La minería es la actividad que más dinero gana en la Argentina del siglo XXI. Para dar una idea de lo que decimos, se puede afirmar que anualmente recauda más del doble que la soja, cuya comercialización es considerada la base de la economía nacional y las exportaciones.
Uno de los motivos fundamentales del auge minero no es el precio siempre en ascenso de los metales, que también importa -especialmente el del oro-, sino las leyes que han permitido que el país se convierta en bocado apetecible de las grandes multinacionales dedicadas a la exploración y explotación.
Aun sabiendo que se podría ganar mucho más por permitir que Alumbrera, Minera del Altiplano o, más adelante, Agua Rica se lleven nuestras riquezas, hay que aceptar que la minería en Catamarca deja buenos dividendos. Sin ellos no se podría funcionar y nuevamente resurgirían, aparte de los reclamos sociales, las voces de referencia como provincia inviable.
El gran problema es que la renta minera no fue bien empleada por gobernantes irresponsables e inescrupulosos que, a partir de una ley ambigua, emplearon los dineros de regalías mineras en gastos corrientes, improductivos y, en ocasiones, lindantes con el delito. De esta forma, la jugosa tajada de la minería no alimentó los emprendimientos verdaderamente productivos que los radicales le anunciaron a la gente, a la que engañaron vilmente. Y ahora, con la misma irresponsabilidad de antaño, hay quienes pretenden volver a engañarla.

La distancia del poder

El exsenador Baglini, un radical mendocino de pura cepa y con actuación excluyente en la década del 90, fue el creador del teorema que lleva su nombre. Dice lo siguiente: “La responsabilidad de la propuesta es inversamente proporcional a la distancia que la separa del poder”.
La relación de Baglini es perfectamente aplicable a la discusión que se ha generado alrededor de las regalías mineras. El panperonismo local en el gobierno aparece mucho más responsable que cuando estaba en el llano. Quiere reglamentar la ley y que todos la cumplan, porque sabe que es la única forma -con proyectos productivos- de mostrar que la minería deja réditos palpables.
Al radicalismo, alejado del poder, no le importan demasiado las sutilezas del gasto. Aspira a que sus intendentes -17 en total- manejen dineros de libre disponibilidad y por ello se oponen, aunque en el fondo sepan que es lo que corresponde, a cualquier modificación reglamentaria.
La administración provincial, la actual y la anterior, saben que la lectura de la ley habilita a cualquier mamarracho. Quien desee malversar fondos, utilizando cualquier verso, puede hacerlo porque el término productivo tiene múltiples aplicaciones. Y hasta le puede achacar responsabilidades al Tribunal de Cuentas por no aprobarle rápido los “proyectos productivos”. Sabemos bien como es la historia de los políticos: “Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía”.

Pasado tenebroso

Se preguntarán los lectores ¿por qué se quiere reglamentar ahora una ley que tiene más de diez años de existencia?
La principal razón es la de saldar una irresponsabilidad mayúscula. No se puede entregar dinero que viene de recursos no renovables como la minería a intendentes que gastan coparticipación, fondo sojero y ayudas extras, todo junto, en proselitismo barato. Es como pedirles a los tahúres que cuiden la plata. Y en esta tierra los tahúres son de todos los bandos. Antes los peronistas, ahora los radicales.
Así funcionó la relación gobierno-municipios en los dos períodos de Brizuela del Moral.
De esta forma el exintendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, pagaba becas y subsidios con los fondos de regalías. Y nada es que malversaba: se jactaba de hacerlo.
Al exintendente Jalile le iniciaron una causa por haber gastado fondos de regalías en menesteres pocos claros y hasta al propio exgobernador Brizuela del Moral habría que imputarle por haber construido, con los fondos que había que cuidar “como las joyas de la abuela”, un estadio que de productivo no tiene nada. Más aún: es total y absolutamente improductivo.
Estos funcionarios no son los únicos que aprovecharon los vericuetos permisivos de la ley. Casi todos lo hicieron. Otros casos no son conocidos porque supieron disimular (al revés de “Telchi”) o, más simplemente, porque no fueron denunciados.
Otro ejemplo de irresponsabilidad mayúscula fue el caso del exintendente de Andalgalá, José Eduardo Perea, un protegido de la Casa Rosada en otros tiempos. Tiene causas judiciales a rolete por distraer regalías en cuestiones increíbles.
Compró un campo, en perfecta triangulación, en las afueras de Andalgalá y anunció que allí se erigiría la nueva zona productiva. Una gran mentira. A nadie se le ocurriría poner nada en lo que es una lomada estéril por la que se pagó una fortuna.
También se dio el lujo, siempre con regalías, de traer a la Argentina un economista de trayectoria internacional como Stils o politequear con otras grandes realizaciones orientadas a extender su poder más allá de las fronteras andalgalenses. Cuando lo hizo, en toda la provincia, salió último con una cosecha menor a los 4.000 votos. La plata de regalías fue tirada en afiches, publicidad y cuanto gasto demanda la política.

Intereses cruzados

El gobierno de Lucía Corpacci libra una gran batalla contra los que se oponen al desarrollo de la minería, entre los que se incluye la prensa nacional. Y únicamente va a salir airosa con el apoyo de la gente, el que se logrará con obras, no con los despilfarros que se hicieron durante el mandato radical.
El 15 de febrero se cumplió el tercer aniversario de los graves incidentes en Andalgalá, cuando los antimineros destrozaron todo, hasta el edificio municipal. El recuerdo de lo que ellos consideran una gesta histórica, esta vez, pasó completamente desapercibido. Apenas 50 autos, a bocinazos limpios, dieron vuelta a la plaza principal, en tanto la movilización semanal prácticamente ya no existe.
Tampoco la prensa nacional se animó en esta oportunidad a instalarse en los pueblos mineros. Saben que las cosas están cambiando.
Pero cuando la política mete sus intereses, comienzan los problemas. La tarea del gobierno, que es la que corresponde hacer, pretende ser contrarrestada por una oposición que, antes de favorecer los intereses de los catamarqueños, juega al caos. Pujar para que los intendentes gasten las regalías en el pago de sueldos, becas y cosas por el estilo, es eso, una apuesta al caos.
Pero, además, existiría un componente que torna aun más temeraria la conducta de la oposición radical. Sin el dinero del Estado con el que afrontó las elecciones durante veinte años, los artífices de la movida a favor de los intendentes ven en las regalías uno de los pocos expedientes para financiar la campaña que se avecina.
La idea sería la de iniciar obras -cualquiera sea- y establecer arreglos de sobrefacturación con los constructores amigos para quedarse con dinero a emplear en el proselitismo.
Este último, y no otra, sería el motivo fundamental del acercamiento de la cúpula radical con el intendente Alejandro Páez, el jefe de la comuna que más dinero recibe en concepto de regalías, a pesar de su postura antiminera.
¿De qué otra forma puede entenderse que enemigos acérrimos sean, de la noche a la mañana, amigos hasta las últimas consecuencias? ¿De golpe pasó al olvido que Páez participó de las elecciones en que los radicales perdieron el gobierno con un partido distinto? ¿El intendente olvidó acaso que sus amigos, castillistas y brizuelistas, que lo visitaron hace una semana en Andalgalá son los mismos que le impidieron ser candidato a presidente del comité provincial y varios de ellos pidieron su expulsión?
En este cónclave andalgalense está la explicación a la posición radical respecto de la instrumentación del reglamento para utilizar regalías.

Palabras, sólo palabras

“Lo preocupante aquí es el avance que pretende ejercer el gobierno sobre facultades que tienen sólo los municipios en el uso de las regalías. Es necesario resaltar que nadie está en contra de que se logre una mayor eficiencia, pero esto no quiere decir que la provincia pueda avanzar en facultades que le corresponden a los municipios”, explicó el apoderado radical Víctor Quinteros.
Cualquier principiante de la política le respondería que no hay forma de conseguir eficiencia con la política implementada por los “Telchi”, los “Perea”, los “Jalile”, los “Brizuela del Moral”. Es la que quiere Quinteros que se mantenga en postura contraria a la del gobierno.
¿Que se va a perder la autonomía municipal? Otra gran mentira de los activistas del caos. Los intendentes, de hecho, no tienen ninguna autonomía. Dependen del Poder Ejecutivo (piden plata para sueldos, para aumentos, para premios extras, etc) y en la controversia de las regalías no perderán ni un centavo, pero la calidad del gasto será diferente.
Se lo destinará (al gasto) a las obras que pide la gente, las que tienen que ver fundamentalmente con servicios públicos (redes eléctricas, acueductos, gasoductos, etc) que servirán de verdadera plataforma para el desarrollo de los pueblos.
Está claro. Hay quienes apuestan al futuro y hay quienes apuestan al atraso. En el medio están las regalías mineras, que pertenecen al pueblo de Catamarca, no a políticos que, como lo han señalado en reiteradas oportunidades y todos estos años los principales medios de la provincia, se han robado las ilusiones de la gente y, por si fuera poco, con definiciones sin sustento, quieren que el atraso estructural de Catamarca permanezca por “los siglos de los siglos”.
Terminamos nuestro comentario político semanal con un anhelo. Que en la campaña electoral, a partir de que el 99% de la población es prominera, se discuta la administración de las regalías. Los que estén de acuerdo con que se manejen “como bola sin manija”, sin subterfugios, que lo digan. Que también lo digan en campaña los que hayan optado por los controles. Y que el soberano resuelva.