Los impuestos son la fuente de financiamiento que tiene el Estado para poder funcionar. A través de su pago, los ciudadanos esperan la armónica regulación de la vida social, con la prestación de servicios y la realización de obras. La mayor parte de la recaudación corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es el tributo que más fondos reúne, ya que representa alrededor del 30% de estos ingresos públicos; le sigue el impuesto a las Ganancias, que suma el 18% y los tributos al Comercio Exterior que representan el 13%. Después están el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias que alcanza el 10%, el que se percibe sobre los Combustibles Líquidos con el 9% que grava la importación, refinación y comercialización de combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos. Asimismo están otros impuestos menores, más los provinciales y las contribuciones municipales.
Desde distintos sectores de la comunidad nacional se reclama una reforma total del sistema impositivo argentino, de manera tal que las cargas tributarias guarden proporción con las posibilidades económicas de cada segmento social.
Por estos días hay un fuerte cuestionamiento al impuesto a las Ganancias y una petición de elevar su base imponible. En medio de esta discusión, el diputado nacional Pablo Kosiner (FPV) presentó un proyecto de ley en el que propone que en esta carga sean incluidos los magistrados y funcionarios judiciales que hasta ahora están exentos de ese gravamen, aún cuando tienen suculentos sueldos.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, ayer se mostró a favor esa iniciativa: “La exención del impuesto a las Ganancias de los jueces no es un privilegio, es una injusticia”, dijo. Y tiene razón.
Mientras se espera una reforma estructural de las obligaciones tributarias para que los gravámenes sean equilibrados, estos cambios coyunturales deben hacerse sin demora.
Quienes deben garantizar justicia no pueden seguir reclamando para sí favoritismos que ahondan inmorales brechas sociales.