Mientras las mejores esperanzas están cifradas en una buena performance electoral de Brizuela del Moral en las primarias de agosto, la conformación de las listas provinciales desvela a los caciques radicales. Es que está llegando el momento del sinceramiento, que surgirá con el armado electoral en toda la provincia. La atención mayor, por supuesto, pasa por saber cómo se armarán las grillas de diputados y senadores, rubros en los que los postulantes son mucho más que los cargos, especialmente los expectables. Conocidas figuras de los sectores brizuelistas y castillistas, varias de ellas con numerosos mandatos, pretenden seguir prendidas de las jugosas ubres del Estado. Esta situación podría producir resquebrajamientos y divisiones sectoriales en detrimento de la anhelada unidad. Nombres como el de Marita Colombo, Silvina Tello, Víctor Luna, Ricardo Boggio, Luis Rodríguez, Gustavo Jalile o “Yayo” Agüero, que se mantienen en los cargos principales desde hace 25 años o más, no son bien vistos por quienes apuestan a la renovación. Aunque con menos años en la función pública, tampoco convencen Silvina Acevedo, Olga Santillán, Simón Hernández, Miguel Vázquez Sastre o Rubén Herrera. Si a ello le sumamos pretensiones de quienes arreglaron jugar dentro del oficialismo, como Ernesto Álvarez Morales, o de extrapartidarios como Hugo Melo, se llega a conclusiones peligrosas para el equilibrio que necesita el partido que, en 2011, resignó un poder de 20 años.

******
A propósito de la performance de Brizuela del Moral, debemos repetir que participa de la única alianza -Frente Cívico y Social- donde habrá disputa por la candidatura a diputado nacional. En las otras, por ejemplo, Néstor Tomassi y José Luis Barrionuevo tienen prácticamente asegurado el pase a la final de octubre. Sólo requieren alcanzar el piso del 1,5% del padrón. El exmandatario, en cambio, tiene necesariamente que derrotar al diputado José “Chichí” Sosa en una elección donde pueden votar no solamente los afiliados radicales, sino cualquiera de los electores que están empadronados. La lógica indica que el triunfo debe sonreír a Brizuela, pero Sosa va por la hazaña o algo alternativo: si consigue un buen porcentaje, aun perdiendo, puede posicionarse de manera inmejorable dentro de la UCR. De 5.000 a 10.000 votos propios lo transformarían en referente obligado.

******
Ya en su segundo año de mandato, al intendente andalgalense Alejandro Páez le toca variar buenas y malas. A la gran fortuna de dirigir el departamento que recibe los montos mayores por regalías mineras, se le oponen problemas comunes, como ser la utilización de una cantera para proveer arena y ripio a la empresa -Guido Mogetta- que inició la repavimentación de la ciudad. Es que el lugar elegido, la margen derecha del río Andalgalá a la altura del paraje la “Cañada” (en el acceso a la ciudad), hasta ahora ha promovido más problemas que soluciones. El propietario de un predio aledaño, Carlos Figueroa (representado por la abogada Soledad Rodríguez), hizo saber que el camino de acceso a la cantera es de su propiedad y como no hay permiso para utilizarlo, realizó formalmente una denuncia penal por abuso de autoridad, intromisión en propiedad privada, daños y perjuicios. Paralelamente exige $100.000 para que el mezclado del material bituminoso se realice en su predio o $24.000 por utilizar únicamente el camino. Páez no le dio “bolilla” al asunto, pero las cosas no son gratis. La Policía levantó un acta de clausura por la no presentación del estudio de impacto ambiental y tres concejales (Peña, Ocampo y Álvarez) hicieron un pedido de informe por incumplimiento de la Ordenanza que, concebida para evitar que las crecidas perjudiquen a la producción de Malli, prohíbe la extracción de áridos de la “Cañada”. A esto se sumó otra denuncia, interpuesta por vecinos de la zona, por el derrame de aceite (los ediles sospechan que se lo compró reciclado) del transformador que se instaló para hacer la mezcla. Es decir que no solamente hay problemas para extraer el material, sino para que funcione el transformador, por lo cual la empresa tomaría medidas alternativas para ejecutar la obra de la repavimentación.

******
Hablando de obras. El tendido eléctrico Santa Cruz-Las Antenas, una investigación bien llevada por el diario El Ancasti, ya tiene varias conclusiones. Se hizo sin el necesario estudio de impacto ambiental, se cambió el proyecto inicial y, por ende, obligó al Estado a un mayor desembolso. A partir de allí hay que decir las cosas por su nombre: la concesión de la obra a la desconocida empresa de la arquitecta Correa Peralta, llevada adelante por la dupla Julio Molina (ministro)-Luis Romero (viceministro), representa la raíz del problema porque la contratista no tenía condiciones ni técnicas, ni económicas para llevar adelante el trabajo. ¿Por qué, entonces, los funcionarios nombrados hicieron una contratación directa en forma tan desaprensiva? En más, hay que aceptar que el tendido era muy necesario y, actualmente, es una solución para la zona y para las emisoras de radio y televisión que tienen sus antenas en el cerro Ancasti. Antes, a cada nada, se cortaban las trasmisiones por la falta de energía.

******
El Tribunal de Cuentas confirmó un adelanto exclusivo de El Esquiú.com en cuanto a la dilucidación de la controversia que se planteó por la compra de terrenos, por parte del Estado, para construir viviendas. Ratificó que vale la licitación que se realizara tiempo atrás y que fuera resuelta a favor del conjunto de empresas (Yucuco S.A., de Benjamín Capdevila e hijos; Comercial, Inmobiliaria y Distribuidora El Tala SRL, de los hermanos Javier y Gabriel Jalil; Pablo Acevedo y Antonio Villafáñez) que posee los terrenos en cercanías de lo que se conoce como “La Estancita”, en el suroeste de la ciudad. La adjudicación fue por $19.680.000 y el otro oferente, Gualberto Eduardo Castillo, había planteado objeciones. El Instituto de la Vivienda completó los detalles formales que requería el Tribunal de Cuentas, y explicó cómo se realizarán los accesos a la zona y la preservación de yacimientos arqueológicos que, de acuerdo a lo que se sabe, no serán afectados por los movimientos de tierra que tengan que hacerse. La decisión política del gobierno de prolongar la Capital hacia esa zona no tendrá solamente consecuencias para las 900 unidades habitacionales que se levantarán próximamente, sino que futuros barrios irán poblando un lugar que, como lo dijimos oportunamente, es campo virgen.

******
RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. El final de los “Apuntes”, como siempre, corresponde al repaso de hechos políticos que ocurrieron hace 25 años y pueden relacionarse con el presente.
El 28 de junio de 1988 fue un día agitado en la Legislatura catamarqueña. En horas del mediodía, en lo que fue el inicio de un escándalo político de consecuencias imprevisibles, se aprobó el proyecto que declaraba la necesidad de la reforma constitucional. El bloque peronista, con el apoyo de seis radicales (Gabino Herrera, Juan Carlos Barros, Julio Espeche, Pedro Elías Murad, Miguel Antonio Curi y Carlos Colla), puso en marcha su idea de cambiar la carta magna provincial e incluir en ella la reelección indefinida. Hasta entonces, Catamarca no permitía ni siquiera una reelección, como sí lo hacían muchas provincias argentinas. Fue el motivo por el cual Ramón Saadi, que había gobernador durante el período 1983-1987, no pudo ser candidato en 1987 y lo reemplazó su padre, Vicente Saadi. Los radicales que votaron en contra de la reforma fueron Pedro Guillermo Villarruel, Oscar Castillo, Julio Rueda, Ricardo Boggio, Pablo Doro, Moisés Seleme, Raúl de Marcos y Guillermo Brunello. Las voces del debate estuvieron a cargo de los radicales Villarruel, Castillo y Rueda, en tanto los alegatos peronistas los expusieron David de la Barrera y Jorge Díaz Martínez. El trámite express de la reforma siguió el día 29 de junio en la Cámara de Senadores, donde a instancias del senador Názar Hipólito Fadel, se trató sobre tablas el proyecto, finalmente aprobado por 12 votos contra 4. La promulgación se produjo el día 30 de junio de aquel año ‘88.

******
Aquella reforma constitucional generó una profunda crisis en el radicalismo. Las huestes castillistas, encabezadas por el actual senador Oscar Castillo, promovieron con éxito la expulsión de los seis legisladores que votaron con el peronismo y, a su vez, el propio Castillo quedó al borde de la expulsión de la Cámara. Sin embargo, consiguió el objetivo de apoderarse del partido, al que no ha abandonado hasta nuestros días. También se aseguró el pase al Congreso Nacional al ser nominado candidato para las elecciones de 1989. El peronismo, por su lado, festejó la reforma, pero iba a terminar pagando por ello, con el paso de los años, un precio demasiado caro.