Uno de los pilares sobre los que se fundamentó la destrucción socioeconómica más profunda que sufrió la Argentina entre 1976 y 2003 fue la instauración de la idea de que el Estado es ineficiente y que por achicarlo y entregar la administración a los capitales privados iba a significar la mejora de la calidad de vida. Huelgan las palabras con sólo mirar hacia atrás y ver las consecuencias de la fiebre privatizadora que comenzó, como parte del plan neoliberal, durante la nefasta década del noventa.
Catamarca, tanto como el resto del país, aún sufre las consecuencias de ese ensañamiento que dio lugar al enriquecimiento de unos pocos, a la concentración de las riquezas y la profundización de la pobreza, empujando hacia afuera del sistema a grandes masas de ciudadanos, lo cual significa que no pueden acceder a las mínimas condiciones de vida digna por cuestiones económicas. Los cambios de paradigmas que se vienen ejecutando, van poco a poco recogiendo el hilo del barrilete y corrigiendo rumbos.
En ese afán, extirpar del inconsciente colectivo la idea de la ineficacia estatal, tanto como la idea negativa de la acción y militancia política, que se enraizaron como parásitos en la sociedad para el beneficio de unos pocos, es necesario que sea el Estado el que impulse acciones hacia los sectores más postergados garantizándoles mejoras sustanciales en las condiciones de vida, acortando brechas a través de la inclusión.
Así, brindar soluciones de servicios básicos como la energía en poblaciones a las que sólo se llega a caballo, o la asistencia a través de organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que abrió una oficina en Santa María para solventar, respaldar y capacitar a los pequeños productores, son posibles sólo con la presencia de una administración cuyos logros y beneficios no se miden con la vara de la rentabilidad.