Cada vez que una persona accede a un derecho que se le tenía vedado, sea por la razón que fuere, se derriba una barrera más de la discriminación. La aprobación el pasado miércoles de la Ley de Fertilización Asistida por la Cámara de Diputados de la Nación por una mayoría absoluta, zanjó una situación de desigualdad para todas aquellas personas que estaban imposibilitados de concebir, y no podían acceder a un tratamiento médico por falta de recursos económicos. Es decir que la posibilidad de tener un hijo estaba condicionada por la capacidad de pago.
La nueva normativa, que tuvo un amplio debate que derivó en un proyecto al que se le introdujeron modificaciones, generó un cimbronazo entre los sectores económicos que se verán afectados. Es que las obras sociales pre-pagas, que nacieron abrigadas al calor de las políticas neoliberales que destruyeron el sistema solidario de cobertura médica -ofreciendo sólo mejores servicios de salud a quienes tienen más recursos económicos-, ahora deberán dar cobertura a este tipo de tratamientos. Antes de que el proyecto se convirtiera en ley, ya habían advertido -casi como una amenaza- que deberán incrementar sus tarifas, como consecuencia directa de la obligatoriedad de ampliar la cobertura a estos tratamientos.
También deberá hacerlo el sector público de la salud y las obras sociales sindicales y provinciales, para lo cual deberán adecuar las erogaciones que significará esta nueva obligación. De todas formas, la experiencia en la Provincia de Buenos Aires, donde la ley de fertilización asistida, con algunas diferencias en cuanto a limitaciones, está aprobada desde 2011, no ha generado un descalabro financiero del sistema de salud.
Además del costado económico, también se han planteado cuestiones éticas y religiosas que deben ser tenidas en cuenta. Pero es alentador que el Estado esté presente para que los avances de la ciencia y la tecnología, en cuestiones tan trascendentes como la salud, la vida y la familia no estén limitadas por la ley de la oferta y la demanda.