Tras los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocaron la renuncia del entonces presidente de la nación Fernando de la Rúa y una serie de sucesiones presidenciales, los movimientos sociales tuvieron un gran desarrollo: vecinos de numerosos barrios, especialmente del Gran Buenos Aires, se sumaban a esas agrupaciones y creaban otras nuevas.
Pasaron unos meses y pese a que en enero de 2002 Eduardo Duhalde –que estaba a cargo de la presidencia- había dado fin a la Ley de Convertibilidad que había tenido vigencia durante diez años, la crisis económica tardaba en ceder. En este marco, hace 11 años -el 26 de junio de 2002- una protesta social derivó en lo que se conoce como la Masacre de Avellaneda, en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Avellaneda, Buenos Aires.
El gobierno nacional ordenó la represión de una manifestación de grupos piqueteros y en la persecución y posterior movilización fueron asesinados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires los jóvenes activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Guernica y de Lanús respectivamente, agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Además se registraron 33 heridos por bala entre los manifestantes.
Las organizaciones de desocupados del país reclamaban un aumento general del salario y una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares. Una cámara filmó el momento en que dos efectivos de la policía dispararon sobre Kosteki y Santillán, que en ese momento se encontraban separados del resto de los manifestantes.
Pasó poco más de una década de aquellos episodios y si bien se salió de aquella grave crisis económica y política, queda mucho camino por transitar todavía para incluir a vastos sectores en el mercado laboral, el acceso a la salud, la educación y a una calidad de vida digna.