Como quizá nunca antes ocurrió, la campaña electoral tendrá referencias para la Justicia, cuya conformación y funcionamiento aparecen asociadas al partido -la UCR- que manejó los hilos de la provincia durante dos décadas. Desde las veredas oficialistas se insistirá en las características de facción que ofrece el Poder Judicial y de la falta de justicia en tiempo y forma, recordándose los casos de corrupción que, por años, fueron cajoneados como el affaire de educación, el pedido de desafuero de legisladores “frentistas”, el escándalo de las fundaciones y otros que tienen que ver con el comportamiento de funcionarios públicos. Igualmente se hablará de la Corte “de amigos y militantes políticos” que, con artilugios creados entre ellos mismos, permanecen en los cargos a pesar de ser jubilados y tener más de 65 años, cuestiones prohibidas por la Constitución.

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Desde el radicalismo, quizá con alguna antelación, ya se ha fustigado la reforma que ha impulsado el kirchnerismo a nivel nacional y que importa cambios profundos que, tarde o temprano, podrían comenzar a hacerse sentir aquí. De hecho, el nombramiento de los nuevos jueces y magistrados requerirá de acuerdos diferentes a los que se sabían hacer en el Consejo de la Magistratura, un organismo con fachada democrática que fue creado a la medida de los intereses oficialistas.

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También en poco tiempo más podría revisarse el privilegio que tienen los integrantes del Poder Judicial de no pagar “ganancias”, como sí lo hace el resto de los ciudadanos. En el caso de Catamarca, esta situación se implementó en base a la Acordada 20/1996, que exceptúa a los jueces del pago del impuesto, lo cual es violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes son iguales ante la ley”. “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” y también del Artículo 7° de la Constitución de Catamarca que establece “todos los habitantes son libres, independientes e iguales ante la ley”.