La oficialización de las listas en el Frente Cívico y Social tuvo un episodio que no pasó desapercibido y que generó preocupación y asombro. Es que la Junta Electoral informó que dos de los candidatos de la línea Alternativa Peronista, que lidera José “Chichí” Sosa y que le disputará la candidatura a Eduardo Brizuela del Moral, tenían aparentemente “antecedentes penales”, para lo cual se basaron en un informe del Registro Nacional de Reincidencias, y les indicaron que podían modificar la lista. Desde la línea de Sosa interpretaron que la intención real, no era otra que tratar de embarrar la cancha y tratar de “ensuciar” a los contrincantes.

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Los supuestos “antecedentes son una causa de hace casi dos décadas en la que fue acusado Marcelo Aragón Juárez, pero que finalmente fue sobreseído hace una década, es decir que lo declararon inocente, sin que siquiera hiciera falta un juicio. Ocurre que la elefantiásica justicia catamarqueña nunca informó de esta situación al Registro Nacional y ahora le sirvió al oficialismo radical para tratar de instalar una supuesta mala reputación del candidato opositor. En otra situación similar estaba Agüero, sobre quien había una causa por un accidente de tránsito ocurrido hace alrededor de un lustro, por el que ni siquiera la Justicia la llamó a declarar.

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Minuciosa la búsqueda de la Junta Electoral que se puso a escarbar y sacó a relucir dos situaciones que bajo ningún concepto impugnarían a los candidatos a acceder a banca en el Congreso de la Nación. Lo correcto hubiera sido profundizar la investigación y descartarlo de oficio en lugar de sacarlo a relucir. Porque también Brizuela del Moral fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria por la falta de rendición de cuentas, hechos por los que, hasta lo que se sabe, jamás fue imputado. Y por lo tanto a nadie se le ocurriría impugnar al exgobernador.