Apuntes del secretario

lunes, 16 de diciembre de 2013 00:00
lunes, 16 de diciembre de 2013 00:00

La presente semana, si es que no hay prórroga, marcará el fin de las sesiones extraordinarias de la Legislatura, las que incluyen como tópico saliente la aprobación del presupuesto 2014. En esta ocasión, a diferencia de otros años, se ha planteado una porfía entre la clase política, representada en este caso por los diputados del Frente para la Victoria, y el Poder Judicial, uno de los últimos reservorios que mantiene afinidad con la UCR, el partido que gobernó Catamarca en el tramo 1991-2011. La pelea -que nadie lo dude- es por plata. Los legisladores entienden que los cálculos elevados por los ministros de la Corte superan largamente sus necesidades específicas y el recorte, a su vez, trasladaría dinero fresco para las propias demandas del enclave de República y Ayacucho. Más allá de idas y vueltas, reuniones de las partes y los números que manejan unos y otros en función de supuestas necesidades, la realidad es que se trata de una disputa netamente política.

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De lo que no se habla, lamentablemente, es de verdadera austeridad, atendiendo que la provincia no pasa por un tiempo de “vacas gordas”. Nadie piensa que los ingresos de la renta minera pueden disminuir en el futuro o que los envíos de coparticipación se escurren en la monstruosa planilla salarial del Estado prebendario que se construyó en los últimos 30 años. La Justicia, por ejemplo, pide más dinero para atender la creación de nuevas dependencias, pero lamentablemente las estructuras con la que cuenta no son un dechado de virtudes ni aportan justicia genuina a la ciudadanía. Tampoco es de ponderar su magra contribución a la lucha contra la inseguridad o el establecimiento de la paz social. Con ese panorama y la sospecha cierta de que la inflada del presupuesto tiene que ver con futuros nombramientos de familiares y amigos -lo dejaron entrever diputados como Hugo Argerich- se llega a conclusiones lapidarias. Ahora bien, si lo que se puede ahorrar con la Justicia va a ir a parar a los bolsillos de los representantes del pueblo a través de viáticos, vales de combustible, gastos de representación y otras yerbas, igual no está bien.

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El Esquiú.com, a partir del análisis del presupuesto bajo estudio, aseveró que otro de los objetivos de la Justicia es aumentar los sueldos por sobre la inflación. En ese marco, hicimos un cálculo de remuneraciones por encima de los $60.000 para los niveles más altos y de $15.000, por ejemplo, para un chofer. La Asociación de Magistrados desmintió la especie a través de una solicitada publicada en El Ancasti -justamente el único diario que eludió el tratamiento del tema-, pero sus argumentos, por la falta de fundamentación, se caen por sí solos. Además, no es que el potencial aumento los sacaría de pobres. Hace rato que jueces, magistrados y funcionarios perciben montos significativos. Está muy bien que así sea, pero los niveles salariales deben medirse en la comparación con lo que cobran funcionarios de otros poderes o la calidad del servicio que prestan. Además, ya supimos informar sobre desfasajes nunca corregidos ni desmentidos. Por caso, en marzo de 2012, escribíamos lo siguiente: “…los legisladores provinciales, por mes, se llevan a los bolsillos cerca de $30.000 (por todo concepto), más o menos lo que gana de bolsillo un juez de primera instancia. Un juez de Cámara eleva su haber -en el redondeo final- a los $35.000 y un ministro de la Corte de Justicia, que además no paga el impuesto de semejantes ganancias, trepa a los $40.000. Estas cifras se alcanzan por el pago del 3% anual por cada año de antigüedad, la que para la mayoría de los magistrados varía entre 15 y 20 años”. ¿Qué puede extrañar entonces que, casi dos años después, se intente poner los sueldos globales por encima de las 60 “lucas”?

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Aunque parezca mentira, el tratamiento del presupuesto de la Justicia ha dividido las aguas dentro del bloque oficialista. Mientras algunos se han levantado en armas -casos de los diputados Argerich, Guillermo Andrada, Cecilia Guerrero o Marcelo Rivera, que piden hasta reducción de sus dietas-, otros han guardado prudente silencio y falta de compromiso. Estamos hablando no de diputados rasos, sino de algunos que ostentan expectables posiciones públicas y que, de algún modo, le hacen el juego a las desmedidas exigencias de los cortesanos. Por supuesto, oportunamente, volveremos sobre el tema.

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La declaración de Aconquija del sábado pasado fue un hecho político de gran trascendencia. Es que la virtual proclamación de Lucía Corpacci para su reelección, en 2015, despeja dudas y abre nuevos rumbos de cara al futuro. La gran mayoría de los intendentes justicialistas de la provincia refrendaron el escrito final, aprobaron la gestión y estimaron como necesario un segundo mandato de la actual mandataria. Al ser considerada “candidata natural” del PJ, según reza la letra del documento, no queda más que pensar que quien desee enfrentarla, dentro de la estructura partidaria, tendrá que “remar a dos manos” para doblegar el predominio territorial que tienen los jefes municipales en sus respectivas jurisdicciones. La otra sería la de intentar una aventura, igualmente difícil y complicada, por fuera del peronismo.

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Si bien es cierto que la obra pública en Andalgalá tuvo repunte notorio por la pavimentación del centro de la ciudad y el distrito Huachaschi -además de la construcción de las veredas-, no es menos cierto que también hay “parates” importantes. Uno de ellos afecta a la obra que, frente la plaza principal, se convertirá en la Biblioteca Popular. Está suspendida a raíz de que inspectores de la dirección de Trabajo adujeron falta de seguridad para maniobrar en altura. Todos los nombrados son emprendimientos municipales -dispuestos por Alejandro Páez- que se ejecutan con regalías mineras. En cuanto a las obras que la provincia tiene en “La Perla”, por falta de pago de un par de certificaciones, se ha detenido la construcción del IES, pero hubo anuncios que la reanudación de la tarea se ejecutará en corto tiempo, lo mismo que la apertura de los trabajos de la nueva Iglesia. En cuanto a las viviendas sociales que llevan adelante las cooperativas de Chaquiago y Choya, se está a la espera de materiales para asegurar la continuidad. “Queremos trabajar en las fiestas. Lo haremos pensando en nuestros hijos”, nos dijo uno de los obreros.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como ocurre habitualmente, terminamos los Apuntes de este martes con el repaso de hechos del pasado.
Datos que regían la economía de la región en diciembre de 1988. Los registros de inflación se agravaban en los países de América Latina y también avanzaban en las naciones industrializadas, según informes que brindaba el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los países en desarrollo (la inflación) subió a una tasa de 63,1% anual en el segundo trimestre del año, en comparación del 58% del primero. Uno de los aumentos particularmente serios ocurrió en la Argentina con el 286,3% anual, en comparación del 192% del primer trimestre del ‘88. Cómo sería la cosa en aquel tiempo si hoy, con un 25 o 30% de inflación anual, se la plantea como la madre de todos los males. Por cierto que aquello no terminó bien. El gobierno radical de Raúl Alfonsín se convirtió en un tembladeral y el natural de Chascomús (Buenos Aires) tuvo que entregar el poder cinco meses antes de completar el mandato (1983-1989). Siempre se dijo que se trató de un golpe económico orquestado, entre otros, por Domingo Felipe Cavallo y el FMI, pero lo cierto y concreto es que fueron tiempos muy difíciles para la Argentina de aquellas épocas. El sucesor en la presidencia, Carlos Menem, tampoco pudo frenar la inflación y, por ley, debió poner en vigencia la famosa convertibilidad (“un peso igual a un dólar”) que, diez años después, iba a terminar explotando y colocando al país en el peor momento de su historia.

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