El discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración del período de Sesiones del Congreso de la Nación, como se sabe, tuvo un especial acápite dedicado en forma exclusiva al Poder Judicial. Fue contundente la mandataria al señalar que en la historia argentina, y en los tiempos más turbios de la dictadura militar, los poderes que fueron avasallados fueron el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el Judicial siempre gozó, de una forma u otra, de una inmunidad que le permitió permanecer al margen de los atropellos insitucionales que caracterizaron al siglo XX en la Argentina. Es por ello quizá que muchos funcionarios permanecieron en sus cargos y permanecen aún después de haber actuado como funcionarios judiciales en la que fue una de las patas fundamental en las que se apoyó el terrorismo de Estado y sobre los que el brazo de la Justicia todavía no ha calado muy profundamente.

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Los miembros de la Corte de Justicia de Catamarca saben que los comprenden las generales de la ley en buena parte de ese discurso. Durante los años 90, cuando ardía en Catamarca el caso María Soledad Morales, y mediante la conformación de un Consejo de la Magistratura sui generis, se logró sentar en el tribunal de la Cámara Penal Nº2 a Santiago Olmedo de Arzuaga, quien junto a Edgardo Álvarez y Jorge Álvarez Morales cumplió el mandato de emitir una sentencia condenatoria en contra de Guillermo Luque y Luis Tula, más allá de que el expediente adolecía de hambruna probatoria. Más de una década Olmedo de Arzuaga conformó el tribunal que decidió sobre la vida de cientos de catamarqueños. Hasta que la Justicia finalmente lo requirió, cuando ya durante el gobierno de Néstor Kircher se levantaron las vergonzantes leyes de la impunidad y volvieron a investigarse los delitos de lesa humanidad, para que diera cuenta de su accionar como fiscal durante la negra dictadura en su Santiago del Estero natal, donde lo acusan de haber obstaculizado la búsqueda de quienes habían sido encarcelados por la dictadura y que posteriormente pasaron a engrosar las listas de los 30.000 de-saparecidos.

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La presidenta hizo una fuerte apuesta a la democratización de la Justicia, una cuenta pendiente a saldar en esta democracia argentina que este año cumplirá treinta años ininterrumpidos. Parte de esa transformación que adeuda uno de los pilares institucionales de la República tiene que ver con la transparencia de cara a la sociedad de todo lo que ocurre puertas adentro de los palacios tribunalicios. Aquí también los magistrados catamarqueños tienen más de un motivo para ruborizarse. Es que la información en la Justicia local se maneja con tanta discrecionalidad que los ciudadanos no pueden saber a ciencia cierta cómo funciona la Justicia. A tal punto que hay una buena cantidad de magistrados sobre los que directamente no se conoce qué hacen, cómo trabajan y si cumplen el honorable rol que les fue confiado. Y no es que deban convertirse en “mediáticos”, pero sí sería saludable que rindieran cuentas, en forma mensual, anual, pero periódicamente, de las causas que resuelven. Son contados con los dedos de las manos quienes saben cómo actúa la Justicia en sus distintos estamentos. Sólo están más expuestos -aunque no mucho- quienes trabajan en el fuero penal, ya que es donde los medios de comunicación tienen más rápido acceso a lo que ocurre públicamente. Pero incluso allí la información es sesgada.

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Es que las fiscalías penales se amparan en una acordada bastante ridícula que les impide hacer declaraciones sobre las investigaciones. Lo de ridícula viene a cuento de que prácticamente nadie la cumple, aunque la utilizan para ocultar información o darle “protección” a determinados personajes; un privilegio que no tienen todos. Mientras tanto, no se conocen estadísticas sobre los delitos que se investigan, cuántas causas entran y cuántas se resuelven en determinados lapsos. Acceder a esta información es un derecho conculcado no a la prensa, sino a los ciudadanos. Pero así, según el humor social, se pueden resolver o apilar expedientes. Por caso, si FAVIATCA eleva el tono de las protestas conseguirá que los fiscales desempolven los expedientes que tienen amontonados sobre accidentes de tránsito con víctimas fatales y apuren resoluciones.

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El intendente de Fiambalá, Amado David “Coco” Quintar tuvo, nuevamente, duros cuestionamientos para con el diario La Unión, al que acusó de haberse convertido en un “pasquín que responde directamente al gobierno” y que “es un diario que ya no lo lee Catamarca porque se convirtió en una cartilla, en una gacetilla de prensa del gobierno”. Las declaraciones de Quintar fueron realizadas la última semana en la radio tinogasteña Esperanza, el medio de Daniel Ramos, que también motoriza el sitio “Voces Escritas”, desde donde realiza agrias críticas contra el gobierno de Lucía Corpacci. Al mismo tiempo, Ramos fue cuestionado días atrás con pintadas en las calles de Fiambalá que lo acusaban de “no trabajar y cobrar religiosamente todos los meses”. Según las voces entendidas, Ramos es empleado de la Municipalidad de Fiambalá y responde políticamente al “Coco” y a Bernardo Quintar.
El jefe comunal de Fiambalá mantiene desde el año pasado un duro enfrentamiento con el tabloide de la calle San Martín, al que acusó de pedirle coimas -$5.000- para sacarlo “rubio y de ojos celestes”. Ante la negativa del “Coco”, en La Unión comenzaron una campaña de desprestigio sin ningún tipo de tapujos y con una torpeza supina. En esta oportunidad, también apuntó contra el Gobierno y sin dar nombres, Quintar afirmó que hay funcionarios que le pagan a los medios de comunicación con el fin de de hacer publicaciones a favor de la actual gestión provincial.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con la memoración de hechos que ocurrieron un cuarto de siglo atrás. Veamos la de este domingo.
Un 2 de marzo de 1988, autoridades provinciales de los tres poderes encabezadas por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Oscar Ramón Garbe, presentaron su saludo al obispo de Catamarca, monseñor Alfonso Torres Farías, con motivo de celebrar su jubileo episcopal. El obispo agradeció el gesto destacando la armonía que existía entre la iglesia y el poder civil. El día 3 de marzo, cabe destacarlo, fue decretado asueto por el jubiloso acontecimiento que vivía la Iglesia de Catamarca. Días más tarde, comenzando con un acto en la Legislatura provincial, numerosas instituciones le rindieron homenaje a quien había asumido el obispado en marzo de 1963. También hay que consignar que Torres Farías, un hombre austero, humilde y con silenciosa tarea pastoral, murió en ese mismo año 1988.

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El 3 de marzo del mismo año el gobierno de Raúl Alfonsin declaró en situación de “alerta defensiva” y de “vigilancia” a las fuerzas de mar, tierra y aire al aproximarse el comienzo de anunciadas maniobras militares británicas en las islas Malvinas y al mismo tiempo anunció una advertencia a las naves que operaran en el Atlántico sur para evitar que se produjeran incidentes. En el comunicado, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa aseveraron que ante la proximidad de las maniobras, que significaban una movilización de 5000 hombres, se mantendrían bajo estrecha vigilancia las actividades militares británicas. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, dijo que la Argentina iba a dar respuesta a las hipótesis que podrían plantearse en torno a los ejercicios militares del Reino Unido.