El miércoles pasado, después de las 20, terminaron los discursos ardorosos de la oposición política y se llamó a votar la sanción definitiva de la reforma judicial que encaró, con varios anuncios previos (el principal fue el 1 de marzo, al inaugurarse el período ordinario de sesiones del Parlamento), la presidente de la Nación. El kirchnerismo y sus aliados, entonces, hicieron valer una mayoría de 38 votos contra 30 para ponerle punto final a un tema que seguramente traerá cola, como también es seguro que producirá cambios fundamentales en el funcionamiento del Poder Judicial, a pesar de objeciones, medidas cautelares y reclamos de inconstitucionalidad que surgen y surgirán como verdaderas cataratas.
Será repetir la historia de la Ley de Medios. Aunque no pueda aplicarse en su totalidad, las empresas periodísticas tienen un antes y un después de aquella votación histórica. Lo que quiso y no pudo Raúl Alfonsín hace 25 años, lo pudo el extinto Néstor Kirchner al descubrir, como nadie lo había hecho, que el poder real estaba en los grandes medios de comunicación que hacían el juego más conveniente para un empresariado nacional que, en las últimas 4 décadas, únicamente pensó en chuparle la sangre al Estado. O sea al conjunto de los argentinos.
Si Kirchner pasará a la historia por haber metido el dedo en la llaga de las comunicaciones, su esposa, también habitante temporaria de la Casa Rosada, lo hará por haber intentado la democratización de la Justicia, un poder sabiamente concebido por los constitucionalistas de 1853 -entre los que debemos anotar al venerable catamarqueño Fray Mamerto Esquiú-, pero que 160 años después ha quedado desnaturalizado por la famosa picardía criolla, nefasto elemento no contemplado en el siglo XIX.

Exigencia radical

Durante la semana que ha concluido, el apoderado de la UCR, es decir la voz autorizada del partido, le pidió públicamente al Colegio de Abogados local, del cual también forma parte como asociado, que se pronuncie contra lo que considera un virtual avasallamiento de la Justicia y el peligro certero de que el gobierno nacional politice su funcionamiento y conforme un poder que acomode las cosas de acuerdo a su conveniencia.
El doctor Víctor Quinteros -de él estamos hablando-, en realidad no pidió el análisis y debate entre los colegiados, sino que abogó por una expedición en contra y lo más rápida posible.
Tampoco hizo referencia alguna a lo que fue la conformación y el decoro de la Justicia catamarqueña, con lo que posiblemente esté suponiendo que por estos lares funciona de maravillas y no requiere de ninguna revisión. Ni siquiera de una mirada del Colegio de Abogados, al que acusa de kirchnerista y le pide, desde una posición antikirchnerista, que sea duro con el kirchnerismo. Peligrosa postura, más allá del juego de palabras
Así planteada la situación, su pedido no puede considerarse serio. Es que transforma ese pedido, avalado por el medio que “alquila” sus espacios de acuerdo a conveniencias propias (El Ancasti), en un ataque a la institución a la que pertenece (el Colegio) y, de antemano, la ubica en las veredas enemigas del agrupamiento político que lo conchavó apoderado a él (la UCR).
Nada dice, lo repetimos, el abogado Quinteros sobre el fondo de la reforma. Suponemos que está en contra de la ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura, que pasará de 13 a 19. También pensamos, siempre en el plano de las suposiciones, que le disgusta que 12 de esos 19 miembros vayan a ser elegidos por el pueblo (los partidos presentarán listas de consejeros en los próximos comicios, tal como ocurre en otras partes del Planeta) o que las votaciones del futuro, para analizar la conducta de los jueces, se decidan por mayoría simple en lugar de dos tercios.
Quizá la UCR de Catamarca, por la voz de Quinteros, no esté a favor de la regulación de las medidas cautelares contra el Estado las que, en muchos casos, suspenden los efectos de leyes hasta por años (el mejor ejemplo es la Ley de Medios), ni le guste el acceso irrestricto de los ciudadanos a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal. Tampoco querrá, posiblemente, declaraciones juradas de los jueces o la publicidad de los fallos que emiten.
Lo que sí quiere Quinteros, para avalar la “equidistancia” del Colegio de Abogados de Catamarca, es que se pronuncie en contra de cualquier cosa que haga o piense el kirchnerismo. En este caso, la llamada reforma judicial.

Fundamentalismo en contra

Pero como en política nadie garantiza que los pedidos vayan a tener efectividad, la pretensión de Quinteros se convierte, al menos en Catamarca, en un auténtico pelotazo en contra.
¿Cómo va a pedir repudios para las iniciativas nacionales sobre la Justicia si en su provincia, el partido del que es apoderado, conformó un esquema judicial durante 20 años a la medida de sus necesidades?
¿Cómo se puede hablar de avance hacia la suma del poder público cuando la Justicia de Catamarca no ofrece garantías al punto de no haber resuelto ninguno de los casos de corrupción que ocurrieron durante la gestión radical?
¿De qué manera se puede oponer a proyectos como la publicación de las causas y de los fallos de los tribunales de todo el país o la obligatoria divulgación de las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios sin incluir a Catamarca que, en materia de este tipo de informaciones, ha cerrado bajo siete llaves toda su actuación?
¿El doctor Quinteros sostendrá que está bien el acceso a la Justicia solamente para familiares, amigos y simpatizantes de la UCR como ha ocurrido en Catamarca, en lugar del concurso público abierto a todos para elegir el personal de la Justicia y del ministerio público que pregona la reforma cristinista?
¿Sabrá el apoderado que varias de estas medidas han sido votadas no solamente por el oficialismo nacional, sino por la oposición con la que él comulga? ¿La UCR, que se expresa a través de su apoderado y exfuncionario político del gobierno 91-2011, es conteste con el hecho que los jueces y funcionarios del Poder Judicial no paguen el impuesto a las ganancias que si paga el conjunto de los ciudadanos?
Son todas estas buenas preguntas para que el abogado, sus colegas del radicalismo y también del peronismo y, fundamentalmente, el Colegio de Abogados, contesten públicamente para que la gente común devele “los misterios” que se esconden detrás de los muros tribunalicios. Los nacionales y los provinciales, claro está, porque no hay dos justicias. En el fondo -independientemente de las jurisdicciones- es una sola.

Acusaciones y algo más….

También, en medio de tanto discurso vacío e improcedente, han sobrevolado acusaciones sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Catamarca, el organismo que designa los jueces o analiza sus conductas.
El apoderado partidario repudia que el nuevo gobierno, a través de sus representantes en la Magistratura, haya puesto “palos en la rueda” para paralizarla.
Dicen que la peor mentira es aquella que contiene parte de una verdad. Es lo que mejor se encuadra a este tema. Es totalmente cierto que el Consejo de la Magistratura ha perdido funcionamiento, como también es cierto que no podía seguir actuando a favor de los intereses de una Corte de Justicia conformada por militantes que, por distintos caminos, llegaron desde las entrañas de la política.
Entre verdades y mentiras, sin embargo, el Colegio de Abogados tiene el deber de atender el pedido de Quinteros y quizá, a partir del mismo, emerger con un pronunciamiento que sirva para mejorar el sistema de justicia imperante en esta parte del país donde se habla y se habla de corrupción de los políticos y jamás uno de ellos termina preso. Lo mismo que ocurre con aquellos personajes que han alcanzado rótulos de poderoso o tienen apellido de alcurnia. Para ellos, y únicamente para ellos, en base a los datos objetivos de la realidad, el Poder Judicial de Catamarca merece ser respetado, especialmente con los silencios de la complicidad.
Los últimos párrafos de este panorama político semanal están destinados a la prensa. Es ella la que mayor tranquilidad -e impunidad- brinda a la Justicia local, de la que no habla absolutamente nada en términos críticos, mientras apunta los cañones hacia una reforma judicial que no será la perfección, ni mucho menos, pero es el primer eslabón hacia cambios que, tarde o temprano, se instalarán en el menos democrático de los poderes del Estado.
Fuera de las exigencias políticas del apoderado Quinteros, “no preguntes por quién doblan las campanas Justicia de Catamarca, doblan por ti”. Aún solitariamente, El Esquiú.com percibe los repiques.