”No tuvo ningún cómplice porque no hizo nada. Yo sé que es inocente y hay evidencia en la causa que así lo demuestra”. Las declaraciones, dadas en forma exclusiva a este diario, pertenecen a Mario Orce, el padre del único imputado -Mauro- por el crimen de la psicóloga María Eugenia Rojas, ocurrido en la madrugada del pasado 29 de enero en un departamento de la avenida Virgen del Valle. La afirmación de Orce le agrega un manto de dudas a un hecho que produjo conmoción y tuvo una extraordinaria repercusión pública, quizá por las características de la víctima, su condición de profesional y ubicación social. Las revelaciones del progenitor del principal sospechoso, que deben agregarse a los dichos de su asesor legal -Pedro Vélez-, quiebran la versión inicial y, paralelamente, abren otras que podrían arrojar algunas sorpresas y que, momentáneamente, se están “cuchicheando” por lo bajo. El mismo Mario Orce, aunque sea elípticamente, las ha sugerido cuando, por ejemplo, dice “Mauro en todo momento explicó los horarios en los que se manejó y lo que afirma no se condice con las conclusiones a las que ya llegaron los peritos investigadores. Además, hay otras personas que declararon y dijeron cosas que no son investigadas. No quiero entrar en críticas a los fiscales, pero nuestro abogado les ha indicado cuestiones que no cierran y que podrían exculpar a mi hijo”.
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¿Cuáles serán esas cosas que le llaman la atención a la defensa de Orce? No lo sabemos, pero los comentarios se multiplican en torno a que podría surgir algún nuevo implicado de un nivel social muy parecido al de María Eugenia, como que estaría emparentado con conocidas familias del medio. Si bien la investigación se mantiene hermética, los fiscales confían en lograr resultados muy importantes una vez que se conozca la pericia que se estaría realizando sobre el teléfono celular de la víctima, el que podría contener datos de las personas que, sobre la hora del crimen, pudieron haberse comunicado con ella. Una vez que “hable” el BlackBerry que fuera encontrado bloqueado, se podría conseguir algún avance o, al menos, saber si las declaraciones de Mauro Orce se compadecen con hechos que pudieron ocurrir en la noche de la tragedia. Como quiera que sea, aunque resulte obvio destacarlo, el esclarecimiento de la muerte de la psicóloga mantiene alerta a la opinión pública.
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¡Otra exclusiva de El Esquiú.com en materia judicial! Adelantó la grave denuncia penal interpuesta por José Alberto Furque contra los tres ministros de la Corte de Justicia (José Ricardo Cáceres, Luis Raúl Cippitelli y Amelia Sesto de Leiva), a quienes acusó de prevaricato, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El reconocido abogado, exdiputado nacional y excandidato a gobernador por la UCR, basó sus argumentos en una condena dipuesta por la Justicia de Catamarca contra un ciudadano -Julio Aguiar- que purga 15 años de reclusión en el Servicio Penitenciario por la supuesta, y nada más que supuesta, muerte de su cuñado Lorenzo Saracho en la localidad belicha de Las Barrancas. Señala como hecho gravísimo que la sentencia se definió por el testimonio de una persona -hermana de la víctima- con severa deficiencia mental y lo complementó con un análisis ulterior del fallo. Furque revela que dos de los jueces (Mazzucco y Roselló) llegaron a conclusiones distintas con argumentos enfrentados y diametralmente opuestos, en tanto que el tercero (Esteban) definió la prisión de una persona adhiriendo al primer voto para establecer una mayoría formal y no argumentativa. Frente a lo que considera “una monstruosidad jurídica”, Furque interpuso casación pidiendo la nulidad del fallo, la que fue rechazada por los ministros de la Corte, lo mismo que el recurso extraordinario en el que invocaba precedentes emitidos por la Corte Suprema de la Nación “coincidentes con las presuntas arbitrariedades que presentaba el caso”.
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Furque remata su medulosa presentación con un cargo demasiado fuerte: “Aguiar se encuentra en la cárcel desde hace más de tres años por abuso de poder y la impunidad con que se manejan (referencia a los jueces del máximo tribunal) desde hace más de 20 años porque se sienten inamovibles, eternos y dueños de la verdad”. Si partimos de la base que ya hubo varios casos en nuestra provincia en los que ciudadanos terminaron pagando con cárcel hechos que no cometieron, no hay por qué descreer lo que afirma Furque con pruebas más que contundentes. El voto de los integrantes del Tribunal juzgador fue un canto a la incoherencia y el rechazo a la revisión, atendiendo jurisprudencia que sí existe, casi un desprecio ex profeso por parte de los cortesanos.
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El pasado político de los miembros de la Corte, de hecho, los hace más vulnerables frente a la presentación de Furque, que también es un político de estatura intelectual. Todos provienen de filas radicales o tuvieron algo que ver con los radicales y, de alguna manera, están enfrentados con quien fue dos veces diputado nacional (1983-1987 y 1987-1991) de la misma UCR. Cáceres (era candidato a senador por Valle Viejo cuando lo nombraron ministro) y Amelia Sesto de Leiva (activa militante de las marchas del silencio y figura decisiva del Caso Morales y de la intervención a la provincia en 1991) llegaron al supremo tribunal por decisión excluyente del senador nacional Oscar Castillo y Cippitelli lo hizo de la mano del exgobernador Brizuela del Moral, de quien fue su acompañante preferido tanto en la Universidad, como en la intendencia capitalina y la gobernación. Furque, enfrentado sin remilgos con Castillo y Brizuela del Moral, sabe de sobra que tiene que luchar contra el poder político que existe en la Justicia y, conociéndolo como se lo conoce, es seguro que dará batalla. No sólo con esta causa, sino con otras que estaría preparando.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente, ponemos punto final a los “Apuntes del Secretario” con el repaso de algunos hechos del pasado que pueden tener relación con el presente. Vamos a los de este martes, los que directa o indirectamente, tienen que ver con la Justicia.
Un 18 de febrero de 1988, dos ministros de Raúl Alfonsín, son interpelados en el Congreso de la Nación por los diputados peronistas. Se trataba de los titulares de Interior (Enrique Nosiglia) y Defensa (Horacio Jaunarena), quienes niegan rotundamente que el gobierno radical de aquel entonces estuviera estudiando una ley de amnistía para los militares “carapintadas” y los que pudieron haber cometido excesos en materia de derechos humanos. Así fueron las cosas. Alfonsín se fue del gobierno sin aceptar amnistía alguna, aunque durante su mandato se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Quien iba a poner en marcha la amnistía general para los genocidas y todo el espinel militar iba a ser Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación a partir del 8 de julio de 1989. Claro que ello duró hasta que llegó al poder Néstor Kirchner y borró para siempre las leyes promilitares, entre ellas el indulto menemista.
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Curiosidad judicial. Hace 25 años, un 18 de febrero, la Cámara de Senadores de la provincia trata los pliegos de nada menos 25 magistrados. En realidad, éstos venían cumpliendo funciones desde mucho antes y ya tenían un primer acuerdo sanatorial, pero según el gobierno debían ser confirmados en sus cargos, una situación impensada para los tiempos actuales. El tema, previo al tratamiento de los pliegos, dio lugar a un prolongado debate. Contra la opinión en contrario de los radicales, los peronistas argumentaron que si se debía prestar acuerdo al momento de la designación, también debía hacerse al momento de la confirmación. De esa forma, en aquella sesión, se aprobó la confirmación de 21 magistrados y hubo 4 rechazados. Los que pasaron el filtro senatorial fueron Mario Alberto Guzmán, Manuel Víctor Moreno, María Elena G. de Giordani, Jorge Juri, César Oviedo, Pedro Cúneo, Luis Herrero (actual y destacado juez nacional de la órbita previsional), Rafael Lobo Herrera, Nicolás Romero, Luis Gandini, Hilda Seleme Villafañe, Juan Manfredi, Manuel Herrera, Miguel Ángel Dabhar, Jorge Castellanos, Nilda Fanny Abratte, Víctor Castro, Blanca Jalil de Denett, Hugo Rizzo, Luisa Rivera de Buenader y Carlos Busato. Las cuatro denegatorias: Carmelo Alberto Mammana, Gabriel Alberto Maturano, Amelia Sesto de Leiva (actual ministra de la Corte) y Carlos Alberto Fornés.
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Un 19 de febrero del 88, el gobernador catamarqueño Vicente Leónides Saadi arriba a San Salvador de Jujuy para participar de la reunión del Norte Grande. Lo acompañan el presidente provisorio del Senado, Armando Seco; el presidente del exBanco de Catamarca, Luis Ribet y quien era su asesor principal en materia política, el salteño Julio Mera Figueroa, tío del actual vicegobernador de Catamarca, Dalmacio Mera.