Apuntes del secretario

martes, 4 de junio de 2013 00:00
martes, 4 de junio de 2013 00:00

Como lo dijimos el sábado pasado, en el arranque de junio, la carrera electoral se ha desencadenado. Ninguna circunstancia en los próximos cuatro meses será casual. Ninguna declaración estará alejada de intereses concretos. Ninguna sesión legislativa contendrá acuerdos interpartidarios y, aunque resulte extraño decirle, ninguna nota de los medios de comunicación -aunque proclamen y proclamemos independencia con potentísimos altavoces- será inocente. Ahora que los radicales han pasado el escollo de la Convención, le toca el turno de discutir su estrategia electoral a los peronistas, que tendrán congreso partidario el sábado 8. Desde ya adelantamos que las autoridades pejotistas buscarán aprobar el orden del día bajo microclimas de armonía. Se descuenta la aprobación de la alianza con el Frente para la Victoria -la gobernadora es quien conduce ambos agrupamientos- que tan buenos resultados produjera en 2011 y se conformará la Junta Electoral para las PASO, además de despejar definitivamente la chance de realizar internas.
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Los congresos peronistas, cabe destacarlo, no siempre fueron tranquilos. En ellos se debate a fondo y rara vez se consigue unanimidad plena. La mayoría de las veces, durante los últimos 22 años, hubo que discutir cargos partidarios o electivos en elecciones internas e inclusive, a éstas últimas, se las convirtió en abiertas para todos los ciudadanos, no solamente afiliados. Esta vez, con la misión de conducir el gobierno, el PJ evitaría sangrías y sobre ese objetivo se trabajaría el cónclave sabatino, inclusive despejando controversias como la que se planteó con la designación de Cecilia Porta de Salas en el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. En la última reunión de la conducción orgánica, cabe destacarlo, uno de los consejeros partidarios (Eduardo Andrada) requirió que el bloque parlamentario de Diputados pidiera perdón al peronismo por haber propuesto para un cargo tan importante a quien considera (Porta de Salas) fue enemiga letal del partido y su militancia desde los albores de los años 90 hasta que resolvió cruzar “las aguas del Jordán”. Uno de los legisladores presentes en la reunión de tablas, Raúl Chico, reconoció que la polémica propuesta se trató de un error.
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Todavía se escuchan los ecos de la Convención Radical. En general se coincide que los problemas se “patearon para adelante”. Pero no para muy adelante: el 17 de agosto debe reunirse una vez más la Convención, en sesión extraordinaria, para buscar la mejor forma de determinar las candidaturas provinciales. La medida tiene sus aristas de inteligencia. Los que la estructuraron suponen que un buen resultado en las primarias del 11 de agosto, con Brizuela del Moral como candidato a diputado nacional, les dará aire para imponer algunas condiciones en la fecha que se recuerda al libertador San Martín. En paralelo, van a definir el punto neurálgico del proceso (la nominación de candidatos) sobre la hora del cierre de listas (primera semana de septiembre), lo que supone que heridos o malheridos tengan escaso margen de jugar opciones por afuera de la UCR. La estrategia de ir postergando las cosas de Convención en Convención, puede ser buena, pero también es cierto que plantear la batalla final al borde del precipicio no descarta peligros.
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Las diferencias dentro del radicalismo, termine como termine la historia, ya están planteadas. El acuerdo castillista-brizuelista apuesta a designar “su propia tropa” (con retazos para Gustavo Jalile, Coco Quintar y, posiblemente, Ernesto Álvarez Morales), algo que opositores internos como los diputados José “Chichí” Sosa y Alfredo Gómez no solamente lo saben, sino que ellos mismos lo adelantaron hace mucho tiempo. Ambos, y especialmente la línea interna Corriente Progresista Radical (CPR), supieron proclamar que los “concilios” radicales se hacen con el objetivo excluyente de distraer, motivo por el cual renunciaron hace tres meses a participar de ellos. Si bien se cumplieron sus predicciones que no habrá internas, “la pelota” ha pasado al campo donde ellos se mueven. ¿Aceptarán cruzados de brazos la imposición de candidaturas o la realización de internas informales en algunos departamentos? ¿O propondrán sus propias candidaturas al margen de la UCR? También queda la alternativa de anotarse para las primarias, en las que un buen resultado -ni siquiera hace falta ganar- podría debilitar la posición oficial del Partido. En fin, todas son apuestas muy bravas.
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Han pasado más de quince días y la promesa del jefe de Policía, Juan José Palomeque, de dar a luz pruebas que podrían comprometer a Oscar Castillo, sigue en veremos. Como se recordará, el senador acusó al titular de la fuerza de estar involucrado, junto al ministro Gordillo, en la incautación de 90 kilogramos de marihuana. Meses más tarde, por posibles cobros indebidos de adicionales salariales, estimó que su conducta significaba “robar la plata de la gente”. Fue entonces cuando Palomeque, indicando que daría a conocer públicamente circunstancias que iban a desenmascarar al legislador, “para que la gente saque sus propias conclusiones”, ocupó los principales titulares. Hasta ahora, en absoluto, ha cumplido. Y el tema tiene gravedad institucional. Es que no puede ser que un jefe de Policía guarde documentación -la que fuere- sobre un político de la talla de Castillo y no la dé a conocer o la denuncie en la Justicia. Si alguien, especialmente entre los radicales, pensó que la amenaza de Palomeque tuvo que ver con el informe periodístico de El Esquiú.com en el que se prueba la relación de Castillo, cuando era gobernador, con el único prófugo de aquel operativo de drogas, Ariel Alanís, se equivoca de cabo a rabo. Este diario no tiene relación alguna con Palomeque e insta al funcionario policial a mostrar las pruebas que dijo poseer.
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El intendente de Fiambalá y presidente de la UCR, Amado David “Coco” Quintar, se volvió a referir -sin nombrarlo- al diario La Unión. Dejando de lado, por un momento, los temas específicos de la Convención, dijo lo siguiente: “aquel medio que antes brindaba con el cáliz y hoy brinda con el infierno se está equivocando porque quiere hacer perder el rumbo a los catamarqueños” (sic). Como se recordará, con antelación, había acusado ser objeto de sobornos por parte de periodistas del diario de calle San Martín, comentando además que “el botín” se lo repartían entre “unos cuantos”, incluyendo en la nómina de beneficiarios de los pagos a integrantes de la conducción editorial. Si bien algunas diferencias con el radicalismo se han zanjado, por pactos preexistentes entre Oscar Castillo y el Casino Provincial (propietario virtual de La Unión a instancias del senador), el titular del comité provincial sigue muy molesto por los sobornos.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como siempre, los Apuntes del Secretario terminan reviviendo hechos del pasado (un cuarto de siglo atrás) que pueden tener relación con el presente. Vamos a los de hoy.
Un 1 de junio de 1988, ante el gobernador interino Oscar Ramón Garbe (don Vicente Saadi estaba de licencia por enfermedad), juraron varios funcionarios. Rolando Elio Avilés reemplazó a Antonio Greco en la subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, mientras Eduardo Fittipaldi juró en la subsecretaría de Desarrollo Industrial, la que se encontraba vacante. También asumieron aquel día tres directores. Uno de ellos, Fernando Esteban Monguillot lo hizo en la dirección de Colonización; Jorge Iglesias Casal en la dirección de Ganadería y Ricardo Jerez se puso al frente de Difusión, dentro de la Subsecretaría de Información Pública.
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También un 1 de junio de aquel movido año ‘88 se realiza un procedimiento antidrogas en el Hotel Ancasti. Lo llevan adelante efectivos de la Policía Federal con personal especializado en toxicomanía. El hecho aludido produjo gran conmoción en la ciudadanía y ocasionó la detención de un pasajero, ajeno al medio, que permanecía en el hotel desde noviembre de 1987. Se le incautó cocaína que, supuestamente, estaba destinada a la comercialización en la ciudad y en el propio establecimiento. Intervino en el operativo Efraín Rosales, en ese entonces juez federal de Catamarca. Dos datos de color sobre aquel suceso. El primero porque fue un operativo infrecuente para la época. En Catamarca, la droga comenzó a circular con fuerza a partir de 1992 y, a pasos agigantados, fue creciendo hasta nuestros días. El segundo lo relacionamos con el extinto juez Rosales: fue el último con acuerdo del Senado y con respaldo pleno de la ciudadanía y las fuerzas políticas. Los que vinieron, por motivos diferentes, fueron piedra de discordia.

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