El Tribunal de Cuentas anunció que citará a declarar a los exfuncionarios del gobierno anterior Juan Acuña (ministro de Obras Públicas) y Rafael Assante (subsecretario de Servicios Públicos). Lo publicado por los medios no debería quedar en anécdota ya que deberán explicar sobre la adquisición e instalación de generadores para producir energía en el cerro Ancasti.
Digamos que se trata de la segunda noticia sobre un mismo tema. Ya en octubre de 2012, por una denuncia penal de la Fiscalía de Estado, se prometió aclarar sobre gestiones pretéritas que nunca terminan de definirse. No vamos a abrir opinión en este espacio editorial sobre dichos del pasado que señalaban la posibilidad cierta, conforme a las explicaciones que se dieron, de que Catamarca podía generar su propia energía, un argumento que sirvió para justificar viajes al Viejo Mundo.
A la obra, como otras de distinta naturaleza, se la puede observar transitando la Ruta de Circunvalación de la ciudad, a la altura del cruce que nos lleva a Tucumán, ya en el departamento Valle Viejo. Allí, como mudos testigos de lo que decimos, están las instalaciones sin funcionamiento alguno. El tema se anota dentro del marco de los servicios públicos, cuestión lacerante para la piel de los catamarqueños que, tarde o temprano, se va a reactualizar por el hecho de existir un juicio de la exEDECAT -propiedad de la familia Taselli- contra la provincia, y si ese juicio se pierde, todos los ciudadanos catamarqueños deberán pagar el precio de hechos que la Justicia habrá calificado como irresponsables. Si no lo son, mucho mejor, no habrá problemas.
Quizá Juan Acuña y Rafael Assante tengan que responder por acciones de gobierno que sucedieron entre 2003 y 2011 y que aun no han prescripto. Al hacerlo, sin embargo, deberán explicar a la Justicia qué recibieron en materia de servicios públicos al momento de iniciar las actividades respectivas como funcionarios.
Si el anuncio del Tribunal de Cuentas y su posterior expedición no se concretan en hechos palpables, una vez más estaremos frente a la presencia de fuegos de artificio que la política emplea para hacer creer a los ciudadanos que se actúa con rendición de cuentas de los funcionarios.
En síntesis. Si en la Justicia anida una denuncia que puede ser catastrófica para los intereses de Catamarca, conviene que se comience a deslindar las responsabilidades. Abogamos por una investigación seria y que el remanido slogan “caiga quien caiga” no sea, una vez más, discurso de circunstancia.