El buen funcionamiento de las dependencias policiales y penitenciarias incumbe al Poder Ejecutivo Provincial, con la corresponsabilidad del Poder Judicial. La tragedia de la Alcaidía que cobrara la vida de cuatro jóvenes en septiembre de 2011, puso en evidencia la deficiente actuación de las juezas de Menores de entonces, que al poco tiempo renunciaron, y del Servicio Penitenciario dependiente del Poder Ejecutivo.
La fuga del Penal de Miraflores protagonizada el sábado pasado por Jacobo “Jota” Jiménez, desnudó las graves falencias que hoy tiene el sistema de seguridad de esa unidad penitenciaria. Al construirse ese edificio se contemplaron mecanismos estructurales y técnicos para evitar que escapen quienes están privados de la libertad por sentencia judicial. Sin embargo, el joven prisionero logró atravesar las diferentes vallas sin ser advertido por los celadores, hecho sin precedentes en la nueva cárcel.
La jueza de Ejecuciones, Alicia Cabanillas, dijo haber puesto en conocimiento de las autoridades competentes las muchas falencias detectadas en esas dependencias. En diálogo con El Esquiú.com se planteó interrogantes y manifestó que “no hay cámaras, no hay un circuito cerrado, el personal es escaso y está mal distribuido”. El subdirector del penal, Carlos Roncoron, por su parte dijo que “por la mala distribución, tenemos celadores manejando el penal con cursos de dos meses, que no tienen el conocimiento y el cuidado de alguien que estudió dos años en Córdoba”, refiriéndose en estos casos a gente capacitada que está desempeñando tareas de logística, o en contaduría o en depósitos.
“Jota” fue atrapado en la madrugada del lunes, después de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, pero el episodio no puede concluir allí.
Es de esperar que desde la subsecretaría de Seguridad se realice una profunda revisión del funcionamiento del sistema penitenciario y con celeridad se produzcan los cambios necesarios para garantizar el cuidado, guarda y control de los internos de la unidad penitenciaria de Miraflores.