Apuntes del secretario

jueves, 14 de marzo de 2013 00:00
jueves, 14 de marzo de 2013 00:00

La muerte del joven Pablo Camaño en el accidente de circulación que protagonizó Elián Kotler quien, bajo los efectos del alcohol y manejando un automóvil aparentemente a alta velocidad, lo arrolló en la madrugada del 3 de marzo, reactivó las marchas del grupo conocido como FAVIATCA (Familiares y Amigos de las Víctimas de Accidentes de Tránsito de Catamarca), que lidera el odontólogo Julio Sánchez Reynoso. Los manifestantes vienen manteniendo una lucha sistemática en contra del Poder Judicial local y en particular de algunos jueces y fiscales por el tratamiento de las causas por muerte en accidentes de tránsito. Concretamente, les piden penas más duras, encarcelamiento de los culpables-sospechosos de causar muertes por negligencia al momento de conducir y apuntan sus dardos contra los funcionarios de la Justicia cuyas directivas, fallos o decisiones no son contestes con sus reclamos.

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El tema de las muertes por accidentes de circulación en Catamarca es más que preocupante. Año tras año crece la cantidad de víctimas y en un altísimo porcentaje, ocurren (las muertes) como consecuencia directa de actitudes negligentes. A nivel social, además, genera más bronca e impotencia cuando desde los sectores con niveles más altos -en términos de poder adquisitivo- existen quienes se convierten, involuntariamente pero con una gran cuota de responsabilidad, en victimarios. El siniestro protagonizado por Kotler tiene esas características. El joven de 24 años conducía un automóvil de varias decenas de miles de pesos, en forma imprudente por la velocidad y con una dosis más alta de la prevista de alcohol en sangre. Venía de participar en una fiesta con amigos y en plena avenida Ocampo, en la que se impone disminuir la marcha, arrolló con violencia letal a Camaño. Este último, por esas raras ironías de la vida, con su moto hacía rondas para evitar los robos en la zona alta de la ciudad. Es decir, se ganaba dignamente “el pan de cada día” cuando se encontró con la muerte. ¡ Una injusticia que lacera el corazón más indiferente !

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El arresto y posterior libertad de Kotler generó indignación en la sociedad que, por casos similares que ocurrieron tiempo atrás, tiene la sensación de que para aquellos con mayores recursos, es más fácil recuperar la libertad. Pero en este caso, al menos puntualmente, es necesario señalar que no hubo un tratamiento particular por portación de apellido. Se trató, lisa y llanamente, de la aplicación de la ley. Si una persona no tiene antecedentes penales y comete un delito cuya pena permite la excarcelación, que es el caso de Kotler, debe permanecer en libertad mientras dure el proceso penal. Ello no le quita responsabilidades. Puede perder la libertad al momento de ser hallado culpable en un eventual juicio oral y público, que tarde o temprano habrá de llegar. Sánchez Reynoso, somos conscientes que defiende causas nobles como aquella en la que le tocó perder a su propio y amado hijo, pero como buen ciudadano debe saber que no es de aplicación la “ley de la selva”. Pretender hacerlo lo lleva al campo de la irresponsabilidad. Por la trágica muerte del chico Camaño pidió públicamente el apartamiento del fiscal que investiga el caso sin ser siquiera parte en la causa y, además, sin tener más fundamento que la discrepancia con lo que dice la legislación, no el fiscal. En la vehemencia del reclamo, paradójicamente, quiere que el funcionario de la discordia “no haga cumplir la ley”. Obviamente: eso no debe ocurrir.

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La Fiscalía de Instrucción tiene muchos flancos débiles en el tratamiento de los accidentes de circulación, y en otros hechos también. Causas mal instruidas y directivas inexistentes o mal dadas y otras yerbas generan una atraso en la administración de justicia que es inadmisible. Curiosamente, FAVIATCA no apunta a esos flancos y sólo encuentra satisfacción en el encarcelamiento sin tener en cuenta las particularidades de cada caso, lo cual en realidad le puede quitar fuerza a su reclamo. Y, con esto, no negamos que quien actúa con tal desprecio por la vida ajena al conducir alcoholizado convierte al vehículo en un arma mortal. Quizá sea una discusión válida si es necesario agravar las penas para este tipo de hechos que para muchos tienen condena demasiado leve. Pero esa no es la función de los fiscales o los jueces, sino de los legisladores nacionales que deberían desglosar el articulado del Código Penal en lo referente a Homicidios Culposos. Aunque no hay que olvidar que al momento de condenar una conducta ilícita, el espíritu de la ley penal castiga con más severidad la intención. Por último, también es criticable que los ciudadanos que llegan a juicio por un culposo dependan del juzgado que les toca. Como lo dijimos en entregas anteriores, hay en Catamarca un juez que dicta condenas con prisión efectiva y otro que no. La Justicia, así concebida, que quede claro, no es el resultado de un sorteo de la tómbola….
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La situación del fiscal de Santa María, Marcelo González, hay que decirlo con todas letras, es un verdadero símbolo del funcionamiento de esta Justicia catamarqueña y de alguna indolencia de la política para solucionar el problema de fondo. Más allá del trabajo que tiene el funcionario, poco o mucho, está directamente enfrentado con la sociedad y cuando ello ocurre no hay forma de conseguir soluciones. Aparte, el problema no es nuevo. Viene desde hace varios años y no en vano fue sometido a un jury de enjuciamiento que no consiguió desplazarlo del cargo. Hay que aclarar sobre el particular que no fue porque los integrantes del jury analizaron su conducta y la consideraron irreprochable. Simplemente no hubo decisión firme y el gobierno anterior, a través de los tentáculos que llegaban a una Justicia que tenía su mismo color político, resolvió salvarlo. Hoy, ya el nuevo gobierno, determina la “segunda salvación” para González al crearle una fiscalía para que vaya a atender cuestiones civiles, mientras otro fiscal se haría cargo de los temas penales que, en definitiva, son los que motivaron la “pueblada”. ¿No hay otra forma de reemplazar a una persona que, al quitarle las causas, se le certifica que no supo llevarlas? ¿Cómo se producen las correcciones en el Poder Judicial? ¿Dándole un “trabajito” más liviano a quien pudo haber cometido deslices u omisiones? En tal caso, quienes persiguen la “democratización de la Justicia” tienen razón: en ese Poder no pagan impuestos, sus integrantes ganan los mejores sueldos, se toleran errores y no existen penas. ¿Y cómo se puede castigar o desplazar a alguien si un miembro de la Corte de Justicia, de esta Corte, supo humillar a un fiscal por haber tomado una decisión que no compartía y nadie le dijo nada? ¿Se acuerdan los lectores de aquella vez, hace dos años, cuando el ministro José Cáceres invadió la oficina del fiscal Mazzucco y le descargó sus iras por haber tomado determinaciones sobre equis persona? En cualquier lugar del orbe, se trataba de un juicio político clavado….menos en Catamarca.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente los jueves, domingos y martes, finalizamos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de los hechos del pasado.
El 10 de marzo de 1988 los concejales de la Capital por la Unión Cívica Radical, Jorge Luis Coronel y Néstor Julio Gómez, presentaron un proyecto de Resolución propiciando que el Departamento Ejecutivo Municipal tomara las medidas necesarias para la construcción de “pianitos” o serruchos de cemento para obstaculizar la velocidad. Fueron pioneros en la materia, es cierto. Hoy en esta Capital y varias ciudades del interior existen estas pequeñas lomadas -muchas de ellas pedidas por los vecinos- para reducir la velocidad y evitar accidentes, aunque éstos hayan aumentado considerablemente. Respecto de los autores del proyecto hay que consignar que el exconcejal Jorge Luis Coronel, a pesar de los años transcurridos, se mantiene en la política. Es el actual intendente de Tapso (Los Altos), donde viene cumpliendo una ya dilatada tarea. Fue elegido Lord Mayor nada menos que tres veces (2003, 2007 y 2011).

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También hace 25 años atrás, en marzo, durante la novena sesión del período extraordinario (el ordinario, como se sabe, se inicia el 1 de mayo con el discurso de apertura del titular del Poder Ejecutivo), la Cámara de Senadores prestó acuerdo para la designación de Juez de Primera Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá. La designación recayó en la persona del Dr. Jorge Eduardo Crook, hoy reconocido camarista del foro local. En la misma sesión, por moción del senador de Belén, Marcos Efraín Saadi, ya fallecido, pasó a tratarse el pliego para la designación de Juez en Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación proponiéndose para tales funciones a la Dra. Nilda Fanny Abrate de Varrone, la que finalmente recibió el pase de aquella Cámara de Senadores que, mayoritariamente, era dominada por el peronismo.

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