El informe que presentamos en páginas 2 y 3, sobre problemas de provisión de agua que se están registrando en Bañado de Ovanta y sus alrededores, no es gran descubrimiento de El Esquiú.com, pero debería funcionar como voz de alerta sobre una situación que está descontrolada desde hace varios años y que, por la estricta responsabilidad que le cabe al Estado, debe ser revisada y monitoreada. El extraordinario auge de la soja y los apetecibles precios que ofrece el mercado internacional, muy por contrario a lo que muchos piensan, debería ser motivo de los más rigurosos controles, sopena de que la zona, con características muy parecidas a las de la pampa húmeda, se convierta en el futuro en campo infértil por la falta del agua.

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Está comprobado y aceptado por las autoridades de todo nivel que las corporaciones que explotan la agricultura -Monsanto es la más famosa, pero Agrocar Norte SA y Dunca SA, entre otras, también trabajan a gran escala- han realizado perforaciones que modificaron las condiciones de vida, a punto tal que escasea el agua hasta para el consumo humano. Si no fueron autorizadas, habría que volver atrás y rever la relación con las empresas. Esto vale para el municipio, para los organismos provinciales y hasta para los mismos legisladores, que las más de las veces pierden tiempo con insulsos pedidos de informe antes de preocuparse por temas serios como el que damos cuenta en esta edición.

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Los gobiernos están acostumbrados a resignar, por demagogia mal entendida, obligaciones inherentes del Estado. De esta forma, en las últimas décadas, se permitieron concesiones como esta de rifar la agricultura, entregar la explotación del juego a cambio de un cargo miserable, otorgar códigos de descuento para negocios particulares o ceder sin cargo instalaciones provinciales a los amigos. Aparte de ser hechos irresponsables, todos tienen que saber que es dinero que se pierde y que puede servir para las ingentes necesidades de la provincia.