La reglamentación del uso de regalías mineras tiene consensos. No tan sólo ahora que el gobierno, a través del Ministerio de Producción, ha encarado la tarea de poner “blanco sobre negro” en un tema donde la ambigüedad permitió demasiadas picardías, sino desde siempre. Los principales actores de la sociedad, la clase política y especialmente la gente, quieren “cuentas claras” y nada mejor para ello que especificar contundentemente, sin margen para dobles o triples interpretaciones, lo que se debe hacer con el impuesto que proviene de la minería, el cual se cobrará hasta que se acabe la explotación. Cuando ello ocurra no habrá más regalías, detalle por el cual hay que crear las condiciones hoy para reemplazar recursos no renovables.

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Las voces que, en el límite del ridículo, han salido a destacar que con el proyecto oficial se ataca las autonomías municipales son las que quieren seguir manejando el dinero “a piacere” y emplearlo, con disfraces distintos, en tareas proselitistas. Por otro lado, la reglamentación no será una decisión unilateral, sino el resultado del debate hasta alcanzar consenso. Tampoco habrá participación excluyente de los intendentes oficialistas. También la oposición debe sentarse en la mesa de discusión y enriquecer el debate.

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Lo que sería muy interesante es que el debate se inicie ya. Hacerlo en fecha cercana a las elecciones, por razones obvias, sería inconveniente. La idea es que los proyectos de obra resulten aprobados por la comisión que vaya a formarse e inmediatamente se aplique el dinero de la minería. Nada de detenerlo en cuentas especiales y mucho manos emplearlo en gastos generales como, a lo largo de los últimos diez años, hicieron muchos jefes comunales y hasta el propio gobierno. La historia negra de las regalías registra antecedentes vergonzosos, la mayoría de los cuales fueron reflejados, en forma unánime, por la prensa local, agregando que hace falta mostrar a la gente las concreciones.