Las cosas que afectan a El Ancasti o a su conducción, invariablemente se vuelcan a sus páginas como un factor de presión que, por lo general, está dirigida al gobierno. De auténtico periodismo no podemos hablar cuando queremos “ser juez y parte”; muchos menos proclamar independencia a tiempo que, por distintos caminos, se buscan canonjías que pueden salir del Estado. Llegando a sus bodas de plata, el diario ha salido a criticar el convenio que el gobierno ha firmado con una empresa para instalar un call center, centro de comunicación por el cual se crearán casi 700 puestos de trabajo y cuyos sueldos, durante 5 años, saldrán del erario, aparte de exenciones impositivas que se practicarán desde la provincia y el municipio.

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Cualquier emprendimiento a favor del empleo, atendiendo la desocupación existente, debe ser apoyado. Por supuesto que hay analizar condiciones y costos que, en el caso que nos toca, pueden llegar a ser francamente favorables para los empresarios privados. Eso sí se debería revisar. Por ejemplo, antes que gastar en el acondicionamiento y alquiler de las instalaciones, el Estado podría construir su local propio y la oblación sería menor. También deberían analizarse las condiciones de trabajo de los futuros empleados del “call”, los que en algunos casos pueden llegar a rozar la esclavitud.

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Las advertencias para mejorar el proyecto, que bien pueden ser tarea constructiva de los medios, se diluyen en los intereses particulares. El Ancasti considera que es una afrenta al sector productivo inyectar dinero a este emprendimiento y no reparar el daño que pudo provocar la ausencia de promoción industrial o diferimientos impositivos (a propósito ¿cuántos puestos de trabajo dejaron?), con los cuales la conducción editorial logró pingües ganancias en tiempos del radicalismo. Es más: también gozó de ayudas del Estado para pagar a empleados del mismo grupo económico. Al mezclar periodismo con intereses personales, pueden saltar las contradicciones.