En el mundo del trabajo, hay reclamos para exigir reconocimientos de incentivos -que en algunos casos serían gravemente desproporcionados-, o mejores condiciones en los ámbitos laborales, o incrementos salariales, entre tantas otras reivindicaciones.
La resolución de los conflictos no siempre pasa por la justicia del reclamo o el respaldo social que tenga el sector que protesta. Hay quejas que no cuentan con adhesiones y sin embargo logran soluciones más rápidamente, y por otro lado hay reclamos legítimas que tardan en resolverse o nunca lo logran.
En alguna medida, tiene que ver con las leyes del mercado.
A modo de ejemplo, podemos mencionar que si la gran mayoría de los habitantes de la ciudad necesitan cruzar significativas distancias para asistir al trabajo, a la escuela u otras obligaciones, demandan la normal prestación del servicio de transporte. Los empresarios del sector conocen esta necesidad y por lo tanto presionan para obtener más ganancias exigiendo subsidios o el aumento en el precio del boleto. Esto último perjudica a los sectores económicamente más vulnerables, por lo tanto, la alternativa es que el Estado les aporte sumas considerables. ¿Es justo el pedido? ¿Hay un control sobre el uso de esos subsidios? Existe una gran duda. Pero el transporte no puede parar y esto hace que la exigencia empresaria deba ser escuchada. Le llaman huelga, aunque en realidad es un “lock-out” (que en inglés significa cerrar y dejar afuera).
Los docentes por su parte exigen incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo. Pueden darse las mismas dudas que pesan sobre los empresarios del transporte. Pero hay una diferencia que los perjudica: la sociedad no presiona tanto para que sus pedidos sean atendidos. Decimos que la Educación es importante, pero en los hechos no nos comprometemos en serio con ella. De ser como decimos, conformaríamos una sociedad que se mueve por lo inmediato, descuidando cuestiones que cada vez socavan más el futuro.