Hace pocas horas, legisladores oficialistas - Hugo Argerich, Raúl Chico, Cecilia Guerrero y Silvia Moreta- presentaron un proyecto de Resolución por el que se pide a la Policía Judicial datos estadísticos de hechos delictivos registrados por el organismo desde el año 2009 al presente.
El texto del petitorio indica que (los datos) servirán para completar la información publicada por El Esquiú.com y otros medios sobre la cantidad de delitos denunciados durante el primer trimestre de 2013.
El proyecto no tiene nada de candidez. Busca demostrar que el meneado tema de la inseguridad no surgió con este gobierno, sino que fue uno de los legados que recibió de la gestión radical 1991-2011.
En las próximas semanas, a propósito del requerimiento kirchnerista, la actividad política local tendrá dos vertientes por las que dispararán los temas excluyentes de la agenda. Una será la de las candidaturas a diputado nacional para las primarias del 11 de agosto -el cierre de listas se producirá el día 22- y la restante incluirá todo lo atinente a la inseguridad, un flagelo que no es exclusivo de Catamarca, sino de la Argentina y del mundo.
Esto último sucederá porque la oposición política vernácula, con el apoyo de algunos medios de comunicación que hablan tupido de inseguridad -pero no la contextualizan en el tiempo- han resuelto que ésta será la bandera de campaña de aquí al próximo 27 de octubre, la fecha escogida para las elecciones nacionales y provinciales.

“La única verdad es la realidad”

La frase que tanto utilizó el expresidente Juan Domingo Perón cobra vigencia en esta coyuntura catamarqueña.
Nadie, en sano juicio, puede negar la existencia de una gran inseguridad y la sensación que, en el conjunto de la sociedad, se percibe de ella, a tal punto que resulta difícil afirmar cuál de las dos es peor. Es que ser atacado o vivir con miedo tiene distancias minúsculas.
Si se han cometido fechorías en las barbas mismas de la Policía, como fue el asalto al Correo por el que se llevaron la plata para el pago de planes sociales; el robo de más de $20.000 de la OSEP; el asalto al domicilio de un alto exfuncionario como el doctor Mayorga o el robo de más de $400.000 de la distribuidora de calle Prado, por nombrar algunos casos, no se puede negar la inseguridad.
Si la delincuencia se apropia del dinero de los sueldos de Antofagasta o ingresa casi impunemente al domicilio del concejal capayense Miguel “Micky” Romero, no se puede negar la inseguridad.
Si las mujeres no pueden andar con cartera, los niños con un celular y los ancianos tienen que tomar medidas extremas para defenderse, no se puede negar la inseguridad.
Si se produjeron crímenes alevosos como el de “Javito” Álvarez, el de Diego Pachao o el de Ezequiel Cengel, donde los efectos de la droga quedaron totalmente expuestos, no se puede negar la seguridad.
Todo esto existe, es cierto, pero no es “manjar” de los últimos tiempos. No nació de un “repollo” o de una flor como lo proclamamos en el título de este panorama político semanal de los días sábado. Se fue cocinando, a fuego lento, desde hace largos años por la ausencia de políticas de prevención del delito y como resultado inevitable de las grandes desigualdades sociales que se produjeron en los últimos 30 años en la Argentina y, obviamente, en Catamarca.

La interpelación al ministro Gordillo

Así como no es casual el pedido de informes de los legisladores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista al titular de la Policía Judicial, el abogado Marcelo Acevedo, tampoco lo es la avanzada que llevan adelante, en sinergia con el castillismo y diario El Ancasti, los senadores del radicalismo y que se va a materializar el próximo jueves 27 cuando el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, sea interpelado porque quienes dicen estar preocupados por la inseguridad, aunque en los veinte años inmediatamente anteriores al Frente para la Victoria no se detuvieron a analizar cómo crecía este fenómeno que, para dar solamente un ejemplo que sirva de comparación, registra 1.200 asesinatos anuales bajo los cielos de la provincia de Buenos Aires.
También al ministro Gordillo lo podrían acosar en la misma sesión con la incautación de 90 kilogramos de marihuana que, en noviembre de 2012, llevó a cabo la Policía provincial y por la que Oscar Castillo hizo una irresponsable denuncia -acusándolo veladamente como el receptor de la droga- sin aportar ni una mínima prueba. El ataque eventual no dirá que el senador nacional es íntimo (lo demuestran las fotos que, en exclusivo, publicó El Esquiú.com) del único prófugo del hecho -Ariel Alanís-, un afiliado radical que supo cumplir funciones directivas en el gobierno anterior.
Si bien la interpelación se verá revestida de elementos políticos cruzados, se nos ocurre pensar (mejor dicho, anhelar) que puede ser una excelente oportunidad para que se eche luz sobre el verdadero comportamiento de los dirigentes de cara a la sociedad y del funcionamiento de la Policía y de la Justicia, que no serán ajenas al debate que puede llegar a plantearse.
Si no ocurre tal cosa, obviamente, se traerán desde el recuerdo los robos históricos que se produjeron durante el Frente Cívico, las tragedias de la Alcaidía o los crímenes que por docenas se manejaron con la discrecionalidad que permitía la impunidad que otorgaba el poder.
La interpelación posiblemente sea difícil para el ministro Gordillo. También lo será para el Frente Cívico, cuyas responsabilidades en materia de inseguridad existen.

Desigualdades y droga

En septiembre de 2011, escribíamos en esta Bancada Periodística lo siguiente: “Hay sensación que los mercaderes de la droga se mueven con tranquilidad y bajo fuertes niveles de impunidad. Lo repetimos: en todos los barrios se venden sustancias, de la que busque, buena o mala, pura o impura, poca o mucha. Nadie controla y las consecuencias del consumo ya se notan en el espinel del delito. El radicalismo que, por los años 90, hizo política sucia con el tema, la dejó (a la droga) instalar y extenderse. Dentro de tres meses le entregará el problema a las autoridades electas. ¡Uno más! “.
También decíamos, no ahora, sino dos años y medio atrás, “el fenómeno (de la droga) inundó la provincia y, especialmente, el Valle Central. La permisividad y la falta de controles determinaron que, en la actualidad, no haya barrio donde no se expenda la sustancia que quiera ser consumida. La cantidad de adictos, pertenecientes a las distintas clases sociales y franjas etáreas, resulta peligrosamente alta en relación a la población. El flagelo se extiende hasta las escuelas y son los docentes testigos fieles de una situación que crece y complica, en diversas formas, a todos. Ahora sí, con toda la fuerza, hay excesos que nacen del consumo de estupefacientes y que mueven los índices de criminalidad, violaciones o suicidios, hechos que terminan de completar un cuadro de terror. ¿Qué hizo el gobierno para neutralizar la venta y consumo de drogas en casi 20 años? Honestamente muy poco, casi nada. Ni siquiera hay un plan para atacar el problema y sus consecuencias”.
La responsabilidad sobre estos temas, más allá de las distintas miradas, siempre la tendrá el gobierno, que es quien debe actuar y aplicar los remedios adecuados.
Pero si está comprobado que existe una sociedad desigual, tal cual lo dijo la gobernadora en su discurso de asunción, por allí deberían buscarse algunas motivaciones de hechos que parecen muy desagradables a los ojos de quienes ven pasar la vida desde la comodidad y los privilegios.
Hay mucho para hablar de inseguridad, por lo que preanunciamos (si se hace y termina) una interpelación muy larga para Gordillo, pero en ningún caso se podrán soslayar las injusticias sociales que han convertido a Catamarca en una de las provincias con mayor desigualdad de la República Argentina, conforme lo demuestra cualquier estadística seria.
Las cartas están jugadas. No se debería aceptar que se trate un tema como la inseguridad, que afecta a todos los ciudadanos sin distinción de preferencias ideológicas, en medio de una campaña. Este pequeño dato nos hace temer por la interpelación que ha impuesto la oposición al ministro político de Lucía Corpacci, pero queda la esperanza de que finalmente emerja el sentido común y se pueda dar un debate civilizado y con altura.
Si el radicalismo ha decidido hacer campaña con la inseguridad puede lograr réditos, pero también chocar con un boomerang. Es que tiene pecados graves.
Si el gobierno, por imperio contrario, busca zafar de los deberes específicos e indelegables apelando al legado no querido, también sufrirá consecuencias no deseadas.
En política cada acto persigue objetivos determinados. Se logran o no se logran. Quienes se aprestan a discutir nada menos que la inseguridad deben saber que hay culpas compartidas. Aceptarlas resultará muy conveniente.
Hasta el sábado en que se presentarán los candidatos a diputado nacional.