensamiento parecido: “La posibilidad de que, a partir del venidero 10 de diciembre, el Poder Judicial tenga un molesto cancerbero en la Cámara de Senadores es bueno para la democracia y puede despejar los cerrojos que, con habilidad y picardía, puso durante años el castillismo.
Con decir que, hoy por hoy, resulta casi imposible juzgar a quienes pudieron haber cometido deslices en el período 1991-2011 o poner orden en el manejo de dineros de la minería, damos una medida de lo que significa la mayoría senatorial.
También se abrirían las puertas para abogados capaces, honestos y dispuestos a apostar por la imparcialidad que pretendan ser jueces y que, por falta de influencias o su posición de independientes, no fueron tenidos en cuenta nunca, ni siquiera concursando”.

Hacia un nuevo escenario

Los últimos acontecimientos, narrados en este panorama, preanuncian un escenario diferente para los próximos tiempos y, especialmente, para el final del mandato del gobierno consagrado por el pueblo. Posiblemente sigan “los palos en la rueda”, y del Senado puedan trasladarse a Diputados, donde ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría o puede dominar el quórum, pero será menos cuesta arriba que la empinada travesía 2011-2013, en la cual el Senado y la Justicia fueron los mayores escollos.
Por ahora y en paralelo a los últimos aprestos para el cambio de roles en la Legislatura y el triunfo impecable que logró Dahbar entre los colegiados abogados, todos miran a la Corte de Justicia. Hasta aquí podemos decir que tuvo el paraguas gigante del poder político que se fue (y se está yendo) y de algunos medios de comunicación que, aparte de participar del fantástico mundo de los lobbys, jamás le criticaron su falta de independencia y, esencialmente, de legitimidad.
Su conformación debería, por lo menos, ser revisada. Está teñida de ilegalidad con ministros jubilados -Cáceres y Sesto de Leiva- que ejercen sus funciones en abierta violación del artículo 168 de la Constitución de la provincia y del 195 que establece el límite de 65 años para el ejercicio como magistrados y miembros del ministerio público.
En escala descendente, además, son innumerables los problemas que afectan al Poder Judicial y que El Esquiú.com viene denunciando -como no lo hace nadie- con la fuerza de los hechos. Por caso, el amontonamiento de causas sin resolver y la tarea de los fiscales que, en términos de efectividad, está totalmente desdibujada.
Se está acabando el electoral 2013. Sus resultados dejaron las condiciones necesarias para que se produzcan los cambios que la Justicia, en busca del nuevo escenario, requiere. Los mecanismos de control ya están; simplemente hay que aplicarlos bien; con equidad y criterio, para que no se conviertan en boomerang.

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