Hace exactamente un año, esta editorial planteaba la necesidad de que todos los organismos de control estatales se abocaran a lograr que las empresas de servicio de telefonía celular cumplan con los estándares de calidad mínimos que deben ofrecer a sus clientes. Por esos días, la Fiscalía de Estado de la provincia había realizado una denuncia ante los organismos de defensa al consumidor como una forma de hacer notar la presencia estatal en un reclamo por los derechos de los habitantes que es masivo.
Los avances tecnológicos junto con la creciente y punzante publicidad hacen que constantemente haya una curva ascendente de la cantidad de personas que tienen un teléfono celular en su poder y otros artefactos que utilizan la misma tecnología para comunicarse, como por ejemplo tablets, o módems de internet móvil. Niños que apenas pueden leer dominan con total naturalidad los aparatos más sofisticados.
Esta invasión no viene de la mano de la infraestructura suficiente para que las comunicaciones se puedan llevar a cabo sin las constantes interrupciones por caídas de sistema, por ausencia de cobertura en sectores poblados y otras falencias del servicio que presentan, sin discriminación, las tres principales operadoras de telefonía celular.
Meses atrás se anunció que los clientes dejarían de ser “cautivos” de las compañías y que podían mudarse de empresa conservando su número. La medida, si bien positiva, no tuvo un gran impacto y sólo un ínfimo porcentaje se pasó de empresa. También se había anunciado una restricción para continuar incrementando la cantidad de líneas en la calle sin que antes se elevara la calidad del servicio.
Cualquier cliente de telefonía celular sabe que las medidas no tuvieron el efecto deseado a la hora de evaluar la calidad del servicio que se ha vuelto cada vez más imprescindible.