Columna política

domingo, 12 de mayo de 2013 00:00
domingo, 12 de mayo de 2013 00:00

El combate a la usura fue una de las iniciativas más felices del gobierno. Lo reconocen empresarios, comerciantes y empleados en general, pero todavía falta bastante para erradicar el flagelo que perjudica, especialmente, a los más necesitados. El decreto firmado el año anterior por la gobernadora establece topes de interés para el cobro de intereses por parte de las financieras y el monto máximo del salario que puede resultar afectado. En esto hay avances, pero quizá está faltando el control de Policía que debe ejercer el Estado para cumplimiento de la medida. ¿Tan difícil resulta realizar auditorías sorpresivas a quienes, sin avasallar las reglas de juego, tienen toda la legitimidad de prestar dinero? Sinceramente pensamos que no, a no ser que se creen circuitos de entendimiento non santos entre controladores y controlados.

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Hasta la aparición del decreto, cabe recordarlo, Catamarca era campo fértil para desarrollar la innoble actividad de usurero. Los préstamos a sola firma, a tasas desmedidas y el cobro a través de los códigos que otorga el Estado, convirtieron al negocio en una actividad sin riesgo y crucificaron a pobres empleados o jubilados. Este se completaba con la usura criminal que se les practica a los “timberos”, la cual debería ser controlada por algún equipo de inteligencia que se cree en la institución policial.

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Las últimas novedades sobre los circuitos de la usura, como se sabe, estuvieron relacionadas a descuentos que se habrían practicado a empleados por encima del 30% del haber. Los empleados protestaron por las mecánicas del Banco Nación y pidieron, pacíficamente, que se les pague en las oficinas. Esto es irse al otro extremo y podría perjudicar a quienes, honestamente, prestaron dinero con licitud y dentro de los términos establecidos. Como ocurre generalmente, el equilibrio se logra por la aplicación de criterios de razonabilidad que, por ejemplo, los podría estudiar y aplicar la entidad bancaria.
 

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