El gobierno provincial, a través de la AGAP (Administración General de Asuntos Previsionales) ha anunciado que trabaja a lo largo y ancho de la provincia a los efectos de facilitar una jubilación mínima a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Demás está decir que se trata de una iniciativa que merece los mayores reconocimientos y ha permitido sacar de la postración a más de 2 millones de personas. En forma paralela, la oposición local da y tema con el manejo de dineros públicos cuantiosos por parte del organismo previsional que podrían desviarse o permanecer congelados en cuentas bancarias.

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A modo de simple sugerencia y siguiendo la temática de ayudar a las personas mayores, la AGAP podría pensar en otras inversiones a favor de los jubilados. Por ejemplo volcar dineros para incentivar a muchos empleados públicos que, por la pérdida notable de ingresos, se resisten a llegar a la pasividad. Asegurar un mayor ingreso a quienes opten por dejar la administración podría convertirse en algo atractivo para quienes ya tienen edad para jubilarse y no lo hacen por los motivos apuntados.

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Al margen de estas consideraciones, el tema de no descomprimir el aparato del Estado debería ser motivo de preocupación de todos. Si las cosas siguen al ritmo de los últimos tiempos, no va a haber Estado que aguante el costo de la administración ni será posible considerar ni el menor incremento de haberes. Hoy mismo hay problemas serios para atender reclamos salariales absurdos como el de aquellos que reclaman un 30%, blanqueo de aumentos del pasado, regímenes especiales, adicionales, etc. Si no se pone coto a estas desmesuradas pretensiones y, por si fuera poco, ni aun habiendo completado el requisito de la edad y de los aportes hay resistencia para jubilarse, vamos camino a un callejón sin salida. Para peor, los malos ejemplos juegan en contra: hay funcionarios y hasta los miembros de la Corte que, aún jubilados, no quieren dejar sus funciones.