Una denuncia penal presentada por las autoridades de la distribuidora estatal de energía, EC SAPEM, contra el exgobernador Brizuela del Moral y autoridades del Grupo Taselli, entre otros, sacó a la luz la falta de pago de aportes previsionales de la ex EDECAT a la AFIP por un monto superior a los 10 millones de pesos. Según la información del organismo federal, el incumplimiento inició en 2003 y se extendió inclusive durante el periodo en el que la empresa estuvo intervenida por el Estado, es decir, promediando la segunda administración de Brizuela. Ante el riesgo que implicaba para las jubilaciones de los empleados, el actual gobierno decidió hacerse cargo de la deuda, mientras dirime la cuestión de fondo en sede judicial.

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Si algo le faltaba a la polémica gestión de los Taselli en la firma era un cargo por “evasión fiscal”. Es que desde que se hicieron cargo del servicio eléctrico provincial, luego de que el exgobernador Arnoldo Castillo decidiera la privatización de la vieja DECA, se sucedió una serie de hechos escandalosos, entre ellos denuncias por sobrefacturación, un supuesto fraude con los medidores de energía, falta de elementos de seguridad para los trabajadores y liquidación de activos que habían tomado décadas consolidar. Todo esto se hizo sin mayor preocupación de las autoridades de entonces, que hicieron la vista gorda a una práctica empresaria indisociable de la manera de hacer negocios en los ‘90.

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Otra característica de la era privada del servicio eléctrico -que también alcanzó al de agua potable y cloacas- fue la desinversión en el sistema que lo dejó prácticamente al borde del colapso. Por eso es que los usuarios debieron padecer una prestación pésima, con baja tensión y cortes en forma permanente. Esa pesada herencia es la que se está tratando de revertir merced a distintos trabajos que se encararon por la Ley de Emergencia, y cuyos resultados ya se pueden comprobar.