Apuntes del secretario

lunes, 23 de diciembre de 2013 00:00
lunes, 23 de diciembre de 2013 00:00

El aumento otorgado a las policías provinciales de la Argentina, como respuesta a la revuelta de principios de mes, puede terminar influyendo en las negociaciones salariales que se llevarán a cabo a partir de la segunda quincena de febrero o primera de marzo. Prácticamente en todas las provincias, los gremios se aprestan a negociar porcentajes que se parezcan al que, casi por la fuerza, lograron los uniformados. Catamarca no será la excepción en este sentido y los dirigentes están hablando de pedir cifras superiores al 40%, porcentaje que según los voceros del ministerio de Economía resulta de cumplimiento imposible. Tanto que el presupuesto 2014 que se confeccionó oportunamente y que generó ríspidas discusiones entre legisladores y miembros del Poder Judicial, por ejemplo, contempla un incremento general del 17%. ¿Cómo conciliar entonces la realidad con la aspiración justa de los empleados por tener un mejor salario? ¿O se tendrá que llegar a medidas no deseadas como despidos y recortes generalizados que se estudian actualmente en el Consejo del Salario? Más allá de las negociaciones, además, la coyuntura debería servir al gobierno para conciliar una política salarial que extirpe para siempre los desfasajes que se fueron creando durante la administración radical y que distinguen “empleados de primera y de segunda”.

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En lo que hace a la comparación entre los sueldos de la Policía y el resto de los empleados también hace falta sinceramiento. Por más que la institución policial tenga en la actualidad un gran descrédito, hay que reconocer que las condiciones en las que trabaja un policía y los reglamentos a que debe someterse lo convierten en un agente totalmente diferente al común de los empleados del Estado que, no hace falta repetirlo, tienen más “gangas” que obligaciones. Es evidente entonces que no pueden ganar igual, ni siquiera parecido. Uno, en medio de la creciente inseguridad de los tiempos modernos, arriesga la condición física -y, en algunos casos, hasta la vida- para asegurar la tranquilidad pública, mientras que el resto de los trabajadores desarrolla su tarea prácticamente sin sobresaltos de ninguna naturaleza. Por lo tanto, la comparación es casi ridícula y, por otro lado, todos saben que los policías venían con sueldos recontra atrasados.

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A propósito de discusiones salariales y medidas de fuerza. El gobernador de Córdoba, que sufrió los primeros embates de los saqueadores, se ha puesto firme en relación al avance de los gremios. “No se puede seguir negociando así, mientras los empleados están de paro. Hacerlo cuando hay un paro decretado es un apriete, una extorsión. No pueden actuar de esta manera, abandonando el diálogo. El derecho constitucional de huelga no significa huelga salvaje”, expresó esta semana José Manuel de la Sota, tras señalar que no admitirá aprietes de ningún sector, pero especialmente de los que tienen que ver con los servicios públicos esenciales (transporte, salud, educación, seguridad). Obviamente, tiene razón el mandatario. Aceptar extorsiones, cualquiera sea la metodología, es ceder autoridad. Lástima grande que lo hizo después de tolerar una rebelión policial en la que se lo llevaron por delante.

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Los acuerdos alcanzados entre miembros de la Corte de Justicia y magistrados con los legisladores, más allá de engañosas apariencias, no dejaron conforme a la masa de empleados judiciales. Varios de ellos le hicieron saber a El Esquiú.com que se consideran usados por las protestas que llevaron a cabo y que, según lo afirman, terminarán favoreciendo a “los de arriba”. A partir de allí, expresan las miserias que se viven a diario en el Poder Judicial. Por ejemplo, expresan que son los trabajadores los que hacen todo, “menos las sentencias definitivas y algunas interlocutorias”, y cargan las tintas sobre ciertas secretarias que hasta preguntan sobre los artículos que se aplican o los plazos procesales. Aparte, acusan a algunas de ellas, con nombre propio, de ir cuando quieren o retirarse a cualquier hora. Tampoco ocultan el desencanto con los nombramientos que, en distintas épocas, realizó el ministro José Cáceres y que para nada ayudaron a mejorar el trabajo judicial. En síntesis, a pesar de que ya se pone en marcha la feria judicial, las cosas no están tranquilas en las comarcas tribunalicias.

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Acompañada por el intendente santamariano Jorge Andersch, el ministro Rubén Dusso y el presidente de EC SAPEM Guillermo Dalla Lasta, la gobernadora Corpacci supervisó el tendido eléctrico de media tensión que, desde Ampajango, proveerá de energía a la ciudad de Santa María. Conforme a lo que se comunicó oficialmente, el organismo de avenida Ocampo estima que la obra se pondrá en funcionamiento hacia finales de marzo de 2014, con lo cual se concluye que cuando a las obras las realiza el Estado existen grandes posibilidades de ejecutarlas en menos tiempo y a costos mucho menores. Decimos esto porque Ampajango-Santa María fue un emprendimiento que se concibió en épocas del Frente Cívico -gobernación de Brizuela del Moral- y, sin avances efectivos, pasó de empresa en empresa, provocándole ingentes gastos al Estado, aparte de no brindar solución alguna a los sufridos habitantes de los valles calchaquíes.

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Con relación al costo y tiempo de duración de algunas obras que, sin estar terminadas y sin que hubieran sido entregadas oficialmente por los constructores, fueron “inauguradas” por el exgobernador un mes y medio antes de terminar el mandato, convendría que el gobierno, a través de su Fiscalía de Estado, dé a conocer con lujo de detalles los tiempos de ejecución, los mayores costos y el gasto final que debió realizar el erario. Es que todo el mundo de la política habla de graves irregularidades que se habrían cometido desde el ministerio de Obras y Servicios Públicos, pero no se deslindan concretamente las responsabilidades. El exministro Juan Acuña, un amigo íntimo del exgobernador, encabeza el ranking de materializar eventuales mamarrachos con contornos de negociado durante el gobierno radical. Otro ejemplo que merece explicaciones es el famoso acueducto que también fue “otra inauguración” de Brizuela a fines de 2011, pero resulta que recién hace pocos días fue entregado al Estado por la empresa constructora. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuáles fueron los criterios empleados para hacer las inauguraciones de obra que recién comienzan a funcionar casi dos años y medio después? ¿Y a los costos quién los aclara? Algo parecido a lo que ocurrió con el estadio. Está muy lindo, pero hasta ahora no se sabe cuánto costó y si fue justo el precio pagado con regalías mineras.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como todos los martes, terminamos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos del pasado.
A principios de diciembre de 1988, en un acto cultural en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca, denominado “Clausura 88”, se realizó el cierre oficial de la temporada en las diversas actividades artísticas y culturales efectuadas por la Casa de Altos Estudios a través de la dependencia a cargo de Raúl Cippitelli, esto es, Extensión Cultural. Participó de la reunión el exrector de la institución Eduardo Brizuela del Moral. A partir de ese momento, Cippitelli acompañó siempre al exgobernador. Primero como secretario de Gobierno de la municipalidad de la Capital y, posteriormente, como ministro de Gobierno. Mientras cumplía estas funciones, en 2010, Brizuela del Moral lo propuso como ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, a la cual preside en la actualidad.

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Cuando finalizaba el año ´88 se dieron a conocer las primeras encuestas con relación a la elección presidencial que debía realizarse el 14 de mayo de 1989. El mandatario riojano Carlos Saúl Menem aventajaba por 22 puntos promedio a su par cordobés Eduardo César Angeloz. La diferencia se iba a mantener inalterable y, finalmente, quedaría reflejada en el escrutinio que consagró electo presidente de la Nación a Menem. Sin dudas que en estos comicios influyeron de manera decisiva, en detrimento de Angeloz, los tambaleantes momentos en la economía del mandato de Raúl Alfonsín. La inflación y el tembladeral económico, cuando se conocieron los números de encuesta, ya hacían estragos en la Argentina de finales de 1988. Por eso, aquella elección fue poco menos que un trámite.

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