El proyecto de ley que promueve la creación en el ámbito provincial de juzgados, fiscalías, unidades judiciales que atiendan específicamente los casos de violencia familiar y de género, que comenzó a debatirse el pasado viernes en la Cámara de Diputados de la Provincia, es una muestra clara de una preocupante realidad sobre la que la ausencia de los poderes del Estado ha profundizado la vulnerabilidad de mujeres y niños que son víctimas silenciosas de aberrantes ilícitos.
Si bien los distintos tipos de hechos de violencia que se producen en el ámbito familiar son, lógicamente, hechos que están previstos en el Código Penal, son muchos los factores que conspiran para que el Poder Judicial no pueda llegar a actuar sobre ellos. Algunos tienen que ver con una condición de la sociedad que por acción u omisión apaña, encubre, protege y es cómplice de hechos de violencia. La senda para revertir esto es larga y pedregosa, ya que tiene que ver con la evolución como sociedad.
Pero hay otra realidad aún más cruel: la desidia y el desinterés de quienes deben responder. Se cuentan de a cientos los expedientes que se apolillan en la Justicia sobre denuncias de todo tenor que no tienen el más mínimo trámite. Cientos de denuncias detrás de las cuáles hay cientos de historias de dolor, de temor, de indefensión y desesperanza ante la indiferencia.
Este año, en Catamarca se produjo uno de los crímenes más estremecedores, como lo fue el de María Rita Valdez, cuyo cuerpo sin vida apareció seccionado en el dique El Jumeal. El único imputado es la persona que ella misma había denunciado en innumerables oportunidades por amenazas y otros hechos de violencia que jamás tuvieron la más mínima respuesta.
Abogamos por la aprobación de una legislación enriquecida en el debate, para que la creación de este nuevo fuero judicial especializado pueda dar una respuesta ante los cientos de casos que son materia pendiente.