La Secretaría de Seguridad sigue en el ojo de la tormenta a raiz de graves y preocupantes denuncias que, si son infundadas debieran ser rápida y arteramente desactivadas para disipar las sombras de sospechas. Nos estamos refiriendo a un hecho que viene siendo materia de rumor desde hace algún tiempo y que tiene que ver con la designación del comisario Ramón Javier Valdez en la dirección de Seguridad como asesor, aún cuando el Fiscal de Instrucción de la jurisdicción de Belén le imputó siete hechos delictivos sumamente graves y la investigación reunió los suficientes elementos -a criterio del magistrado- para que el uniformado deba defenderse ante un tribunal.

****
A los ojos de cualquiera, luce como una flagrante contradicción con los lineamientos de las políticas de Derechos Humanos que un policía con semejante acusación sea “premiado” con un cargo dentro de la oficina de Seguridad. Más allá de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, Valdez, lejos de ser nombrado como con un cargo de asesor, debiera ser objeto de un sumario administrativo dentro de la fuerza policial. Resulta también poco alentador que mientras se impulsa una Ley de Seguridad que, entre otras cuestiones, le quitaría a la fuerza la potestad de sumariar y sancionar a quienes se apartan del cumplimiento de las normas para pasarla a personal civil, se designe a un uniformado con tamaña acusación.

****
No se puede soslayar tampoco que hay una evidente mora judicial. Las causas que se le imputan a Valdez datan del año 2002. Es decir que la Justicia tuvo paralizada una investigación durante 11 años para recién elevarla a juicio sobre el filo de la prescripción y la impunidad. El tema tiene muchas aristas y está en el medio de una fuerte disputa interna en las filas policiales que tiene como objetivo debilitar la conducción de Juan Palomeque, sobre quien también pesan acusaciones que no fueron suficientemente aclaradas.