En el banquillo

jueves, 04 de abril de 2013 00:00
jueves, 04 de abril de 2013 00:00

Las series policiales que vemos por televisión tienen una característica: casi todos los casos –si no todos- son resueltos. Lo logran equipos de especialistas que cuentan con recursos tecnológicos y logísticos. Los métodos de investigación, el no desechar ninguna hipótesis -y mucho menos aferrarse sólo a una-, el análisis de diferentes pistas, son algunos de los componentes que hacen atractivos estos programas para quienes gustan del suspenso y la búsqueda inteligente de la verdad.
Cuando en nuestra propia realidad se dan casos policiales que conmueven a la sociedad, se espera que suceda algo parecido a lo que vemos en aquellas series, de manera que con eficiencia y prontitud queden esclarecidos. Sin embargo, en Catamarca venimos acumulando frustraciones porque abundan los casos irresueltos, sobre todo los asesinatos.
La confesión de “Bebe” Cano declarándose autor de los escalofriantes crímenes de María Eugenia Rojas y de Susana Aguilar produjo una oleada de críticas a la investigación policial-judicial. Por un lado -desde una mirada contrafáctica- se dijo que de haberse investigado bien el primer caso, no se hubiese producido el segundo, porque Cano habría estado preso. También se habló de la falta de pruebas contra Orce y de lo que sería una necedad al circunscribir la investigación del primer caso en una sola dirección. En este sentido, surgieron expresiones de preocupación porque un Poder del Estado, como el Judicial, somete a prisión a personas sin reunir pruebas suficientes que lo justifiquen. Se evocaron otros casos históricos producidos en la ciudad Capital y en el interior provincial, como los que movilizan a la ciudadanía de Santa María, en los que se señala a fiscales y jueces por su inoperancia, desidia o motivaciones poco claras.
Sabemos que a diferencia de las series policiales, fiscales y jueces de Catamarca no cuentan con recursos humanos, técnicos y logísticos adecuados. Pero aún así es necesario que se revisen razonamientos y procedimientos para garantizar un sistema judicial eficiente y transparente.
 

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