La situación de dudas que se planteó alrededor de los terrenos donde se levantarán las futuras viviendas que, en 2013, construirá el gobierno provincial comienza a disiparse. Ya hay acuerdo entre el Instituto de la Vivienda y el Tribunal de Cuentas para salvar los obstáculos que pudieren existir y ratificar los resultados de la licitación que se realizara tiempo atrás y que fuera resuelta a favor del conjunto de empresas (Yucuco SA, de Benjamín Capdevila e hijos; Comercial, Inmobiliaria y Distribuidora El Tala SRL, de los hermanos Javier y Gabriel Jalil; Pablo Acevedo y Antonio Villafáñez) que posee los terrenos en cercanías de lo que se conoce como “La Estancita”, en el suroeste de la ciudad. Si bien ellos ganaron la licitación, ofreciendo $19.680.000 sobre $20.000.000, el otro oferente -Gualberto Eduardo Castillo- planteó objeciones.

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Tras completarse los detalles formales que requería el Tribunal de Cuentas, se explicó cómo se realizarán los accesos a la zona y cómo se preservará la existencia de yacimientos arqueológicos que, de acuerdo a lo que se sabe extraoficialmente, no serán afectados por los movimientos de tierra que tengan que hacerse. La decisión política del gobierno de prolongar la Capital hacia esa zona no tendrá solamente consecuencias para las 900 unidades habitacionales que se levantarán próximamente, sino que futuros barrios irán poblando un lugar que, hasta ahora, era campo virgen.

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Sin dejar de atender que las cosas tienen que ajustarse a condiciones legales ineludibles, la idea de que el Estado ponga los terrenos para las viviendas y no las empresas constructoras, es un avance importante hacia la urbanización de San Fernando del Valle. Con el sistema anterior, a nadie le importaba el lugar y únicamente contaba la rebaja de los costos. El resultado no podía ser otro que se levantaran barrios a la buena de Dios: ni siquiera el tránsito y los servicios públicos se pueden ordenar en varios puntos de la ciudad.