Apuntes del secretario

sábado, 6 de abril de 2013 00:00
sábado, 6 de abril de 2013 00:00

Existen acontecimientos políticos que no requieren de gran perspicacia para intuirlos. Es lo que está pasando con la famosa denuncia realizada por el senador Oscar Castillo, en combinación programada o no con algunos medios de prensa, para involucrar al ministro Francisco Gordillo en un caso de narcotráfico y, por lógica, mellar la credibilidad del gobierno a escasos meses de las elecciones. Se trata de la vieja estrategia de los radicales de Catamarca que, apelando a la demonización de sus adversarios, lograron resultados espectaculares en términos electorales. Esta vez las cosas pueden ser distintas, precisamente porque la jugada que han preparado es una repetición de circunstancias del pasado. Ya el señor Castillo hizo lo mismo en 1991 y 1999. En el primer caso, junto a operadores políticos tristemente célebres, instaló que Catamarca era algo así como el centro neurálgico del narcotráfico internacional y que las pistas clandestinas para el aterrizaje de los aviones que transportaban los estupefacientes abundaban en los cuatro puntos cardinales. Después del triunfo que llevó a la UCR al poder, nunca más se habló de estos temas y, en veinte años, tampoco se descubrieron las famosas pistas. Lo que sí cambió fue el consumo, que creció exponencialmente en tiempos del castillismo. De prácticamente cero a vaya saber cuánto. En 1999, cuando Castillo buscaba reemplazar a su padre como gobernador, objetivo que finalmente consiguió, nuevamente lanzó una denuncia rimbombante sobre narcotráfico, su expediente favorito para imponer posiciones políticas. Disparó contra el exembajador argentino en Holanda, el escribano Julián William Kent. Lo involucró en maniobras orientadas al supuesto pase de drogas. Como el expresidente de River era una persona de probada honestidad, el conductor televisivo -el fallecido Aníbal Ibarra- que estaba recibiendo la denuncia, lo frenó al aire y, mirándolo a los ojos con incredulidad, le dijo “¿usted está diciendo que Kent está metido con los narcos?”. El ahora senador quedó sin habla y totalmente demudado frente a cámara. Después fue enjuiciado y se salvó de una eventual condena por su retractación, en sede judicial, frente al propio Kent que, por su lado, aceptó perdonarlo.
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La maniobra de 2012-2013, con distintos personajes, es similar a las anteriores. La incautación de 90 kilos de marihuana y la detención del ciudadano Pablo Tello, llevó a Castillo a decir -a los cuatro vientos- que el operativo involucraba al gobierno y a Francisco Gordillo, en orden a que el supuesto jefe del operativo y prófugo de la Justicia, Ariel Alanís, era un puntero político que trabaja para él. Cuando el ministro lo conminó ante la Justicia para que presentara las pruebas, el senador fue y le dijo al juez que en realidad no quiso acusar al funcionario, sino que había hecho la denuncia para que fuera investigada. Su mansedumbre fue el polo opuesto al escándalo que inició con su enérgica revelación. Cuando la causa desvanecía, el radicalismo aprovechó la inacción de la Justicia Federal para detener a Alanís, armó un nuevo libreto, apeló al concurso de un abogado totalmente comprometido con los intereses castillistas como Rosales Vera -fue subsecretario, fiscal de Estado y ahora revista como secretario Parlamentario- y, sorpresivamente, el detenido Tello pidió declarar y ahora dice que, en el momento del traslado de la marihuana, Alanís le dijo que la carga no era droga sino “bebidas prohibidas (?) para la inauguración del boliche del ministro Gordillo”. Para El Ancasti, diario que le diera profusa difusión al caso y calificara a uno de los implicados con el ridículo mote de “Shoklender de Pajonal”, se trata -cinco meses después- de un “enfrentamiento político”, pero nada dice de la relación de los hechos concretos con la conducta que exhibió siempre Castillo y que el diario conoce perfectamente porque está escrita en sus páginas. Cualquier mal pensado, por supuesto, tiene derecho a imaginar la componenda entre el medio periodístico y los denunciadores seriales de narcotráfico en Catamarca. Esto no quita, claro está, que la Justicia investigue a fondo, detenga a Alanís y deslinde responsabilidades. El ministro Gordillo, sea culpable o inocente, para el imaginario popular ya está manchado y, para qué negarlo, es pesada mochila del gobierno.
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Ni el mejor de los fines justifica la amoralidad de los medios que se emplean, dijimos hace una semana, cuando preanunciamos que se venía la avanzada contra el ministro. De hecho, con estos acontecimientos, quedan totalmente destruidos los puentes de convivencia que tendió la gobernadora al momento de su asunción y que, a costa de los enojos peronistas, supo cumplir. La respuesta de la oposición, quizá en la pretensión de lavar sus propios pecados, fue repetir las maniobras que dividieron a la sociedad en 1991 y, de esa manera, volver a hacerle creer a la gente que en Catamarca “hay buenos”, o sea ellos, “y malos”, todos aquellos que puedan estar alineados con el peronismo o el kirchnerismo. De fondo, queda claro que algunas candideces no se compadecen con una lucha política que no respeta reglas de juego democráticas. La cosa parece ser “a sangre y fuego”. El radicalismo busca fomentar que existe corrupción y, con ello, tapar las tropelías de los últimos veinte años. Con esta opinión no pretendemos inclinar la balanza: la sociedad exige, y tiene razón, que quien infrinja la ley sea castigado. Por ello es necesario que la Fiscalía de Estado, sin distinción de partidos, actúe con severidad y rapidez y la Justicia resuelva.
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Los encontronazos políticos, cabe destacarlo, recrudecieron con la irresponsable denuncia de Oscar Castillo, pero ya se habían trasladado a la Legislatura donde la oposición frenó leyes, no quiso aprobar reformas impositivas y estuvo a punto de dejar al gobierno sin presupuesto. El único contragolpe que recibió hasta ahora fue la separación de los asesores del bloque radical, todos dirigentes castillistas o renovadores: Pablo Gaffet, Francisco Monti, Mamerto Acuña, Víctor Ahumada, Hugo de la Quintana, Norma Rotta, Adrián Bulacios y Carina Guerrero. También hubo denuncias entrecruzadas por supuestos actos de discriminación. Cuando el Gobierno nacional anunció obras por 900 millones para 2013 en Catamarca, los voceros opositores hablaron de discriminación, lo que es una gran falacia porque el anuncio del ministro De Vido incluía a la totalidad de los municipios opositores. Después llegó el turno de las regalías mineras, cuya ley nunca fue reglamentada y los radicales quieren que no haya modificaciones para favorecer la discrecionalidad de los gastos de la renta minera. Ese objetivo se da de bruces con la intención del gobierno de consensuar los proyectos con los intendentes y ejecutarlos a favor del desarrollo estructural de la provincia. Como puede apreciarse, cuestiones elementales se discuten desde la sinrazón y las cosas mantendrán el mismo statu quo hasta después de los comicios de octubre.
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La posición de la Justicia, en medio de la pelea política, continúa siendo comprometida. Aparte de los acontecimientos relacionados con los crímenes de María Eugenia Rojas y Susana Aguilar, se mantienen tensiones en Andalgalá y, especialmente, en Santa María. Para el diputado Jorge Moreno, que encabezó recientemente una comisión a los valles calchaquíes, está totalmente roto el vínculo entre el fiscal Marcelo González y la gente, por lo cual responsabiliza por lo que pueda pasar a los integrantes de la Corte y al Procurador. Lo dijo nada menos que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. En cuanto a la espectacular y posible resolución de los crímenes de las dos mujeres, después de que Damián “Bebe” Cano se confesara culpable de semejantes atrocidades, mucho agradecemos las felicitaciones de la gente por el tratamiento que El Esquiú.com diera a ambos casos. Consignamos especialmente las ponderaciones y amplios detalles que incluyeron en sendas cartas los ciudadanos Roque Mansilla (Santa Rosa- DNI 16.238.101) y Norberto Herrera (Los Ejidos).
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como ocurre todos los domingos, martes y jueves, terminamos los Apuntes del Secretario con el repaso de hechos del pasado. Veamos los de hoy.
El 5 de abril de 1988, apenas arribado a la Capital Federal para cumplir una misión oficial, es internado el gobernador Vicente Leónides Saadi en el Instituto del Diagnóstico. La agencia noticiosa Télam asignó cierta gravedad al hecho, pero desde la familia y desde el gobierno de Catamarca se afirmó que estaba previsto un chequeo. Este hecho, cabe destacarlo, fue el principio del fin del mítico caudillo nacido en Belén. La información sobre el grave deterioro que sufría su salud fue tapada por su círculo familiar íntimo durante varias semanas. Entre ellos, se sabía perfectamente que el final se acercaba irremediablemente, por lo que en el mayor de los sigilos se comenzó “a trabajar” la reforma de la Constitución que iba a determinar la cláusula de la reelección indefinida que se mantiene hasta nuestros días y que, por ejemplo, le permitió en 2011 candidatearse para un tercer mandato consecutivo a Eduardo Brizuela del Moral. En Catamarca quedó a cargo del Ejecutivo el vicegobernador, Oscar Ramón Garbe. Como se sabe, don Vicente murió un gélido 10 de julio de 1988, es decir, cien días después de aquella internación que, precisamente, no era para un chequeo general.
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También en abril de hace 25 años, se realizaron por primera vez en Catamarca biopsias para detectar enfermos celíacos. Estuvo presente en la provincia la gastroenteróloga pediatra Mabel Beatriz Mora para evaluar clínicamente a pacientes que fueran potencialmente celíacos o controlar a quienes ya habían sido confirmados en su enfermedad. Las jornadas se cumplieron en el Hospital de Niños. El mal, como se sabe, es provocado por una intolerancia al gluten del trigo y a otros cereales como la avena, la cebada y el centeno.
 

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