Como sucede cada 1º de mayo, ayer quedó inaugurado un nuevo periodo ordinario de sesiones de la Legislatura catamarqueña, momento en el que la gobernadora Lucía Corpacci brindó el balance de su segundo año de gestión. Por algo más de dos horas, la mandataria reseñó las obras y logros obtenidos, además de los proyectos para los meses que vienen, entre los cuales anunció la creación de un Ministerio de Seguridad, que implica la jerarquización de la sensible área que actualmente funciona con rango de subsecretaría en la órbita de la cartera de Gobierno y Justicia. Para hacer posible esa iniciativa, será necesaria la reforma legislativa de la norma que regula la estructura burocrática del Estado, algo que no se hace desde 2008, cuando el exgobernador Brizuela del Moral creó el Ministerio de Desarrollo Social para una de sus colaboradoras más estrechas, Marta Torres de Mansilla, quien luego cayó en desgracia por el escándalo que se desató al descubrirse que la comida para los pobres se había destinado a la alimentación de chanchos en chiqueros de Capayán.

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Aunque no dio demasiadas precisiones, la mandataria dijo que en materia de “inseguridad” se podían hacer comparaciones con acciones u omisiones de gobiernos anteriores, pero señaló que la problemática precisa de un trabajo que debe involucrar a todos los actores dada la complejidad de la materia. A tono con el espíritu del proyecto de Ley de Seguridad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja y espera su debate en el Senado, propone un modelo institucional “democrático” en sintonía con las políticas inclusivas y de derechos humanos que lleva adelante desde hace casi una década el Gobierno Nacional. En este sentido, ya a principios del año pasado Lucía había sostenido que la cuestión de “seguridad” no sólo precisaba de la mayor inversión en recursos humanos especializados, la compra de vehículos, el incremento del número de efectivos en las calles y la instalación de cámaras de vigilancia -todas acciones que ya fueron implementadas-, sino sobre todo ir a la raíz del problema: la exclusión y la falta de oportunidades. Por eso orientó muchas de las acciones de los distintos organismos del Estado Provincial para la atención de las comunidades históricamente postergadas, en una amplia estrategia que incluyó la apertura de escuelas y postas sanitarias, el impulso de la infraestructura social y de viviendas, la creación de puestos de trabajo mediante diversos regímenes, y un intenso trabajo de contención territorial en los barrios capitalinos -en compañía de la comuna que conduce Raúl Jalil- y por los lugares más recónditos del interior provincial, mediante el programa “Catamarca con todos”. Con esto, había señalado Corpacci, se buscaba disminuir las profundas desigualdades que aún persisten en la sociedad catamarqueña y llevar algo de verdadera “justicia social” a la gente más vulnerable.

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Una parte muy esperada del discurso de la gobernadora en el Cine Teatro Catamarca fue la referida al tema salarial. Como ya habían dejado entrever desde la cartera que conduce Ricardo Aredes, el aumento para los empleados públicos se fijó en el 20 por ciento que, a diferencia de oportunidades anteriores, se calculará sobre el haber neto, por lo que el impacto en el bolsillo será un poco mayor. Este aumento repercutirá igualmente en los haberes que perciben los pasivos catamarqueños por la aplicación del 82 por ciento móvil. Paralelamente, Corpacci dispuso un incremento de las becas universitarias y en el complemento alimentario que se entrega a la población en situación de pobreza e indigencia, que tendrá un máximo de 890 pesos mensuales. En este caso, la suba es la más significativa desde la creación del programa Pro Familia, hace más de un lustro. También en la cuestión salarial se trató de equiparar un poco los sueldos estatales, mediante la fijación de topes en los adicionales, ya que en el caso de los items que cobran algunos trabajadores, como los del IPV, el aumento hubiera sido muy considerable. Queda pendiente la reformulación del injusto sistema de “premios” que se pagan en varias dependencias, lo que termina provocando que empleados de los organismos privilegiados cobren hasta el doble que los que tienen la misma antigüedad y categoría en una dependencia que no cuenta con alguna “ganga”.

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En lo netamente político, lo más relevante de la jornada de ayer fue el papelón que cometieron los senadores del Frente Cívico, que decidieron no concurrir a la Asamblea Legislativa, a pesar de su obligación institucional en calidad de representantes del pueblo. Miembros del oficialismo señalaron que no hay antecedentes de una medida como esta, que causó un evidente malestar en la propia Lucía. Puesto a justificar lo injustificable, el senador de Paclín, Jorge “Yayo” Agüero, aseguró que “no había motivos para ir” al Cine Teatro, tras lo cual denunció al Gobierno por la supuesta discriminación a los municipios que comandan intendentes del FCyS y la “falta de respeto” al bloque opositor en la Cámara alta. “La gobernadora cree que ese acto es político cuando es meramente institucional, y para ir a escuchar sólo críticas al Frente Cívico, considerábamos que no había motivos para ir”, dijo el legislador. Para la diputada Marita Colombo, el faltazo de los senadores tenía su razón de ser por los mismos argumentos expresados por Agüero. “No se quejen si no han venido, porque a veces uno recibe lo que da”, mencionó la legisladora.

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Desde el arco oficialista no ahorraron críticas y calificaron la decisión como una “cuestión infantil”, en palabras del vice Dalmacio Mera. Para el diputado Jorge Moreno, en cambio, se trató de una verdadera “sublevación del orden institucional y a la democracia”, mientras que el ministro Gordillo tildó el faltazo de una “vergüenza”, mencionando que el Estado les está pagando a los senadores un considerable sueldo y que tienen mínimas obligaciones institucionales.
El diputado José Chichí” Sosa fue uno de los radicales que se mostró crítico a la acción de los senadores de su partido. Recordó el “deber constitucional” de presentarse en la Asamblea para validar el inicio de las sesiones, y dijo que actitudes como las de ayer “le da letra al oficialismo de ponerse en los híper democráticos y nosotros en los intolerantes, cuando no es así”.

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Lo que sí es seguro es que en el Gobierno tomaron el desaire de los senadores boinablanca como una “declaración de guerra” que preanuncia una dura batalla en ámbitos parlamentarios, cuando faltan pocos meses para que se renueve la Legislatura y varios de los que ayer faltaron a la convocatoria, como el propio “Yayo”, el “Gato” Luna o el “Gordo” Boggio harán méritos para buscar su reelección. A propósito de este último, el paclinense, en diálogo con El Esquiú.com, avaló la denuncia que expresada por su colega de Ancasti sobre el supuesto cambio de domicilio de militantes en los departamentos en donde se renovarán bancas, y dijo que la “maniobra” se estaría produciendo también en su jurisdicción y en Antofagasta de la Sierra, donde hay buenas chances que el kirchnerismo-peronismo se alce con las bancas en juego.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como todos los jueves, domingo y martes de cada semana, los Apuntes finalizan con el repaso de hechos políticos pasados que puedan tener alguna relación con el presente. Vamos a uno que merece especial recordación.
El último día de abril de 1988, el gobernador de Catamarca, Vicente Saadi, firma el llamado a licitación para la interconexión eléctrica San Martín-Catamarca. Conforme lo manifestado en el acto, donde se dio cita lo más granado de la política local, la obra iba a estar terminada en 14 meses. Todo quedó en anuncios. El país entró en recesión, la economía condicionó todo y la hiperinflación hizo el resto. Para el peronismo quedó apenas el recuerdo triste de la muerte de Saadi y de los sucesos que, posteriormente, llevaron a la Intervención Federal. Después vinieron los radicales y prometieron la misma obra en varias oportunidades, tanto en los gobiernos de los Castillo como en los de Brizuela del Moral. Los primeros no solamente no hicieron el interconectado, sino que le dieron la empresa de energía a los Taselli, la familia enviada por Carlos Menem para que haga pingües negocios. Cuando llegó Brizuela, en 2003, no hizo ni la más mínima crítica de la privatización, aun cuando Catamarca vivía en medio de las tinieblas y, otra vez, se renovaron las promesas del interconectado. Cero resultados. Sin ruido y con efectividad, será Lucía Corpacci la que ponga en funcionamiento la línea San Martín-Catamarca en los próximos meses.