La denuncia por narcotráfico que propiciara Oscar Castillo contra el ministro Francisco Gordillo, a partir de la incautación de 90 kilogramos de marihuana por parte de la Policía Provincial, es un hecho absolutamente político. Va a seguir en el tapete hasta que pasen las elecciones y, a partir de allí, tendrá los rumbos que marque la Justicia y que ojalá sean los indicados para llegar a la verdad real. Quien lo mantiene vivo y no hay semana que deje de abordarlo es El Ancasti, precisamente el medio que “más ruido” hace -aunque falten “las nueces”, claro está- y el que más puntos oscuros ofrece en términos de investigación seria y responsable. Desde un principio dio crédito a los dichos de Castillo y se prendió de una hipótesis, por lo menos poco sólida, que el mismo Castillo, ante la Justicia, desnaturalizó. Cuando le pidieron las pruebas se remitió a señalar que desconocía los pormenores y que había hecho la denuncia pública para que la Justicia investigara, desligando de cualquier acusación concreta al ministro. Esta virtual retractación nunca fue bien explicada por el diario, lo que confirmaría un posible entendimiento con el senador de la Nación.

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Como para que las sospechas sean desembozadas, se metió en el tema Rosales Vera, un funcionario castillista que durante el último año atendió las diferentes causas políticas del sector, como ser las impugnaciones al malogrado fiscal de Estado, Marcos Denett, o la representación de algunos militantes que tomaron parte del mismo tema. El abogado defiende a Pablo Tello, el único detenido en la causa que denunció Castillo, y supuesto compañero de andanzas de Ariel Alanís, prófugo de la Justicia desde hace siete meses. Primero Castillo y después Rosales Vera, siempre con cobertura “al toque” de El Ancasti, buscan vincular a Alanís con Gordillo a través de la compra de una camioneta 4 x 4 que pertenecía al ministro y pasó a manos del prófugo. Lo que no dice el diario, y claramente esconde, es la relación íntima del principal sospechoso de trasladar la “merca” con el senador. ¿Acaso no sabe el medio de prensa que más de diez fotografías, en distintos momentos y distintos lugares, prueban el conocimiento mutuo de Castillo y Alanís? ¿Puede negar El Ancasti que Alanís es un viejo afiliado del radicalismo y que fue funcionario de la Municipalidad de Tinogasta cuando ésta era conducida por la UCR? Se trata de datos fundamentales que faltan, paradójicamente, en las crónicas que recurrentemente se publican y que, mientras no se demuestre lo contrario, probarían la existencia de un pacto diario-Castillo para tratar este tema durante la campaña.

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A tal nivel político llega el caso comentado que, fuera de “los aportes” radicales a la causa (denunciantes, prensa, abogado, etc.), surgen requerimientos de explicación realmente ridículos. Uno de ellos lo realizó la diputada tinogasteña Silvina Tello, quien le pide a su par Egle Altamirano, también relacionada con Tinogasta, que justifique la presencia de Raúl Ricardo Alanís -hermano del prófugo- como empleado suyo. El tema provocó el malestar de Altamirano, quien no sólo aceptó que Raúl Ricardo es empleado suyo desde principios de 2012 con una beca laboral en un proyecto de apoyo al ciclismo, sino que indicó que se trata de alguien de valiosa trayectoria en el mundo del deporte. La pregunta obligada: ¿qué tendrá que ver una persona con una denuncia de narcotráfico en la que pueda estar involucrado, o no, un familiar suyo?

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Con tono parecido se está tratando en los medios el asalto que sufrió el concejal Miguel “Micky” Romero el pasado 30 de mayo. Por supuesto que nadie va a justificar el hecho delictivo, ni mucho menos que le apunten a un chico de 9 años con una pistola en la cabeza, pero de allí a dar por hecho que se trate de un avance mafioso hay una distancia enorme. Romero, con todo su derecho y legitimidad, hace política y a partir de allí actúa. Nadie desconoce que pretende ser senador de Capayán, pero hay que separar sus objetivos personales de denuncias que puedan derivar en hechos más graves. Gracias a Dios podemos afirmar que todavía las mafias, en el sentido literal del término, no han arribado a la provincia. Que se hable de ellas e irresponsablemente se las relacione con la política es otra cosa. Pero volviendo al caso Romero, los únicos detenidos no tendrían nada que ver con el ataque del jueves pasado.

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Mutquín, en el departamento Pomán, es una de las dos jurisdicciones donde este año se elige intendente. La otra es Los Altos (Santa Rosa). Se prevén fuertes discusiones en lares pomanenses por las candidaturas que vayan a llevar el Frente Cívico y el Frente para la Victoria. Entre los primeros, habría por lo menos tres aspirantes a reemplazar en la intendencia al barrionuevista Hugo Gómez. Ellos son el ingeniero Rubén Perea, que responde a Oscar Castillo; Cristian Nieva, un hombre cercano al exgobernador Brizuela del Moral, y el profesor Orlando Reynoso, que políticamente acompaña a la Corriente Progresista Radical. Como están las cosas, lo más seguro es que tengan que dirimir de alguna manera porque los tres quieren el mismo cargo. En el Frente para la Victoria se llegaría finalmente a un acuerdo, pero hasta ahora se mantienen en carrera Carolina Casas, que sería la preferida del ministro Francisco Gordillo y José Barrionuevo, a quien los políticos del lugar ubican como alguien de buenas relaciones con el secretario de Minería, el señor Micone. Y por último está el actual Lord Mayor quien, con el apoyo de Luis Barrionuevo, podría buscar la reelección.

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Si es que las cámaras legislativas logran quórum, entre hoy y mañana podrían volver a tratarse los proyectos referidos al voto optativo, en las próximas elecciones, de los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 18 años. Como ya lo referimos, el proyecto del senador Luna (FCS) está trabado en Diputados y el del diputado Jorge Moreno (FPV-PJ) tiene el mismo problema en el Senado. La única diferencia es que la propuesta del radical va acompañada del pedido de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de cargos provinciales. En medio de este tira y afloje, el juez electoral provincial Raúl Cerda salió a pedir una reflexión más profunda: “confío en la madurez política del oficialismo y la oposición para lograr consensuar una ley electoral que habilite el voto de los menores en las elecciones provinciales”. Esperemos que, de ambos lados, lo hayan escuchado. Es que no puede ser que para la elección del 27 de octubre haya dos padrones: el nacional, incluyendo a los jóvenes, y el provincial excluyéndolos.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como todos los jueves, el final de los “Apuntes” llega con el repaso de los hechos pasados.
Un primero de junio de hace 25 años atrás fue un día muy triste para los catamarqueños. Murió nada menos que Luis Franco, para muchos el más grande poeta catamarqueño, autor de grandes obras y premio nacional de Literatura. Tenía 90 años al momento del deceso. Había nacido en 1898. Su primer libro, “La flauta de caña” lo escribió en 1920, aunque su trabajo más conocido fue “La hembra humana”. Los últimos años de su vida, el notable escritor belicho los pasó en un hogar de ancianos de la localidad bonaerense de Ciudadela. Sus restos, conforme lo solicitó la Casa de Catamarca en la Capital Federal, fueron velados en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores. Meses antes de la partida terrenal de don Luis Franco, estuvo en la Argentina el cantante español Joan Manuel Serrat, quien elogió la poesía de nuestro comprovinciano y prometió musicalizar algunas de sus obras. Según Leopoldo Lugones, fue “una de las mentes más robustas de América” e igualmente recibió elogios de notables como González Martínez, Arturo Capdevila, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, Roberto Arlt, Gabriela Mistral y varios otros.

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En los primeros días de junio del ‘88 existía malestar en filas policiales y hasta se descontaba la renuncia del titular de la fuerza, comisario general Miguel Ángel Ferreyra y el subjefe, comisario general Nicéforo Guzmán. Ambos tenían serias diferencias con el ministro de Gobierno, Gustavo Martínez Azar, de quien dependía la Policía. El motivo de la controversia fue la destrucción de las celdas para castigo que existían en la vieja cárcel de avenidas Güemes y Virgen del Valle, más conocidas como “los chanchitos”. La medida provocó gran malestar en algunos y satisfacción en otros, pero en la Policía se llegó hasta la amenaza del acuartelamiento. Finalmente no renunció Ferreyra y se mantuvo en el cargo hasta la Intervención Federal. Fue figura central del Caso Morales, pero antes de que se enjuiciara a Guilllermo Luque, resultó sobreseído total y definitivamente por la Justicia catamarqueña.