Desde la Jefatura de Policía se concretó lo que en la jerga suele llamarse una “purga” para adecuar las filas al momento político. Los últimos movimientos en la fuerza, algunos de los cuales habían sido anticipados por El Esquiú.com, aunque fueron presentados como una “reestructuración”, tienen que ver en realidad con una de las modificaciones más profundas que pretende impulsar el Gobierno de la Provincia, que es la Ley de Seguridad, que cuenta con media sanción en Diputados y debe debatirse en el Senado.

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Los comisarios que ayer fueron pasados a disponibilidad, Marcelo Orellana, jefe de la Regional Recreo; Alberto Oliva, jefe de la Regional Capayán; Ángel Galván, jefe de la Regional Belén; César Perea, de Piedra Blanca; Claudio Santillán, jefe de Operación y Comando Logístico de la Jefatura General de Policía, y Jorge Fernández, jefe de la Regional Tinogasta; se suman al alejamiento de los comisarios Rubén Moreira y Ángel Salas, el subjefe y el comisario inspector respectivamente. El primero fue reemplazado por el comisario Néstor Lazarte, y el reemplazante de Salas se conocerá en breve. Para concretar el ascenso de Lazarte, era necesario pasar a disponibilidad a quienes lo precedían en orden de ascenso.

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El año pasado, desde la fuerza policial se opuso una férrea resistencia al proyecto de ley que propone, entre las cuestiones salientes, quitarle el manejo de la administración económica de la Policía, los ascensos dentro de la fuerza, además de la investigación de las irregularidades a través de la oficina de sumarios. Los comisarios hoy desplazados, fueron los que más oposición pusieron a la nueva normativa. Ayer, al tomar conocimiento de la medida, hubo malestar, ya que el pase a disponibilidad es una medida que se toma con quienes cometen faltas graves o están involucrados en hechos ilícitos. Aunque los ánimos se fueron calmando conforme fueron dialogando con el jefe de Policía, Juan Palomeque.