La reciente polémica desatada por unas declaraciones que realizó el ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer, quien, molesto por una visita de diputadas opositoras al Centro de Recepción y Derivación -en donde se aloja a los menores en conflicto con la ley penal- descargó ácidos cuestionamientos a la política de minoridad de las gestiones radicales, volvió a poner en el centro de la escena las falencias que aún persisten en la contención que desde el Estado se brinda a niños y adolescentes que son sindicados de haber cometido algún delito.
Catamarca aún no ha podido adaptarse plenamente a las nuevas normativas que garantizan la Protección de Derechos de los niños, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En organismos oficiales y en la misma Justicia persisten miradas asociadas con el paradigma “tutelar” que estuvo vigente durante más de seis décadas. Tema aparte son las instituciones que no logran cumplir los requerimientos modernos que persiguen la promoción del niño con problemas y de su núcleo familiar.
Con el trágico antecedente de los cuatro menores muertos durante el incendio de la Alcaidía, en 2011, el Estado catamarqueño no puede demorar más la adecuación de sus instituciones, tanto en recursos materiales como humanos para atender a estos chicos. Cuestiones como la provisión de colchones ignífugos y matafuegos en los centros de alojamiento, por ejemplo, no debería ser siquiera un tema de debate, sino una elemental previsión de seguridad.
Además se deben poner en marcha programas de reinserción comunitaria y de tratamiento de las adicciones más efectivos para complementar estas acciones.
Los chicos en conflicto con la ley son quizás uno de los eslabones más débiles de la sociedad y todos los esfuerzos deben realizarse para protegerlos.