Muy grave

sábado, 09 de marzo de 2013 00:00
sábado, 09 de marzo de 2013 00:00

En diciembre último, un diputado mendocino presentó un proyecto de ley provincial para prohibir los allanamientos a medios de comunicación social que tengan como finalidad incautar documentación periodística. La iniciativa del legislador Luis Petri apunta a reformar dos artículos del Código Procesal de Mendoza para preservar la libertad de expresión y propone que igual disposición se adopte a nivel nacional. “Estamos viviendo una época enrarecida donde hay persecución a medios de comunicación, hay manejo discrecional de pautas publicitarias, se han producido allanamientos y registros a medios como una forma de presión”, dijo Petri al fundamentar su iniciativa. Ante ello, dijo, “todos los poderes de la República tenemos que estar atentos y establecer, en este caso el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, mecanismos que salvaguarden la libertad de expresión”.
“Este derecho comprende el de hacer reserva de documentos, grabaciones o elementos soportes de medios electrónicos relacionados con el ejercicio de su profesión”, indicó el texto.
En tanto, la segunda modificación hace referencia a que “no podrá ordenarse el allanamiento o registro de medios de comunicación con el objeto de incautar documentación periodística, registros e información del banco de datos y del archivo de los mismos”.
Este proyecto mendocino cobra valor en Catamarca estos días en que el juez Julio César Acuña de la circunscripción judicial de Santa María, ordenó allanar los canales de televisión locales para secuestrar filmaciones que registraron desmanes sucedidos frente a la Fiscalía santamariana.
En varias ocasiones, fiscales o jueces solicitaron a El Esquiú.com fotografías o documentos que podrían ayudar a esclarecer causas. Pero usaron una vía procesal y expusieron fundamentos para su pedido. Acuña no pidió ni hizo gestión previa alguna. Allanó directamente. Esta acción se entendió como un intento de amordazamiento al periodismo.
El episodio es muy grave, más si trascendió que los magistrados culpan a los medios por las crecientes marchas que piden esclarecimientos de casos en ese departamento.

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