Julio “Chicharrón” Vaca, un humorista cordobés, contaba en uno de sus espectáculos que la suya era una familia numerosa, describía los oficios de sus hermanos y al final decía que él se dedicó a la mora. “Yo fui el tipo más moroso que tuvo Córdoba. Tenía tres o cuatro embargos semanales. Llegaban el oficial de Justicia con los policías y eran como de la familia…”, luego interrumpía brevemente el relato en medio de las risas del público y agregaba: “Fui el creador de un sistema de compras, yo compraba todo así: Entrega inicial y el resto a juicio”.
Como chiste arrancaba carcajadas, pero las realidades a las que aludía no son para reír.
Miles de empleados públicos se encontraron con que el banco les hizo abultados descuentos en sus sueldos para pagar a las financieras de las que habían recibido préstamos. Muchos de ellos no saben cuánto dinero van abonando por el crédito, ni cuál es el número de cuotas que deben efectivizar. Pero lo peor es que en no pocos casos, especularon con la posibilidad de prorrogar el pago de la deuda que el sistema les permite, suponiendo casi ingenuamente que así podrían eludir la obligación que habían contraído. “El consumidor tiene que atender el compromiso y si hizo un contrato privado por un préstamo de dinero, debe dejar el dinero en la cuenta para que se realice el depósito a la financiera”, advirtió la jefa del departamento de Defensa del Consumidor, Érika Cobacho. La repartición a su cargo dictó una medida cautelar para que las entidades financieras no puedan efectivizar descuentos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Y está bien que ese organismo haya intervenido para controlar los procedimientos y evitar engaños a los consumidores. Pero si éstos contrajeron obligaciones y después eludieron asumirlas, mal podrá el gobierno solucionarles el problema.
Picardía en unos y falta de formación de los consumidores en general, asoman detrás de estas protestas.