Los tiempos de la Justicia, frecuentemente, son incomprensibles para el ciudadano común. Veamos. Después de diez años, la denuncia por las compras directas durante el gobierno de Oscar Castillo, que data de 2004, ha tenido un impulso. La apelación dispuesta por los imputados -el exministro Pablo Doro y el exsubsecretario Hugo Brandán- ha sido rechazada y quedaron dadas las condiciones para que se haga el juicio por la defraudación en perjuicio del erario y el incumplimiento de los deberes de funcionario.

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Desconocemos cómo puede llevarse a cabo este juicio contra dos “hijos del poder”. Es que juzgar la conducta de políticos diez años después de acontecidos los hechos, hace más difícil la tarea de los juzgadores que, por si fuera poco, fueron nombrados por la fuerza política para la cual trabajaron los imputados. Más clarito: la Justicia castillista tendrá la misión de juzgar a funcionarios castillistas. ¿Alguien puede pensar que se llegará a una condena ejemplar como merecerían todos los que utilizaron al Estado para hacer uso electoral de la pobreza? Ojalá nos equivoquemos y la Justicia nos abofetee de la peor manera. Seremos los primeros, sin hesitar, en reconocer que nuestros temores no se cumplieron y que no sólo se castiga a la gente común, a los ladronzuelos o los violadores del anonimato.

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Llegando a treinta años de democracia ininterrumpida, en la provincia no hay un solo político detrás de rejas. Los que fueron privados de la libertad estuvieron horas o días y, por lo general, se trató de vendetas de la misma política. Nadie fue adentro del Servicio Penitenciario con condena efectiva. Entre los abogados, los propios políticos y la misma Justicia se encargaron, en distintas épocas, de “patear la pelota para adelante”, como en este caso en que se va a hacer un juicio cuando las pruebas pueden, misteriosamente, haber desaparecido. Algo parecido a lo que ocurrió con el affaire de Educación, cuyo juicio se hizo trece años después de la estafa.