Más de quince años de explotación -por lo que se aprecia- parecen pocos para definir las reglas de juego de la minería. Desde las ya lejanas épocas del 90, cuando se hizo el peor de los arreglos para iniciar la actividad a cielo abierto -entonces se modificó la ley provincial y del diez por ciento de las regalías se pasó al tres, previa deducción de gastos-, hasta la fecha, no hay acuerdo definitivo sobre el uso de estos recursos que provienen de la principal riqueza que tiene Catamarca y que está enclavada en sus cerros imponentes. Una reglamentación plagada de ambigüedades le permitió al gobierno radical y a intendentes de distinta ideología política manejar este dinero con discrecionalidad y aplicarlo a gastos corrientes, en algunos casos de manera francamente vergonzosa. La tesitura tantas veces repetidas de que, por tratarse de recursos no renovables, debían ser aplicados a proyectos sustentables en el tiempo, quedó en buenas intenciones y si por allí había un político que quería hacer bien los deberes, por ejemplo un intendente, la reglamentación de que primero debía existir autorización del Tribunal de Cuentas frenaba aquellas buenas intenciones.
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El nuevo gobierno, envuelto en la crisis económica que azota a gran parte del mundo y con la herencia del desorden infinito, pretende encarrilar los rumbos. Aparte de exigir a las empresas que inviertan aquí (otorgando empleo y adquisición de bienes de servicio), ha ratificado que “si no hay negocio para la provincia, no hay negocio para nadie”. Ahora se ha decidido a establecer un acuerdo que involucre a todos -gobierno provincial e intendencias- y que se cumpla el fin último de la explotación minera, esto es, que la gente pueda palpar fehacientemente los beneficios de la actividad. Los gastos al voleo de los últimos tres lustros deberán terminar. Conforme lo ha especificado el ministro de Producción, Ángel Mercado, se va a iniciar el diálogo con los intendentes para confeccionar una nueva reglamentación, en lo que hace a distribución y administración, de la ley de regalías. Ojalá que esta historia -un anhelo de la gobernadora- termine bien y que, por fin, quede claro cómo se deben usar las regalías y cuáles son los proyectos referidos a producción. No puede ser que comprar una auto-bomba o construir un estadio de fútbol sean considerados proyectos sustentables. Muchísimo menos adquirir pirotecnia para un festival folclórico o pagar becas de trabajo.
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Dejar librado el uso de las regalías al criterio de los intendentes -políticos, al fin- sería un verdadero crimen, como ha quedado demostrado en estos años del boom minero. Bien decía Perón sobre sus funcionarios, “todos son honestos, pero si se los controla mucho mejor”. Lo que se busca aquí no es literalmente lo que decía el expresidente de la República. No se pretende que nadie controle a nadie, pero sí que las cosas salgan por consenso. Quien parece que no ha entendido bien, en el mismo arranque, es el intendente Alejandro Páez, que ha declarado a medios digitales andalgalenses que la iniciativa del gobierno está orientada a atacar las autonomías municipales. Lo que dice podrá ser discutible, pero lo hace cuando aún no ha sido escrita la nueva reglamentación y los antecedentes no hablan bien del manejo que hicieron los jefes municipales. En la misma Andalgalá existe el mal ejemplo del exintendente y hoy senador José Perea, que usó escandalosamente las regalías mineras. No en vano tiene 23 causas sobre las cuales deberá decidir la Justicia provincial. Y cerquita de allí está el exintendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, que a viva voz supo decir que empleaba las regalías para el pago de becas a desocupados. Ambos deberían pagar en serio semejantes despropósitos. Y en cuanto a la autonomía municipal que proclaman algunos, hay que terminar con los versos: se es autónomo o no se es autónomo. No a medias. Cuando me conviene sí y cuando no me conviene no.
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La posición de Páez, por ser un dirigente no alineado con el peronismo ni con el radicalismo (en el cual supo militar), siempre es interesante. Mucho más por la realidad política de un departamento donde, además del enfrentamiento radical-peronista, existe la disputa promineros-antimineros. De hecho, Páez ha sabido aprovechar estos cruces tan curiosos. Todos los ambientalistas lo votaron a él y pudo ganar porque radicales y peronistas (aunque fueran mineros) concurrieron por separado a las elecciones. Si el pleito se definiría entre “pro” y “anti”, el actual intendente tendría serios problemas para ganar. La compleja situación ha llevado a pensar en “La Perla” que en el futuro puede haber una alianza radical-peronista. Sería única a nivel provincial.
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Ha quedado confirmada la participación del exgobernador Hugo Alberto Mott (1973-1976) al lado del radicalismo provincial. La dirigencia “boinablanca” señala que se trata de “un aporte peronista” a la conformación de un nuevo Frente Cívico, lo cual confirma lo que repitió en varias oportunidades este diario. Que el Frente Cívico que gobernaba, o sea “el viejo”, efectivamente ha desaparecido. Por ahora, el aporte no se traduce en hechos concretos y, por el contrario, han llovido las críticas sobre el veterano dirigente. Los más suaves lo colocan a la par de López Rega, el brujo que acompañaba a Perón (y, especialmente, a Isabelita) y fue el inspirador de la temible Triple A. Son cosas que se dicen y que hay que probar. Lo que sabemos los catamarqueños y no se puede discutir es que Mott aceptó ser interventor municipal de un gobierno peronista con el que, supuestamente, tenía buenas relaciones. Los “compañeros” de aquella época, por lo que comentan, no se olvidan de aquellas circunstancias. Más allá de la cuestión personal, veremos cómo sigue el armado del entente radical, para el que también nombran a Mauricio Macri. ¿Es que detrás del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay alguien relacionado con la provincia?
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Termina febrero y se vienen las asambleas legislativas. El próximo viernes, o en fecha cercana, se definirán las autoridades de los concejos deliberantes. El que acapara mayor atención es el de la Capital, donde el Frente para la Victoria y el Frente Cívico están igualados en número de miembros. Siete por lado. El dilema no se pudo resolver a fines de noviembre, lo que le permitió a Simón Hernández (hijo) seguir al frente del cuerpo durante el verano. Ahora viene el encuentro decisivo que, por lo que sabe, está totalmente trabado. El Frente para la Victoria, que conduce el municipio en la figura de Raúl Jalil, pretende la conducción. A pesar de esta lógica, los radicales se aferran a seguir mandando en el cuerpo deliberativo. En cuanto a la Legislatura, el período de sesiones ordinarias recién comenzará el 1 de mayo cuando Lucía Corpacci realice la rendición de cuentas del último año.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como es habitual, terminamos los “Apuntes del Secretario” del día de la fecha con el recuerdo de acontecimientos políticos que puedan tener alguna relación con el presente.
El 26 de febrero de 1988, un día como hoy de hace 25 años, Amelia Sesto de Leiva presenta un recurso de amparo ante el juez Juan José Manfredi, quien hace lugar a la petición de ser restituida como juez Civil y Comercial. Como lo apuntamos en entregas anteriores de esta columna, la actual ministro de la Corte de Justicia de Catamarca no recibió acuerdo del Senado de la provincia (en aquel tiempo con abrumadora mayoría peronista) para ser confirmada en su cargo. Desde allí es que vienen las diferencias irreconciliables entre Sesto de Leiva y el partido peronista. Hay que acotar sobre esta historia, que aquel juez Manfredi fue recusado por enemistad manifiesta por quien era fiscal de Estado, don Luis Sánchez Recalde. Y, además, que la desplazada en 1988 tuvo participación excluyente a favor del radicalismo en 1990 y 1991. Fue una de las figuras que encabezaba las marchas del silencio y oficiaba de virtual mano derecha de la Hermana Martha Pelloni. También tuvo gran incidencia dentro del Caso Morales que, finalmente, determinó la intervención federal dispuesta por el presidente Carlos Saúl Menem.
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De igual forma, un 26 de febrero de 1988 se recuerda una tragedia que tuvo amplia repercusión pública. Ocurrió en el dique El Jumeal. Sorpresivamente cedió la pared del Club de Pesca -ya no existe más- en la que se encontraban conversando cuatro jóvenes, uno de los cuales -Pablo Ricardo Acuña, de 16 años- perdió la vida. Los otros tres quedaron heridos. Se trataba de Daniela Faerman, Graciana Colombo y Pablo Filippín, todos hijos de familias tradicionales de nuestra ciudad.