Desde hace más de una semana, la UCR -a través de algunos diputados e intendentes- viene proponiendo una reunión para analizar la anunciada reglamentación de la ley de regalías mineras. Ya fracasó una convocatoria que supo lanzar el Lord Mayor andalgalense, Alejandro Páez, lo mismo que otra similar del partido de oposición. Hoy se haría un nuevo intento y posiblemente pueda debatirse el tema aunque, desde ya lo adelantamos, será muy difícil redactar un pronunciamiento de coherencia. Es que la idea de oponerse al gobierno puede enfrentar a la UCR con la gente y, obviamente, se trata de un asunto políticamente delicado. Es que las grandes rebeliones populares que se hicieron contra la minería se iniciaron por el mal uso de las regalías, que es precisamente lo que busca evitar el gobierno provincial.

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Si la gente no palpa el beneficio de la minería con hechos concretos y obras que aseguren la producción o generen empleo genuino, es muy probable que rechace la explotación que, presuntamente, venía a solucionar los problemas estructurales de Catamarca. Además, se sabe de sobra que fueron numerosos los intendentes y gobernantes en general que malgastaron estos recursos, por lo que inclusive deberían estar presos. ¿Cómo se explica ahora que los intendentes deben seguir manejando, a su libre albedrío, los dineros que provienen de riquezas no renovables?

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La cantinela de las autonomías municipales, prescriptas por la Constitución, no va a convencer a nadie. La gente común, en su gran mayoría, no entiende de esta entelequia -o sea una cosa irreal- de la autonomía. Lo que sí sabe es que los intendentes se malgastaron los dineros de las regalías en forma ilegal. Y aquí los pecados de omisión corresponden en un 100% a la UCR, que fue el partido que puso y dispuso la explotación de la minería. El nuevo gobierno solamente aspira a reglamentar la ley y, para despejar dudas, lo quiere hacer con el consenso de la totalidad de los jefes comunales, sean del bando que sea.