Desde el lejano 1988, cuando unilateralmente se reformó la Constitución, la paz social y, específicamente, la armonía social, no existen en Catamarca. Que los bandos en pugna la proclamen como bandera política es mentira grande. Los hechos concretos, que son los que valen, demuestran lo contrario.
La génesis del enfrentamiento, aunque duela decirlo, hay que buscarla en añejas rivalidades que, más que metodologías o ideologías distintas, tienen que ver con ancestrales distancias entre clases sociales. Muchos de los actores de la política actual, inclusive, las ignoran.
En 1983, cuando ganó el peronismo y el saadismo se hizo dueño de la escena provincial, se reanudó la sórdida disputa. La flamante administración, que sucedía a la que, acompañada de los apellidos más distinguidos de la sociedad catamarqueña, había ejercido Arnoldo Castillo en tiempos de facto, se preocupó especialmente de humillar a la oligarquía derrotada en las urnas.
Tras la euforia que significó recuperar la democracia para todos los argentinos, siguieron años de forzada convivencia. Subterráneamente permanecían los resentimientos, muchos de los cuales, de diversas formas, eran acicateados desde las alturas del poder. Solamente faltaba algún chispazo violento para desatar el holocausto fecundo de las pasiones.
Y esto sucedió cuando “la negrada”, calificativo predilecto que los radicales utilizaban para señalar a los peronistas en la década del 80, quiso ponerse por encima de la Carta Magna. No fue una chispa. Fue un bombazo que, hasta nuestros días, explica conductas de antagonismo incomprensibles.
Aquella reforma, que se hizo para habilitar la reelección de gobernador y vice, la impulsó el peronismo, que terminó definiendo en soledad lo que, sin dudas, debió ser consensuado. La UCR tuvo que soportar una crisis profunda y, en un hecho insólito, se abstuvo de participar de la elección de convencionales constituyentes. Varios de sus miembros, finalmente expulsados, conformaron la lista única con el PJ, pero orgánicamente el Partido quedó afuera.
Como lo dijimos al principio, fue el punto de partida para que la disputa de clases, que ya existía, se disparara hacia odios incontrolables. Pruebas al canto: desde entonces jamás hubo en Catamarca una reunión entre gobierno y oposición. Han pasado nada menos que 25 años y la diáspora permanece inalterable.

Democracia de facto
Después de la muerte de María Soledad, el radicalismo emparentado con el proceso militar, acompañó y alentó sin disimulos la intervención federal de 1991. Es más. Gracias a ella, prendida de los goznes de un féretro, pudo treparse al gobierno. Para evitar cualquier disquisición política, simplemente hay que decir que el Arnoldo Castillo que entregó el poder el 10 de diciembre de 1983, lo recuperó exactamente 8 años después. Ya nadie se acordaba, ni quería acordarse, de que había sido un colaborador de la Junta Militar y de Videla, al que supo recibir con fastos como huésped de honor en Catamarca.
Rara venganza la del tiempo. La UCR, que había sido humillada en 1988 por la reforma unilateral de la Constitución, se iba aprovechar de ella: utilizó en tres oportunidades (dos veces Brizuela del Moral y una Arnoldo Castillo) aquella reforma para habilitar la reelección que el saadismo había urdido para beneficio propio. Pero eso fue lo menos dañino. Con la proclama de una falsa paz social, dividió a la sociedad, hizo lo que quiso, encarceló opositores, conformó una justicia adicta, sobornó cuando hubo que sobornar, demonizó dirigentes, despojó de bancas al peronismo, manejó a su gusto los procesos electorales y, lo repetimos, ni siquiera de lástima recibió formalmente al peronismo, al que Castillo padre bautizó como “la perrada”.
La democracia de facto duró 20 años.

Un regreso diferente
El triunfo del Frente para la Victoria, vertebrado por el peronismo, hizo pensar en 2011 que la venganza cambiaba de roles. Eran los radicales lo que podían sufrir los efectos de la insania política.
Afortunadamente, aunque fuera por corto tiempo, la gobernadora electa propuso una convivencia entre todos los catamarqueños, vinieren de donde vinieren. Lo expuso en su discurso inaugural y lo plasmó en los hechos, convocando a dirigentes de varios partidos políticos y manteniendo a funcionarios que habían trabajado en la administración anterior.
Lucía, hay que decirlo, se llevó un gran chasco. Desde el peronismo le reclamaron “cobrar las deudas de los 20 años al enemigo” y, desde el radicalismo, beneficiario directo de la postura de entendimiento, le hicieron la vida imposible con un Senado hostil y una Justicia indolente.
Comprendemos, pero no justificamos, la postura del peronismo. En ninguna sociedad, a lo largo de los tiempos, funcionó a favor de la vida y la convivencia el “ojo por ojo” y “el diente por diente”
En cuanto a la posición radical, que evidentemente representa a las familias patricias de nuestro medio, no comprendemos que siga “embarrando la cancha” de la misma forma que lo hacía cuando ejercía el gobierno, y a diferencia del peronismo actual, tenía de su lado a la Justicia, a la Legislatura, a los organismos de control, al ENRE, a la universidad, a la administración pública, a las instituciones intermedias, etc.
Cuando los correligionarios se sorprenden por afirmaciones como la precedente, simplemente hay que recordar que el radicalismo le negó el acuerdo de ley al primer Fiscal de Estado que propuso la gobernadora, no le aprobó las leyes de seguridad y educación, no quiso apoyar la reforma impositiva y, en tiempo de descuento, permitió aprobar el presupuesto 2013. Todo eso sin contar que la transición de nueve meses que medió entre la derrota electoral y la entrega del poder fue un aquelarre orientado a sembrar de escollos el camino que debía transitar el gobierno electo.
Ahora, increíblemente, surgieron las impugnaciones a la convocatoria electoral del 27 de octubre que firmó esta semana la gobernadora.

La gran contradicción
Hacia finales de 2012, cuando existían dudas si la elección provincial se hacía en marzo o en octubre, el presidente de la UCR, enfáticamente y con tono de suficiencia, afirmó que su partido estaba dispuesto para “cuándo fuera y cómo fuera”.
Amado David “Coco” Quintar -de él hablamos- se cansó de repetir estas expresiones en los meses siguientes, inclusive antes de la última Convención del 17 del corriente, cuando señaló que no iba a haber problemas para nominar a sus candidatos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, volvió a emerger la chicana sin razón. El apoderado Víctor Quinteros y el “apoderado en las sombras”, Horacio Pernasetti, contradiciendo al presidente del Comité Provincial, salieron a objetar y llevaron a la justicia planteos referidos al cierre de listas y al voto joven.
Sobre la primera, insisten que debe hacerse el 27 de septiembre en lugar del 11, como ha dispuesto el consenso entre el juez provincial y la justicia federal. ¿Vale cacarear por 16 días cuando todos los partidos y alianzas tienen el mismo plazo? ¿Dónde quedan las palabras de Quintar (es el presidente, no el cadete de la UCR) al decir que estaban listos para dar la batalla cuando se la propusieran?
Pero si la objeción a los plazos es “piedra en el camino”, ni que hablar del voto de los jóvenes de 16 a 18 años, donde la UCR, por su empecinamiento, hasta puede tener costo político.
Como todos saben, la participación de los jóvenes fue dispuesta por ley de Congreso Nacional hace largo tiempo. De esta manera, se confeccionaron los padrones y todos ellos, en forma optativa, pudieron votar en las recientes primarias (PASO) del 11 de agosto.
La adhesión a la ley nacional debía refrendarse en la provincia por ley. Como ocurrió con otras iniciativas, con esta que podía favorecerla, la UCR resolvió “oponerse por la oposición misma”. Con el ridículo e inviable argumento de realizar las PASO provinciales (sin tener en cuenta que hace 26 años no tiene interna propia para cargos electivos) presentó otro proyecto, firmado por el senador Luna, que se superponía con el del Frente para la Victoria. El resultado fue que no hubo habilitación radical para que voten los jóvenes de 16 años y, de esa manera, se llegó a la fecha límite de la convocatoria a elecciones, la que lógicamente se realizó en base a las leyes electorales nacionales (padrón, cierre de listas, plazos, etc.) que, en flagrante contradicción, ahora los apoderados fustigan.
La controversia del voto joven, que en no menos de seis oportunidades fue adelantada por nuestra columna “Apuntes del Secretario” como algo orientado a crear la mayor confusión posible, no es casualidad. Es algo que tiene que ver con el pasado, del que surgen aquellos odios ancestrales que condenan al atraso de Catamarca.
La conducta de los radicales no es buena para la provincia… como no lo fue en 1988 reformar la Constitución sin consenso. ¿Cuándo será la hora de la reflexión y la autocrítica?